Comunicado de la Presidencia de la CEV ante la convocatoria a las elecciones presidenciales adelantadas

ANTE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES PRESIDENCIALES ADELANTADAS.

1.- Ante la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente -ANC-, y su "imposición" al Consejo Nacional Electoral -CNE- de realizar elecciones presidenciales adelantadas para el primer cuatrimestre del año 2018, en comunión con nuestros hermanos Obispos de Venezuela, llamamos a la comunidad nacional a reflexionar serena y seriamente sobre lo que ello significa.

2.- En primer lugar, ratificamos lo dicho en la Exhortación Pastoral "Dios consolará a su Pueblo", del pasado 12 de enero 2018: "La Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva Constitución pretende erigirse en un supra poder con funciones ejecutivas y judiciales" (n.4). Demostración de esto es el mandato dado al CNE por parte de la ANC para que convoque elecciones presidenciales adelantadas, contraviniendo el marco legal vigente.

3.-En segundo lugar, estamos ante un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la ANC. Tenemos una Constitución Nacional y unas leyes que estipulan claramente el procedimiento de las elecciones. Sencillamente, se desconocen y omiten estas disposiciones, para legislar según los intereses propios del poder.

“De la Desesperanza Aprendida a la Resiliencia Social” por @Daniel_Merchan

Por Daniel Merchan, 27/01/2018

La desesperanza aprendida o indefensión aprendida, es un concepto que acuñó hace varios años el psicólogo Martin Seligman para definir el estado en que las personas se sienten absolutamente indefensas y experimentan una especie de pasividad completa o renuncia total a la posibilidad que las cosas salgan bien, generando una especie de predisposición en el pensamiento frente a la adversidad, producto de una acumulación de traumas y frustraciones que terminan por condicionar al ser humano a la creencia que cualquier esfuerzo por superar esa situación de infortunio sería realmente inútil, lo cual sorprendentemente inhabilita incluso a sociedades enteras que aunque teniendo las herramientas para lograr un cambio en su desdicha quedan paralizadas en la resignación ciudadana incapaces de valorar sus fortalezas frente al reto que tienen por delante.

Básicamente Seligman en un experimento esclarecedor, sometió a 2 perros a pequeñas descargas eléctricas simultáneamente, con la posibilidad de accionar una palanca para detener tal efecto, lo cual después de un breve lapso de tiempo uno de los perros hacía, deteniendo de inmediato el castigo corporal para ambos, mientras el otro permanecía quieto y frágil sin poder hacer nada, luego hizo lo mismo con el otro canino quien determinó una conclusión contundente, pues ya se había acostumbrado a recibir la electricidad  y considerándose impotente de cambiar su realidad ya era incapaz de darse cuenta de su posibilidad de control, por lo que no hacia el menor movimiento para aliviar su malestar, su desesperanza aprendida era irreversible.

Llegó a San Agustín la Escuela de Formación Electoral para Ciudadanos, @CaracasPlural

30/01/2017 Prensa Caracas Ciudad Plural

En tertulia realizada en la quinta Nirvana de San Agustín la ONG Caracas Ciudad Plural inició en el municipio Libertador el programa de formación electoral para Ciudadanos donde un destacado panel debatió con vecinos acerca de la importancia en el aprendizaje que deben tener los testigos de mesa de cara a cualquier proceso de elecciones. La organización tiene planificado efectuar otros conversatorios en distintas parroquias de Caracas.

El evento contó con las ponencias de la abogada y especialista en procesos electorales UCV Carmen González, Nancy Hernández de Martín, exfuncionaria con más de 20 años de experiencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE), Gorka Carnevallí coordinador del área electoral de Caracas Ciudad Plural y Manfredo González, director general de dicha organización y concejal suplente del municipio Sucre.

Los ponentes destacaron entre otros temas una descripción detallada de los procesos electorales en Venezuela, con sus virtudes y defectos, recalcando como punto fundamental el secreto del voto y la necesidad en la formación del testigo electoral como punta de lanza en la protección de la voluntad popular.

Conversatorio con @josetorohardy, "Salvese quien pueda: Petróleo, Petro e Hiperinflación", invitan @ForoHatillano y @CaracasPlural, jueves #01Feb 6:00 pm #ElHatillo

Alianza Ciudadana promoverá la participación y la organización social en el país, @CreemosAlianzaC

Por Carlos Crespo, 29/01/2018

La organización busca contribuir a la formación de los ciudadanos, articular distintas asociaciones de la sociedad civil y cambiar el “discurso de la desmovilización y la desesperanza”.

Caracas. Luego de un año de activismo y de hacer trabajos de capacitación dirigidos a la sociedad civil la organización Alianza Ciudadana tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el que informó su intención de ofrecer tallares para los ciudadanos, así como contribuir a la organización social en las comunidades. “El objetivo es apuntar a la concientización y la formación. Hacer que la gente sea consciente de su propio poder”, indicó el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB), Benigno Alarcón, organización que está promoviendo el activismo ciudadano.

La asociación ya ha hecho diversas actividades en los estados Bolívar, Táchira, Lara y Aragua. Indicaron que la idea es escoger a un “equipo promotor” en las principales ciudades del país que se encarguen de diseñar una estrategia de articulación social y capacite a los ciudadanos sobre como motivar la movilización social. “Es necesario cambiar la narrativa de la desmovilización, el discurso de la desesperanza, sincronizar las acciones, tener una mayor organización para lograr mejores resultados”.

Proyecto: Recuperemos una Ambulancia de Salud Baruta para los baruteños, @Unidos_Baruta

Nuestro Municipio Baruta se ha venido deteriorando en los últimos años por la falta de recursos para poder mantener la infraestructura de servicios municipales, entendemos que dentro de un proceso de hiperinflación será muy cuesta arriba que la Alcaldía pueda solucionar los problemas que sufrimos los baruteños todos los días.

La vialidad, las plazas y parques públicos, los servicios de aseo urbano, salud, educación y la seguridad están en franco deterioro a pesar de los esfuerzos que realizan nuestras autoridades municipales, simplemente NO es posible atender  todas las necesidades de los vecinos.

Ante este panorama los vecinos debemos reaccionar, es necesario emprender campañas de ayudas y recuperación de algunos servicios que son de vital importancia para todos, en particular nos referiremos al caso del servicio de ambulancias de Salud Baruta.

La @FEspacioAbierto y @Radio_Comunidad invitan al Foro: “Hambre, Desnutrición y Salud”, sábado #03F, Hotel Prsident, #Caracas 10:00 am

Líderes sociales impulsan creación de programa de formación electoral para ciudadanos, @CaracasPlural

28 de enero de 2018

Como una respuesta a la grave crisis de credibilidad que vive el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en general todos los procesos de elecciones en Venezuela los cuales se encuentran sumergidos bajo un manto de desequilibrio la ONG Caracas Ciudad Plural decidió iniciar un programa denominado Escuela de Formación Política y Ciudadana con el objetivo de concientizar al venezolano sobre sus deberes y derechos en cuanto al sufragio y el adiestramiento que deben tener los testigos y miembros de mesa.

Gorka Carnevalli, coordinador del área electoral de Caracas Ciudad Plural, explicó que en los últimos años a bajado la calidad en la formación de los testigos de mesa, siendo una de las principales razones el éxodo de personas al exterior y la partidización del CNE como poder que debería ser claramente independiente. “Por esa razón desde nuestra organización decidimos iniciar el programa de formación electoral para los ciudadanos fundamentándonos en cuatro pilares, el primero es que los venezolanos conozcan la historia de los procesos electorales en el país”, dijo.

Padre Ugalde: Lo peor que se puede hacer es perpetuar seis años más “el infierno que estamos viviendo”, por @Emicatcat ‏

Emily De Nóbrega 26 de enero de 2018

@Emicatcat ‏

El teólogo e historiador jesuita venezolano, Luis Ugalde, cuestionó este viernes la decisión del Gobierno de Nicolás Maduro de adelantar para antes de abril de este año las elecciones presidenciales, advirtiendo que no es posible “seguir en el mismo infierno”, por lo que hizo un llamado a la población a no abstenerse de votar.

“Creo interpretar a la inmensa mayoría de los venezolanos, al decir que el peor servicio que se le puede hacer a Venezuela es perpetuar seis años más el infierno que estamos viviendo” , destacó Ugalde durante una entrevista en el programa radial La fuerza es la unión.

Resaltó durante la transmisión que los venezolanos no deben aceptar mecanismos de chantaje de cara a los comicios presidenciales. “No hay que aceptar las elecciones dictatoriales con coacciones, chantajes, cajas clap, etc”.

Serenidad y Firmeza ante las nuevas maniobras electorales del régimen, @frentedecode

1) Este sábado 27 y domingo 28 de enero validarán los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, en los puntos fijados por el CNE (buscar datos en www.unidadvenezuela.org).

PJ había retirado su solicitud para apoyar la validación de la MUD, pero hoy decidió validar ante la maniobra de ayer del TSJ.

Exhortamos a los ciudadanos demócratas a apoyar con su firma y/o asistencia logística la validación de AD o PJ.

2) La oficina judicial del régimen ordenó al CNE anular la inscripción de la MUD como partido, alegando que las firmas de adhesión a éste implicarían doble militancia de quienes habían apoyado en marzo pasado a otros partidos.
El argumento del TSJ es absurdo, porque el propio reglamento de validaciones establece que al firmar por un partido automáticamente se anula cualquier adhesión anterior, por lo cual no es posible la doble militancia. Por otro lado, la sentencia cercena el derecho de participación política a los ciudadanos que no habiendo firmado antes por ninguna tarjeta quisieran hacerlo ahora por la MUD.

Ni respeto a la vida, ni respeto a la muerte, @marinojgonzalez

Por Marino J. González, 27/01/2018

No hay ninguna duda de que en Venezuela el respeto a la vida ha desaparecido como práctica de las responsabilidades del gobierno. Para empezar, el hecho de que la mayoría de los venezolanos no cuente con los recursos para comprar los alimentos del día, lo cual trae como consecuencia los riesgos de muerte y desnutrición, especialmente para aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad, ya deja bastante claro que la preservación de la vida no es la guía de la acción pública. A ello debe agregarse que también la mayoría de la población no tiene acceso a los medicamentos para afecciones de todo tipo, y que por la falta de ellos muchas personas están en peligro real de morir. El grado de desprotección ante la violencia, que ha condicionado que la gran mayoría de la población se sienta con temor incluso en su propia vivienda, ha llegado hasta el punto de que el país es considerado en este momento el más peligroso en el mundo. Ya todo eso bastaría para tener la máxima preocupación.

A todo lo anterior hay que agregar el clima de zozobra que ha experimentado el país ante los sucesos ocurridos en El Junquito la semana pasada. Especial mención deben recibir dos hechos absolutamente sorprendentes que requieren ser aclarados en las investigaciones por venir. En primer lugar, el lamentable resultado en vidas humanas cuando aparentemente había disposición de entregarse ante las autoridades. Y en segundo lugar, las acciones de los organismos oficiales para disponer de los cuerpos de los fallecidos sin tomar en consideración la voluntad de sus familias. Estas acciones, por parte de los organismos responsables, indican que no existió mayor miramiento por los sentimientos y decisiones de los familiares.

Invita @CaracasPlural: Responsabilidad del Ciudadano en los Procesos Electorales, martes #30E, #Caracas #Libertador 4:00 pm

Marcadores, para un nuevo año (2), @Ismael_Perez

Por Ismael Pérez Vigil, 19/01/2018

Inicié la semana pasada una “conversación” con los temas políticos, económicos y sociales de 2018, relevantes desde el año anterior y señalé en primer lugar el rescate de la democracia y la vía electoral como forma de lograrlo.

Sin duda esa es la preocupación de un gran sector de la oposición democrática; pero no cabe duda que para la gran mayoría del país, para más del 75% de los venezolanos, sean de oposición o no, la sobrevivencia, lasatisfacción de las necesidades básicas −alimentos y medicinas− es la prioridad. A eso se unen otras prioridades −salud, seguridad personal y social, un empleo digno, el costo del transporte y de la vida en general− que se constituyen en la verdadera agenda para la gran mayoría de la población, la materia pendiente, urgente, impostergable.

Minas ratifica su apoyo a la candidatura de Lorenzo Mendoza, @MINAS_vzla

El movimiento asegura que no hay tiempo para realizar elecciones primarias, por lo que debe haber un consenso para apoyar al presidente de Empresas Polar, a pesar de que no ha manifestado su interés por ocupar el cargo de la presidencia de Venezuela

 
Por EL NACIONAL WEB

El Movimiento Nacional de Alianzas Sociales (Minas) manifestó su apoyo a la candidatura del empresario Lorenzo Mendoza en las próximas elecciones presidenciales que tienen previsto celebrarse antes del 30 de abril de este año.

Aseguraron que el llamado a las presidenciales es inconstitucional, por lo que exigen que se llame a elecciones en los tiempos establecidos. Sin embargo, indicaron que su principal interés es buscar la unidad de la oposición, que, a su juicio, está representada por Mendoza, a pesar de que él no ha manifestado sus aspiraciones a la presidencia.

Wilfredo Villegas, coordinador nacional del Minas, aseguró que no hay tiempo para realizar elecciones primarias, por lo que debe prevalecer un consenso en torno al presidente de Empresas Polar.

Además, hicieron un llamado a la militancia de los partidos políticos para que designen a un candidato único para las elecciones.

Vecinos auditarán a los alcaldes electos para verificar que los recursos se usen correctamente

Voceros de los cinco municipios de la Gran Caracas evaluaron los resultados de las recientes elecciones, dijeron que van a ser el ojo avizor y que velarán porque se gaste el dinero en obras públicas, como mejorar la vialidad y recoger la basura.

Caracas. Un grupo de habitantes del Área Metropolitana de Caracas, agrupados en la organización no gubernamental Caracas Ciudad Plural, anunció que realizarán auditorias ciudadanas permanentes a las gestiones de los recién electos alcaldes, para cerciorarse de que los recursos sean destinados correctamente.

Enrique Sierra, vocero de Unidos Por Baruta, informó que en los próximos días sostendrán una reunión de acercamiento con el nuevo alcalde Darwin González, con el objetivo de poder realizar una gestión de cogobierno donde la sociedad civil organizada, el sector empresarial y las autoridades municipales trabajen en equipo.

“La administración con escasez será la tarea principal de González al frente de la Alcaldía, es decir, lo poquito que tenemos hay que ver la forma de repartirlo equitativamente para atender los problemas más graves que sufre el municipio”, acotó.

Entretanto, Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, municipio Libertador, explicó que en la elección municipal los centros de votación en Libertador estuvieron desolados ya que el ciudadano perdió la confianza en el voto como herramienta de cambio democrático. “Las enormes colas desde la madrugada eran para comprar pan regulado, el dolor y la rabia se podía observar en los rostros de los caraqueños. Muchos incluso votaron obligados por la necesidad de validar el carnet de la Patria para así no se excluidos del Clap o recibir los prometidos 500.000 bolívares”.

Rojas reveló que no sienten muchas esperanzas con la nueva alcaldesa Erika Farías, pues su futura labor se advierte como la continuación de una política que ya ha demostrado ser un fracaso, así lo demuestran las “pésimas gestiones de Freddy Bernal y Jorge Rodríguez al frente de la capital del país”.

El primer regalo de Farías a los caraqueños ha sido el incentivar las invasiones en La Candelaria y en todo el norte de Caracas, tenemos una ciudad sumergida en el caos con una millonaria corrupción donde los poderosos se llevan todo el dinero mientras el pueblo muere de hambre. Nuestro deber seguirá siendo denunciar y hacer una contraloría exhaustiva de los recursos recibidos por la Alcaldía de Libertador”, dijo.

Por su parte, Manfredo González, coordinador general de Caracas Ciudad Plural y miembro de Comunidades Ciudadanas de Sucre, señaló que en este municipio la constante fue una alta abstención, que fue superior incluso al 70 % en los sectores urbanizados, donde predominaba el desánimo y la decepción evidenciado en la falta de miembros de mesa e incluso los testigos, sin importar el partido.

 "Los sucrenses no esperamos nada nuevo de José Vicente Rangel Ávalos, ya fue alcalde por ocho años teniendo como saldo una gestión mediocre. La tarea que tenemos los vecinos hoy es hacer una exhaustiva contraloría social y meternos de lleno para lograr las respuestas que esperan las comunidades del municipio”.

El también concejal suplente de Sucre resaltó que los vecinos estarán ojo avizor exigiendo resultados al nuevo alcalde, ya que no hay excusas por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para no garantizarles calidad de vida a los habitantes de Sucre.

“Ahorita lo tienen todo, usted, Rangel Ávalos, quería ser alcalde, pues ahora embraguétese y cúmplale al pueblo. Este igualmente es un mensaje al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, el cual se cansó de ofrecer cosas a los ciudadanos pero ya tiene dos meses en el cargo y la gestión deja mucho que desear”, aseguró.

Gorka Carnevali, vocero del Foro Hatillano, destacó las innumerables irregularidades ocurridas durante el proceso electoral municipal, que pasan desde los puntos rojos, el uso del carnet de la Patria y hasta el impedir que los centros de votación cerraran a las 6:00 p. m. “Incluso en centro rurales estuvieron abiertos hasta casi las 8:00 p. m., pero gracias a la presión vecinal se lograron cerrar, y el resultado a pesar de la abstención y división de la oposición fue claro y no hubo riesgo de que el municipio cayera en manos del PSUV”.

Concluyó haciendo un llamado a Elías Sayegh, expresando que los vecinos esperan un alcalde que gobierne con seriedad y amplitud, no desean tener un líder nacional sino una persona que se avoque a trabajar por lo local. “Queremos que nuestro burgomaestre camine por las calles del pueblo, se tome una chicha o un café cerca de la Plaza Bolívar. Teniendo como prioridades urgentes atender el tema de la fuerte inseguridad, el desmalezamiento de las principales vías y un plan agresivo de bacheo”, indicó.

El Metro de Caracas: Un infierno debajo de la ciudad

La falta de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de transporte es la principal causa de fallas y retrasos, explicó la organización Familia Metro. Además, cuando colapsa el servicio subterráneo también lo hace el superficial debido a la cantidad de vehículos paralizados por la falta de repuestos, publica El Nacional

Por ABEL LÓPEZ | @ZAKONT

A las 4:00 pm el calor era insoportable en el andén de la Línea 3 del Metro de Caracas, en Plaza Venezuela. La hediondez era peor. Las personas transpiraban de vuelta a sus casas y el olor se alternaba con el tufo de la orina que ascendía de los rieles, mezclado con un hedor a animal muerto. Más de un usuario se tapaba las narices mientras la multitud aumentaba.

Tras más de 20 minutos de espera ningún tren llegó al andén para descongestionarlo. Más y más personas se acumulaban en la estación hasta ocupar las escaleras de acceso a la Línea 3. Algo iba mal, pese a que los operadores no lo anunciaran. Muchas personas comenzaban a desalojar en busca de aire limpio. Salir se hacía cuesta arriba, pues las escaleras estaban abarrotadas y las eléctricas no funcionaban; al igual que el aire acondicionado. En el ascenso hasta la superficie los usuarios se rozaban entre si y se les pegaba el sudor de los demás. El bululú aumentaba cada vez más.

Personas de la tercera edad, madres con sus niños cargados y ciudadanos con muletas eran los más afectados. El sudor en gotas se les marcaba en la frente. Los rostros hablaban sin palabras, expresaban desesperación e incertidumbre.

El Metro de Caracas subió el infierno a la tierra a los ciudadanos que utilizan la Línea 3, una vez más. No hubo comunicado oficial. Un operador, que no quiso ser identificado, recomendaba a los usuarios salir en busca de otras opciones para trasladarse: la falla en el servicio se iba a prolongar.

Sin alternativas

En la superficie la esperanza de los caraqueños eran las camionetas, pero estas pasaban cargadas hasta más no poder y no se detenían en Plaza Venezuela; o lo hacían y el conflicto por abordar las unidades iniciaba. Miles de personas que residen al sur de la capital; y en ciudades como Charallave o Cúa, en Miranda, se quedaron varadas.

La mayoría de las unidades que pasaban pertenecían a la línea de El Cementerio, que muchos intentaban abordar para llegar al menos hasta Los Símbolos. Hacia zonas como El Valle y Coche no pasó ninguna desde Plaza Venezuela. Los taxistas pedían 60.000 bolívares la carrera mínima, inasequibles para los ciudadanos en vista de la crisis económica y la escasez de efectivo. Además, se negaban a hacer “carreritas” más allá del paseo Los Ilustres por miedo a ser víctimas del hampa.

Hugo Ocando, representante del gremio de conductores, advirtió que la situación del transporte en la Gran Caracas sigue en deterioro, alegó que de 15.000 unidades registradas más de 11.000 están paralizadas. Además, va en aumento el número de vehículos por reparar, pero los conductores no consiguen los repuestos. Los ciudadanos padecen diariamente esta situación, exacerbada durante apagones o fallas en el Metro.

Desidia subterránea

En los últimos años los retrasos se volvieron comunes debido a la falta de mantenimiento preventivo, correctivo e importantes reparaciones en los trenes. A comienzos de 2018 solo había 31 trenes disponibles, de los cuales 26 prestaban servicio comercial: cuando en horas de mayor afluencia de usuarios debería haber 38 trenes, solo circulan 29, informó Alberto Vivas, vicepresidente de la organización Familia Metro.

Con 38 o 39 trenes en el Metro, el tiempo de arribo a cada estación entre un tren y otro sería de 90 segundos; sin embargo, con 29 trenes el tiempo de espera se alarga hasta los 6 y 8 minutos, destacó Vivas en una entrevista para El Nacional Web.

El vicepresidente de Familia Metro desmintió la hipótesis de saboteo al sistema por parte de los operadores del Metro. Aunque existe inconformidad por los sueldos y las condiciones laborales, “no hace falta protesta de trabajadores con ‘operación morrocoy’ porque la compañía propicia directa o indirectamente los retrasos con la falta de mantenimiento”.

Las instalaciones sufren la misma desidia.

En diciembre de 2017 solo 91% de las escaleras mecánicas estaba operativa, en la mayoría de las estaciones solo una prestaba servicio. Además, en Chacaíto, Capitolio y Petare, por ejemplo, ninguna servía. Los ascensores corren con la misma suerte. “Los usuarios de tercera edad y los minusválidos son los que sufren las consecuencias”, acotó Vivas.

Caracas en las sombras

La falla presentada a las 4:00 pm se prolongó hasta más de las 5:30 pm. Los usuarios que no podían abordar camionetas, indignados y resignados, emprendieron la marcha a pie hasta sus casas o zonas como La Bandera, en busca de transporte. Una larga caminata se extendió desde la calle Olimpo hacia la avenida Las Acacias y el Paseo Los Ilustres. A las 6:13 pm la oscuridad comenzó a extenderse por la ciudad.

“El hambre me está matando”, “Ya me duelen las piernas” y ”Estoy cansado” eran las frases que más se repetían en el trayecto de Los Ilustres, a la altura de Los Símbolos. Los ciudadanos caminaban y tropezaban con los huecos de la calle, pues ningún poste de luz funciona en la zona.

En La Bandera más de 30 personas abordaron un camión de carga a sus hogares. Otros ciudadanos caminaron hasta El Valle y los que iban más lejos abordaron las unidades hasta abarrotarlas en la avenida Intercomunal de dicha parroquia. El servicio del Metro en la Línea 3 fue restituido en el transcurso de la noche. Entretanto, el temor a una nueva falla persiste entre los usuarios como el calor en las estaciones y la incertidumbre de cuánto tardará en llegar el próximo tren.

Exigen renuncia del Defensor del Pueblo por su silencio cómplice ante masacre de El Junquito

Luchadores por los Derechos Humanos (DDHH), vecinos de Caracas, Alianza Ciudadana para la Transformación y Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia se apostaron ante la Defensoría del Pueblo para exigirle a esta institución un pronunciamiento e investigación independiente sobre la denominada masacre de El Junquito donde presuntamente fueron ajusticiados el ex CICPC Óscar Pérez y otras seis personas. Asimismo criticaron que el defensor Alfredo Ruiz tampoco ha emitido opinión acerca de las siete personas que han sido asesinadas en protesta por hambre.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó de inaudito que hasta el momento Alfredo Ruiz no haya emitido ningún pronunciamiento ante el ajusticiamiento de siete personas en El Junquito por parte de cuerpos de Seguridad del Estado y colectivos, destacando que los asesinados ya habían expresado su rendición publica y comunicacionalmente. “En este operativo no hubo presencia ni de la Defensoría del Pueblo o del Ministerio Publico, asimismo pueden revisar las redes sociales del organismo donde para ellos esté hecho criminal nunca sucedió”, afirmó.

Rojas comparó este hecho donde fue asesinado Óscar Pérez y sus compañeros con crimines de lesa humanidad de la talla de las masacres de Cantaura, Amparo o el mismo asesinato de Jorge Rodríguez padre. “Estoy seguro que el fallecido presidente Hugo Chávez, quien se rebeló contra un Gobierno democrático y se le respeto la vida, vería con indignación esta masacre. Destacando que hay civiles entre los ajusticiados como es el caso del periodista Daniel Enrique Soto y la enfermera Lisbeth Ramírez, esto es una violación dantesca a los DDHH”.

El luchador por los DDHH recordó también que durante las protestas por hambre iniciadas desde finales del año pasado han sido asesinadas siete personas, entre las cuales destaca la niña embarazada de Antímano, la cual contaba con apenas 18 años y quien recibió un impacto de bala en la cabeza de manos de un Guardia Nacional un 31 de diciembre. “Alfredo Ruiz ha hecho un silencio cómplice ante el homicidio de Alexandra Conopio y muchas otras personas que perdieron la vida solo por salir a la calle a exigir comida, ante esta actuación inmoral lo menos que podría hacer el defensor es poner su cargo a la orden”.

Concluyo exigiendo que a la Defensoría del Pueblo que abra una investigación independiente sobre estos crimines de lesa humanidad, responsabilizando al ministro de Interior Néstor Reverol y al propio Presidente Nicolás Maduro como actores intelectuales al ordenar a los cuerpos de seguridad del Estado comerte delitos de este calibre. “El derecho a la vida no es respetado en Venezuela y este Gobierno está actuando al muy estilo de una dictadura fascista con ejecuciones extrajudiciales”, acotó.

Llevaran todas estas denuncias a instancias internacionales

Por su parte Roland García, coordinador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia región Venezuela, informó que todos estos casos de violación de derechos humanos serán llevados a instancias internacionales, haciendo hincapié que tanto los asesinados en protestas por hambre como los ajusticiados en la masacre de El Junquito son personas menores de 35 años. “Vamos a ir a la OEA, ONU e incluso a la Corte Penal Internacional para hacer justicia, ya que las principales víctimas de este Gobierno dictatorial de Maduros es la juventud Venezolana que terminan asesinada o escapando por el aeropuerto de Maiquetía”.

Mencionó también la grave situación que están viviendo lo más de 200 presos políticos, que ven su vida en peligro tal cual fue el caso de violencia vivido hace 15 días en la Cárcel 26 de Julio donde el hampa común tomó como rehenes a varios detenidos de conciencia amenazando con matarlos. “Llegaremos hasta el final en la lucha por conseguir la libertad de nuestros compañeros como Tonny Real, Rolman Rojas o el diputado Wilmer Azuaje quienes se encuentra en condiciones inhumanas solo por el hecho de disentir del Gobierno de Maduro”, sentenció.

La actividad contó con una fuerte presencia de un equipo antimotines Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que de forma agresiva amenazaron a los voceros de DDHH impidiéndoles acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo.

Operación Gedeón incumplió normas para garantizar la vida de Óscar Pérez y sus compañeros

Fotografía de la zona donde las autoridades realizan una operación militar contra el grupo liderado por el policía Óscar Pérez, en el barrio El Junquito, en Caracas (Venezuela). Las autoridades venezolanas desarticularon hoy el grupo liderado por el policía Oscar Pérez, acusado de “ataque terrorista” al Supremo, e informaron de haber “abatido” a un grupo no identificado de sus miembros y detenido a cinco. EFE/Miguel Gutiérrez

 

Gedeón, término de la cultura israelí que designa a uno de los jueces más temibles por su “obra guerrera” contra los enemigos, fue el nombre con el que el ministro del Interior, Néstor Reverol, presentó al país la operación policial más brutal de los últimos años, que fue ejecutada para someter y matar al ex inspector Oscar Pérez y a seis de sus acompañantes, por supuesto “terrorismo”. El hecho ocurrió en un sector de chalets en el kilómetro 16 de El Junquito, en el oeste de Caracas, el lunes 15 de enero. A seis días de ocurrido, es la única precisión que el gobierno ha dado públicamente sobre la acción conjunta de los cuatro cuerpos de seguridad e inteligencia más represivos del Estado, contra estas doce personas, la mayoría civiles, que querían entregarse. Así lo reseña el-nacional.com

“El Ejecutivo y los órganos del Poder Ciudadano deben explicar por qué esta operación no cumplió con ninguna de las exigencias policiales y legales para garantizar la transparencia del procedimiento ni la vida del grupo adversario”, advierten especialistas en este tipo de actuaciones, ante el silencio oficial que envuelve esta masacre.

La falta de liderazgo y de coordinación policial entre el Sebin, la DGCIM, el FAES de la PNB y la GNB, que actuaron en el caso, para asegurar una negociación exitosa con Pérez y su grupo, es uno de los aspectos que compromete la transparencia de la operación y que Reverol debería explicar al país. “Debe señalarse cuál de las instituciones tuvo el manejo de la crisis que debía realizarse para lograr la rendición de las personas y ser sometidas luego al proceso penal. Lo primero que debe explicarse en quién fue el responsable de esa operación”, señaló el abogado y criminalista Fermín Mármol García, al analizar las interrogantes de la Operación Gedeón.

Otra duda es si se dejó prueba de que el proceso de negociación se había agotado, para explicar por qué utilizaron un lanzamisil que destruyó el chalet e hirió mortalmente a varios de sus ocupantes. Los videos hechos por Oscar Pérez, que difundió por Instagram poco antes de morir y que recogieron su disposición de entregarse, son evidencia de lo contrario. “Instituciones policiales modernas emplean uniformes que llevan ocultas cámaras para filmar en tiempo real todo el proceso y proporcionar pruebas para demostrar en el proceso penal que se agotaron los medios de negociación y que el otro grupo tuvo una actitud agresiva. Sería imperdonable no contar con esta tecnología que se usa en cualquier país del mundo, dado que el gobierno invierte en Inteligencia”, dijo.

Sin embargo, la ausencia de un fiscal del Ministerio Público y la poca probabilidad de que se haya preservado la escena del crimen son, a juicio de un experimentado ex jefe de Homicidios que solicitó no revelar su nombre, los aspectos más graves.

“El interior del chalet donde mataron a Pérez y a seis de las personas que lo acompañaban fue ocupado por funcionarios de los distintos organismos policiales, sin la presencia de investigadores del Cicpc que recogen las evidencias y hacen los trazados de balística y planimetría, para reconstruir los hechos si un tribunal lo considera necesario. No hubo nada de eso, porque les impidieron el paso. Solo tres unidades lograron pasar y muy tarde”, afirmó. Exigió que el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, explique al país por qué no envió a un representante del Ministerio Público. “El funcionario de esa institución nunca llegó, según informaciones. Entonces, ¿quién sustanció el expediente?”, se preguntó la fuente.

El balazo en la cabeza de Pérez y de otros dos hombres, según las actas de defunción, indican la intención de matar, según Mármol León. “¿Por qué no se emplearon herramientas para neutralizar como el gas o bombas lumínicas? Las dudas deben ser despejadas".

Responsabilidad del Ciudadano en Procesos Electorales

Vecino de El Hatillo, asiste hoy jueves 18 de enero a la Tertulia "Responsabilidad del Ciudadano en los Procesos Electorales" como parte del programa dictado por la Escuela de Formación Política y Ciudadana.

Lugar: Urb. El Cigarral, final Calle 2, Res. Sigulda, Salón de fiestas, El Hatillo.
Hora: 6:00 pm
Ponentes: 

Lic. Carmen Gonzalez- Ex Funcionaria CNE

Lic. Nancy Hernández- Ex Funcionaria CNE

Lic. Gorka Carnevali- Director Foro Hatillano

Ing. Manfredo Gonzalez - Director ONG Comunidanas

HRW denuncia la persecución a opositores y la grave escasez de medicamentos y comida en Venezuela (Informe anual)

Manifestante detenida por las fuerzas de seguridad durante enfrentamientos en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 10 de julio de 2017.

Reuters/Carlos Garcia Rawlins

 

Human Rights Watch aplaudió el jueves la resistencia en todo el mundo a los populismos al estilo Donald Trump, e instó a no bajar la guardia ante la amenaza que suponen para las instituciones democráticas, desde Venezuela a Hungría pasando por Filipinas.

En su informe anual, la organización internacional repasó la situación de derechos humanos en Venezuela y destacó en particular que el presidente venezolano Nicolás Maduro haya sido confrontado por protestas callejeras por seguir “destruyendo la democracia”.

Actualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

A continuación el reporte completo sobre Venezuela:

Actualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.

Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en los centros de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de las autoridades.

El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos.

Persecución de opositores políticos

El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al momento de elaboración de este documento, había más de 340 presos políticos en cárceles o sedes del servicio de inteligencia venezolano, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.

A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos. Cuando se redactó este documento, uno de ellos estaba detenido en la sede del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN) en Caracas y los demás habían huido del país. Al menos otros nueve alcaldes estaban sujetos a un mandamiento de amparo cautelar del Tribunal Supremo, que podría llevar a la imposición de similares penas de prisión si se determinara que los alcaldes violaron las disposiciones de esas medidas cautelares.

El dirigente opositor Leopoldo López cumple una condena de más de 13 años de prisión por haber presuntamente incitado a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de pruebas creíbles en su contra.

Luego de tres años y medio en prisión, se le concedió a López arresto domiciliario en julio de 2017, pero fue detenido nuevamente en medio de la noche algunas semanas después, tras haber criticado públicamente al gobierno. Esa misma noche, agentes de inteligencia detuvieron al exalcalde opositor Antonio Ledezma, que estaba en prisión domiciliaria desde 2015 y había publicado un video crítico del gobierno poco tiempo antes.

El Tribunal Supremo más tarde emitió una declaración indicando que López no tenía permitido realizar ningún tipo de “proselitismo político” y que Ledezma debía abstenerse “de emitir declaraciones ante cualquier medio”, y añadió además que “fuentes de inteligencia” informaron que tenían un plan de fuga. Ambos hombres obtuvieron nuevamente el arresto domiciliario algunos días después. En noviembre, Ledezma huyó de Venezuela.

Varias otras personas arrestadas en relación con las protestas contra el gobierno de 2014 o acciones posteriores de activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio.

Represión de protestas

Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han atacado con violencia manifestaciones contra el gobierno, en algunas de las cuales participaron decenas de miles de venezolanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos.

Según el Ministerio Público, al 31 de julio al menos 124 personas habían muerto durante incidentes relacionados con las protestas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en agosto que más de la mitad de las muertes habían sido provocadas por agentes de seguridad o colectivos. El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varias instancias de violencia contra simpatizantes del gobierno.

A fines de julio, antes de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, su institución estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas en el marco de las protestas. Si bien este número parece haber incluido casos en los cuales los presuntos autores fueron manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, en más de la mitad de los casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.

Entre abril y noviembre, se detuvo a cerca de 5.400 personas en relación con protestas, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, indicó el Foro Penal. Cuando se redactó este documento, cerca de 3.900 habían recibido la libertad condicional pero todavía enfrentaban causas penales.

Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. La justicia militar ha procesado a más de 750 civiles, en contravención a lo dispuesto por el derecho internacional.

A comienzos de 2014, las autoridades respondieron a manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso excesivo de la fuerza. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad mantuvieron a los manifestantes incomunicados en bases militares por 48 horas o períodos mayores, y algunos cometieron violaciones de derechos humanos aberrantes, como violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y obligar a los detenidos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, por varias horas.

Ninguna alta autoridad ha sido juzgada por estos abusos.

Asamblea Nacional Constituyente

En mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar en julio y que Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó posteriormente que había sido fraudulenta.

La Asamblea Nacional Constituyente tiene amplios poderes que van mucho más allá de redactar la constitución. En agosto, apenas empezó a funcionar, los miembros de la asamblea asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General Ortega Díaz —que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo— y nombraron a un partidario del gobierno en el cargo. En noviembre, junto con el Tribunal Supremo, quitó la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.

Operación Liberación del Pueblo

A partir de julio de 2015, el Presidente Maduro movilizó a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de una iniciativa denominada la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

En noviembre de 2017, la fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP entre 2015 y 2017. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno afirmaron que las muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados, algo que en muchos casos niegan los familiares de las víctimas o los testigos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.

Crisis humanitaria

Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Independencia judicial

Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual.

Desde que la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo ha invalidado casi todas las leyes que se aprobaron. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo se arrogó todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior.

Libertad de expresión

Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es muy habitual.

Miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron, interrogaron y confiscaron equipos a varios periodistas durante 2017. Se impidió que algunos periodistas internacionales ingresaran al país, o fueron detenidos por informar sobre las protestas contra el gobierno o la crisis de salud. Se quitó del aire a varios canales de noticias de cable y estaciones de radio.

En noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una “Ley contra el odio” que contiene expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales.

Defensores de derechos humanos

Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.

En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.

Discriminación política
Según se indicó en medios de comunicación venezolanos, cientos de empleados públicos fueron despedidos en 2016 por haber apoyado el referéndum revocatorio del Presidente Maduro, y en 2017 muchos otros fueron amenazados con ser despedidos por apoyar la consulta pública organizada por la oposición contra la propuesta del gobierno de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Otros informes indican que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados por el gobierno discrimina contra los críticos del gobierno.

Condiciones en centros de detención

La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. En agosto, murieron 37 internos —casi la mitad de los detenidos— en el Centro de Detención Judicial de Amazonas en Puerto Ayacucho, y 14 guardias de seguridad resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad habrían intentado tomar el control de la cárcel.

Actores internacionales clave

En marzo y julio, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó dos informes integrales sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, en el marco de una discusión sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que tutela las garantías democráticas y de derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA. Entre septiembre y noviembre, la OEA celebró una serie de audiencias públicas en las cuales víctimas brindaron su testimonio a tres expertos que evaluaron si los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas podrían constituir delitos de lesa humanidad.

En agosto, el bloque de comercio regional Mercosur suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia, un acuerdo que permite al bloque suspender a un miembro cuando haya una “ruptura del […] orden constitucional”.

También en agosto, 17 ministros de Relaciones Exteriores de América se reunieron en Perú para analizar la crisis venezolana. Doce de ellos —11 gobiernos latinoamericanos y Canadá— firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Los 12 manifestaron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni a sus resoluciones, se comprometieron a que cesara la transferencia de armas a Venezuela y expresaron preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno a aceptar asistencia humanitaria internacional. También expresaron su voluntad de apoyar esfuerzos que faciliten negociaciones creíbles y de buena fe, orientadas a restablecer pacíficamente la democracia en el país.

El gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), y privó así a ciudadanos y residentes de la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos después de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un instrumento que esté sujeto a la ratificación por los Estados.

En agosto de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe que concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en la respuesta a las manifestaciones contra el gobierno. El “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, indicó el informe.

En septiembre, el alto comisionado presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que “es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad” en Venezuela, e instó a que se lleve a cabo una investigación internacional. Numerosos Estados manifestaron preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país.

En 2015, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama aplicó por decreto sanciones específicas a siete funcionarios del gobierno venezolano. En julio de 2016, el Congreso estadounidense prorrogó hasta 2019 su facultad de inmovilizar activos y denegar visas a funcionarios acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014.

En 2017, el gobierno estadounidense emitió otras sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Maduro, así como sanciones financieras que incluyen la prohibición de acuerdos sobre nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y compañías petroleras estatales. La amenaza expresada por el Presidente Trump en agosto de usar la fuerza militar contra Venezuela recibió fuertes críticas en la región.

La Unión Europea ha manifestado reiteradamente consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, y repudió la represión violenta de protestas pacíficas y la persecución de opositores políticos. En noviembre, aplicó un embargo de armas sobre Venezuela y anunció sanciones específicas a funcionarios venezolanos.

Los esfuerzos internacionales para mediar entre el gobierno y la oposición con el fin de restablecer el orden democrático en Venezuela no han derivado en resultados sustanciales.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán.

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El clamor de los ciudadanos a Lorenzo Mendoza

Por: Williams Perdomo

El Nacional

Este lunes un grupo de personas marchó en Los Cortijos para pedirle a Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, que sea candidato presidencial.

"Has sido un invitado especial en cada uno de nuestros hogares por décadas. Cuando no estás presente te extrañamos de verdad, y convidamos a que regreses lo más pronto posible. Te hablamos a ti como un líder que ha sabido ganarse el corazón y el respeto del pueblo venezolano", dijo una líder sindical mientras leía una carta dirigida a Mendoza.

Una comisión de la organización ingresó a la empresa e hizo entrega formalmente la solicitud para que Lorenzo Mendoza sea candidato presidencial. El documento fue recibido por una comitiva enviada por el empresario.

"Fuimos recibidos, nos trataron muy bien y los trabajadores sonrieron, eso es una señal de que les agrada la propuesta", comentó Wilmer Villalba, representante del Movimiento Independiente de Alianzas Sociales (Minas), organización que convocó la movilización.

Villalba explicó que la movilización contó con el respaldo de la ciudadanía a pesar de la convocatoria que hizo solo con tres días de anticipación.  Destacó que en esta organización se encuentran representados varios sectores de la sociedad venezolana.

Mendoza no ha declarado oficialmente sobre las posibilidades de postularse la presidencia para lo comicios de 2018.

El 4 de diciembre, Mendoza fue recibido con ovaciones en el Festival Jonrón Pepsi 2017. El público se puso de pie para aplaudir la presencia del empresario y gritarle: "¡Presidente, presidente!". 

Previamente, la encuestadora Hinterlaces publicó un estudio en el que situó a Mendoza entre los principales favoritos para ser presidente de Venezuela.

Sin embargo, Empresas Polar pidió a mediados de diciembre que no se difundieran rumores sobre Lorenzo Mendoza. Esto no ha impedido que sus simpatizantes sigan solicitándole que se dedique a la política. 

Denuncian guerra entre colectivos por invasión del Cine Rex en La Candelaria

Desde hace casi dos años los espacios del Cine Rex, declarado patrimonio histórico de la ciudad de Caracas, se encontraban tomados por un colectivo denominado “La Mano de Dios” quienes han sembrado el terror en la comunidad de La Candelaria llegando incluso a amenazar de muerte a vecinos. En las últimas semanas otros colectivos aliados con la Junta Comunal han decidido disputarles el espacio generando un conflicto donde la anarquía y la violencia han sido el lugar común.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, explicó que esta edificación pasó de ser un patrimonio histórico a convertirse en una guarida de malandros que con la protección gubernamental agreden a vecinos a punta de pistola, destacando cómo durante la oleada de protesta en 2017 los colectivos se reunían en este punto para luego salir a golpear y hasta disparar a los manifestantes. “Bajo el nombre de La Mano de Dios este grupo violento desató el terror en la parroquia, todo bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad del Estado”, dijo.

Rojas recalcó que el Cine Rex ubicado entre las esquinas de Teñideros a Chimborazo fue fundado en 1936 y en sus escenarios se presentaron numerosas estrellas artísticas de la Caracas de mediados del siglo XX, entre las cuales destacaron Alfredo Sadel y hasta el mexicano Pedro Infante. “La propuesta que hacemos es que FundaPatrimonio inicie conversaciones con el propietario de la estructura para juntos restaurar el teatro y devolverle ese esplendor de antaño, convirtiéndolo de nuevo en un centro de arte y cultura para los caraqueños”.

El miembro del Frente en Defensa del Norte de Caracas, relató que desde hace una semana otros colectivos unidos a la Junta Comunal cansados de los desmanes de José Luis Castillo, líder de la invasión quien estuvo detenido al estar relacionado al homicidio del joven Carlos Moreno el pasado 19 de abril durante las protestas, decidieron tomar el espacio y entregarlo a FundaPatrimonio. “Esto desató la ira del colectivo La Mano de Dios que en conjunto con otros grupos violentos relacionados al oficialismo se apersonaron en la Plaza Candelaria donde se realizaba una reunión con vecinos y la Policía Nacional Bolivariana, los sujetos con pasamontañas y armados amenazaron de muerte a la comunidad y exigieron que el espacio se le fuera devuelto a los invasores", detalló.

Señaló que las invasiones pueden ser catalogadas como alcabalas de la muerte, donde proliferan delitos como atracos, robos, secuestros, cobro de vacunas y hasta homicidios, generando un terror enorme en la comunidad. “Solo en La Candelaria hay 33 edificaciones invadidas y en el norte de Caracas pasan las 130, por eso exigimos a Erika Farías enfrentar este delito en vez de auspiciarlo como ha ocurrido con las ultimas tomas ilegales, en las cuales lo colectivos manifiestan contar son su apoyo y los cuerpos de seguridad del Estado se hacen de la vista gorda”.

Comunidad aterrorizada

Vecinos de las esquinas de Teñideros y Chimborazo, que decidieron no revelar sus nombres por temor a ser agredidos, comentaron que este colectivo llamado La Mano de Dios dirigido por José Luis Castillo llegaron aliados con otros grupos violentos como La Piedrita y el 5 de Marzo de Cotiza amenazando de  muerte a los habitantes que exigían la recuperación del inmueble para beneficio de la comunidad. “Actualmente el Cine Rex se encuentra ocupado por integrantes de la Policía Comunal y el Consejo Comunal quienes hicieron la promesa de que el inmueble será entregado en los próximos días a FundaPatrimonio”, concluyó.

LOS VENEZOLANOS RESIDENTES EN OTROS PAÍSES EXIGIMOS LA ACTIVACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL EN LOS CONSULADOS

El gobierno de Nicolás Maduro viola el derecho al voto y a la participación política de los venezolanos que viven en el exterior, en contra del principio de igualdad establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Desde 2012, el Registro Electoral en los Consulados está suspendido ilegalmente, violando flagrantemente la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), pues el Registro Electoral es continuo. "Todas las personas pueden inscribirse o actualizar sus datos en cualquier momento" Art. 28 LOPRE.

Esta medida arbitraria e ilegal afecta a casi 2.000.000 de venezolanos mayores de edad que viven en el extranjero. Actualmente solo están habilitados para votar en los Consulados poco más de 101.600 electores.

De este modo, se niega el derecho al voto a casi 10% del total de electores del país. Además se está violando el derecho a la identidad, porque no es posible tramitar en los Consulados el documento legal de identidad (cédula) y es extremadamente difícil obtener el pasaporte, con lo cual se afectan también el derecho al libre movimiento y los derechos económicos.

Movimiento Independiente Nacional de Alianzas Sociales invita a marchar para promover la candidatura de Lorenzo Mendoza

Prensa M.I.N.A.S

El Movimiento Independiente Nacional de Alianzas Sociales (M.I.N.A.S), conformado por integrantes de la Sociedad Civil venezolana, convocó a una movilización que se realizará hasta la sede administrativa de Empresas Polar, en Los Cortijos en el municipio Sucre del estado Miranda, “con el fin de promover la candidatura presidencial del ingeniero y empresario Lorenzo Mendoza Giménez”, según nota de prensa enviada a Conciencia Es Noticias.

“Esta movilización pacífica se llevará a cabo el venidero lunes 15 de enero y partirá a las 9:30 a.m., desde las adyacencias de la estación del Metro Los Cortijos en la Avenida Francisco de Miranda”, detalló el escrito.

M.I.N.A.S agregó que el evento forma parte de una serie de acciones que tienen en agenda, “pues consideramos que el ingeniero Lorenzo Mendoza Giménez, por su capacidad gerencial y por ser un profundo conocedor de la situación del país, reúne condiciones indispensables para sacar a Venezuela de la grave crisis económica y social que padece y se agudiza cada día”.

Editorial Washington Post: Con el silencio de Trump, América Latina finalmente podría encontrar su voz

Foto Federico Parra AFP

Por Jackson Diehl, editor de la página editorial del Washington Post | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

En las últimas semanas, el presidente Trump ha intercambiado amenazas nucleares con Corea del Norte, ha condenado a Pakistán y a los palestinos y ha prometido apoyo para los manifestantes en Irán. Pero no ha tenido mucho que decir sobre la crisis que se está desarrollando a las puertas de Estados Unidos, la actual implosión económica, política y humanitaria de Venezuela, y eso probablemente sea algo bueno. En ese silencio, América Latina finalmente podría encontrar su voz.

El verano pasado Trump asustó a los líderes de la región al insinuar que Estados Unidos consideraría medidas drásticas contra el régimen populista autocrático de Nicolás Maduro, incluido un boicot a los productos petroleros venezolanos e incluso una invasión militar. Fue un engaño: desde entonces, la Casa Blanca ha aplicado más sanciones financieras a funcionarios del régimen, a la vez que ha aplazado las opciones petroleras y militares, y Trump ha pasado a otros asuntos.

Ahora, a medida que la crisis en la otrora próspera nación de 30 millones de habitantes se vuelve más difícil, se escuchan otras voces de habla hispana, y están proponiendo algunos de los mismos remedios que causaron ondas de choque cuando vinieron de Washington.

La semana pasada, una de las figuras más respetadas de Venezuela, el economista y ex ministro de planificación Ricardo Hausmann, llamó la atención al sugerir una intervención militar de una “coalición de los dispuestos”, incluido Estados Unidos. Como lo señalaron rápidamente varios analistas, la idea es incierta por razones tanto prácticas como políticas. Pero el hecho mismo de que un conocido intelectual – Hausmann dirige el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard – plantee el uso de tropas estadounidenses y otras tropas extranjeras para derrocar a un gobierno sudamericano demostró cómo la crisis de Venezuela está rompiendo generaciones de viejos tabúes políticos.

Al mismo tiempo, un estadista de alto rango expresó su apoyo a una medida menos radical y más factible: una prohibición de Estados Unidos sobre el comercio de petróleo y otros productos petroleros con Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, me dijo en una entrevista el jueves pasado que era necesario un embargo petrolero para obligar al gobierno de Maduro a negociar seriamente con la oposición de Venezuela sobre una transición democrática. “Al final del día, se necesitará la máxima sanción y la más fuerte”, dijo. “Y así que sí, estoy a favor de un embargo petrolero”.

Una prohibición a las compras de petróleo podría perjudicar temporalmente a algunas compañías y consumidores estadounidenses: las importaciones estadounidenses de petróleo venezolano, aunque disminuyeron sustancialmente desde hace una década, fueron de casi 800,000 barriles por día el otoño pasado. Pero la sanción devastaría las finanzas del ya en bancarrota gobierno de Maduro, que depende de las ventas de petróleo para más del 90 por ciento de sus ingresos. El régimen ha tratado de diversificar sus clientes enviando petróleo a China, pero a cambio obtiene poco dinero en efectivo. También compra gasolina de los Estados Unidos, así como también petróleo ligero para mezclarlo con su crudo pesado y hacerlo apto para la exportación.

Almagro no es el primer líder latino en respaldar un boicot: el presidente argentino, Mauricio Macri, apoyó la medida en una entrevista con el Financial Times en noviembre y agregó que pensaba que tendría “un amplio respaldo” de toda América Latina. El Grupo de Lima, una coalición ad hoc de una docena de países que presionan por el cambio en Venezuela, dijo en su última reunión que podrían ser necesarias más sanciones contra el régimen, aunque no especificó cuáles deberían ser.

Que los líderes regionales pidan una acción estadounidense tan drástica es una medida de cuán mala está la situación en Venezuela. El país literalmente está muriendo de hambre por alimentos y medicinas: la mayoría de los venezolanos dicen que no tienen acceso a una alimentación adecuada, y las personas mueren por falta de antibióticos básicos. Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, más del 50 por ciento mensual. Almagro señala que ha producido más inmigrantes que huyen de su caos, unos 4 millones, que los salidos de Siria a Europa. La ex fiscal general Luisa Ortega, dijo al Wall Street Journal el mes pasado que las fuerzas de seguridad habían matado a 8.292 personas en solo dos años y medio.

Quienes se oponen a un embargo de Estados Unidos típicamente han argumentado que haría a una de las crisis humanitarias más graves del mundo aún peor. Pero Almagro desestimó ese argumento. “La peor sanción que podría pasarle a la población sería tener 10 años más de la dictadura de Maduro”, dijo. “No hay nada peor que esto. Cualquier sanción que genere la perspectiva de un cambio político genera una esperanza real”.

La salida, como la ve Almagro, es una presión tan severa que obligaría al régimen a permitir la “reconstrucción completa del sistema electoral” antes de unas elecciones presidenciales libres y justas. Admite que las probabilidades de éxito no son buenas: “Estamos desafiando la historia”, dice. Eso es cierto en más de una forma: no es frecuente que los latinoamericanos pidan públicamente una intervención tan contundente de los Estados Unidos.