Radar Ciudad. Parroquia Caricuao.

 

Negociación en Puerta. Ismael Pérez Vigil . Politólogo

 

Negociación en Puerta

  El gobierno y la oposición democrática han acordado, finalmente, reanudar las negociaciones suspendidas hace tiempo, para ver cómo se logra una salida a la profunda crisis política y humanitaria que agobia al país. Pongamos en contexto la situación para analizar las opciones de negociación.

El poder del gobierno

 No hace falta describir lo que todos sabemos bien, como el gobierno −autoritario, por decir lo menos− controla el poder y los recursos, cada vez más escasos, pero suficientes para continuar su despilfarro y los “negocios”, internos y con sus socios externos. No es la popularidad, de la cual hoy carece, sino el monopolio absoluto de la fuerza −a través de la fuerza armada, que lo apoya incondicionalmente− y toda la capacidad represiva del Estado, lo que le permiten ejercer ese control sobre territorio y recursos, de manera total y absoluta. No hay ningún resquicio… aparentemente.

Situación de la oposición.

 Por su parte la oposición, aunque dividida, fragmentada, que permanece en profundas y amargas disputas internas, uno de sus sectores, el mayoritario, tras largo y hermético silencio, se ha puesto de acuerdo para conformar una estructura de coordinación y una fórmula, aun no muy bien definida, para seleccionar mediante unas primarias su candidato para el próximo proceso electoral en el 2024, o antes. No hace falta recordar que se trata de una oposición inerme, pues no cuenta con ninguna fuerza física y su capacidad de movilización popular ha mermado considerablemente; sin embargo, hay que recordar que en condiciones similares en el pasado, ha logrado algunos triunfos sobre el régimen autoritario y −muy importante− reconocimiento y apoyo externo para la imposición de sanciones al régimen, por parte de la comunidad internacional; sanciones cuestionadas por ineficientes y que algunos sectores solicitan que se eliminen pues estarían afectando a la población inocente del país; pero, es lo único que ha servido para contener algo los desmanes del gobierno y obligarlo a llegar a una negociación.

Los ciudadanos.

 Un gran porcentaje de los ciudadanos del país −más del 80% − sumidos en la pobreza, se han mantenido al margen de los últimos procesos electorales y muestran poco o ningún entusiasmo por la actividad política. Se supone que es porque están ocupados y concentrados en sobrevivir, aunque nadie que se sepa ha investigado eso; más bien creo que esto es en parte el resultado de varias décadas de prédica antipolítica y anti partidos, acentuada por la intimidación del régimen y una intensa campaña en contra del valor del voto y la eficiencia de los procesos electorales para resolver los problemas del país.

 En el contexto descrito, nada halagüeño, es que se produce el anuncio de que el régimen y la oposición democrática exploran las posibilidades de continuar la negociación suspendida; ahora, a pesar del anuncio de la disposición a negociar, el régimen horada las bases de la misma, solicitando se admita como representante a Alex Saab, preso por delito en los EEUU −recordemos que la vez pasada la negociación se suspendió por esa absurda demanda del gobierno, que además fue quien se levantó de la mesa− y cuestionando también a los mediadores, el Reino de Noruega; de manera que, de llegar a concretarse el acuerdo para negociar, la pregunta obvia es: ¿Qué se va a negociar? ¿Cuál es el objetivo de la negociación?

Objetivos de la negociación.

 Para un sector opositor, radical, el objetivo escueto y único no puede ser otro que encontrar una fórmula para que el actual gobierno deje el poder, se retire sin más, como condición previa para cualquier otra cosa y para reorganizar la vida democrática del país.

 Otro sector, más moderado, piensa que lo anterior no es realista y opinan que se debe buscar de común acuerdo una transición electoral, pacífica, a la democracia, detener las violaciones de los derechos humanos, los atentados contra las libertades públicas y, mientras tanto, buscar alternativas para aliviar el sufrimiento popular.

 A un sector, más conforme, resignado o menos osado, le basta con que se logre alguna flexibilización económica y política del gobierno, que atraiga algo de inversión, que mejore la situación económica, para así aliviar la profunda crisis humanitaria que agobia al país.

 Pero, definir el o los objetivos de la negociación, aunque no es fácil, es lo menos problemático porque la verdadera dificultad reside en: ¿Qué es lo que va a ceder en la negociación cada una de las partes? Dicho más claramente: ¿Cómo el régimen gobernante, con todo el poder que tiene, lo va a abandonar sin más, para entregárselo a una oposición que no tiene fuerza para obligarlo a ello o poco que ofrecer a cambio, como no sea levantar unas sanciones que no dependen de su decisión?

Opciones de salida.

 En cualquier caso, la solución de la crisis humanitaria y económica que ha arruinado al país pasa por una salida del actual régimen; sea que en un acto incomprensible y poco probable abandone el poder, voluntariamente; sea porque se desarrolle un proceso electoral libre, bajo supervisión internacional, que, según todas las encuestas perdería el gobierno; o bien sea porque algún acontecimiento político, hoy impensable, como una revuelta o insurrección popular, incline la balanza y el apoyo de la fuerza armada en su contra y lo obligue a dejar el poder. Estas son las opciones que algunos vislumbran como salida, pues lo que es también cierto, que se ha demostrado en el tiempo y ahora con la guerra de Putin contra Ucrania, es que la comunidad internacional −la misma que apoya a la oposición democrática− no pasará de establecer sanciones y cualquier opción militar que implique una fuerza externa o invasión, para resolver los problemas políticos y humanitarios de cualquier país, está descartada.

Los mitos en el país.

 Lo más difícil de esta situación es que flota en el ambiente, desde hace muchos años, una especie de pensamiento “mágico”, ingenuo −y hasta oportunista−, por parte de algunos grupos radicales, sus asesores e influyentes en la opinión pública, que −al considerar la situación del país y las posibles salidas− han desarrollado algunos mitos. Uno de ellos es que al gobierno autoritario le interesa que eliminen las sanciones económicas −“que afectan al pueblo”, según dice el gobierno y repiten a coro algunos opositores−, como si el bienestar del pueblo fuera realmente una preocupación del gobierno; en realidad al régimen las sanciones que lo afectan y preocupan son las sanciones personales contra sus funcionarios, mismas que todos los opositores afirman que se deben mantener.

 Otro mito de algunos sectores opositores, a sabiendas que no hay disponible una fuerza física, ni interna ni externa, para forzar al régimen a retirarse −posiblemente solo para lograr unas condiciones electorales, como ya ha ocurrido en el pasado−, piensa y plantea con aparente seriedad y convicción, que el régimen debe ceder el poder, dándose golpes de pecho, admitiendo los errores cometidos, las violaciones de DDHH de las que se les acusa, devolviendo los recursos del país de los que se ha apropiado y mansamente se dejarán esposar y conducir a la cárcel, a purgar sus delitos; o en el mejor de los casos, en un arrebato de fiereza y ante un descuido, escaparán a un exilio forzado, pero sin la posibilidad de desplazarse libremente por el mundo, por el temor a ser atrapados en cualquier aeropuerto y juzgados en algún país desarrollado o por algún tribunal internacional.

Conclusiones.

 Pero algo ocurre en el país, porque resulta incomprensible que un régimen con el poder omnímodo que muestra el actual, sin embargo, da pasos −aunque inciertos− en dirección a una negociación; posiblemente las razones que lo animan son buscar reconocimiento internacional e insistir en que se le eliminen sanciones, aunque sabemos que son las personales las que quiere eliminar, cosa que es más difícil. Lo cierto es que aun con su supuesta “debilidad” la oposición ha logrado, en varias oportunidades, llevar al régimen a la mesa de negociación.

 Paradójicamente, lo cierto, si vemos el escenario actual, es que la oposición democrática tiene todo por ganar y poco que ceder, que ya no haya cedido o le haya sido arrebatado: Democracia, instituciones políticas, partidos, libertad de asociación y de expresión, libertad de sus líderes, y un largo etcétera. Sin duda es el gobierno el que tiene todo por perder: El poder y con él, el usufructo de la riqueza del país. Lo que no parecen haber percibido los habitantes y líderes opositores es que resulta obvio que el régimen, si no recibe nada a cambio, se puede y va a mantener en el poder, como la ha hecho hasta ahora, pues tiene fuerza, recursos y también cuenta con cierto apoyo internacional. Esos factores no los podemos perder de vista.

 Por lo tanto, quien tiene tanto que perder, ¿Qué pedirá a cambio de dejar el poder, frente a una oposición que no tiene fuerza, real, para desalojarlo del mismo y muy poco que ofrecer? Obviamente pedirá inmunidad. Inmunidad para poder disfrutar, en el país o en el exterior, de los bienes mal habidos. Esto, que no debería sorprender a nadie, sorprende a muchos y es un tema que no podemos seguir ignorando, sobe el que debemos abrir una amplia y profunda discusión.

 Los habitantes del país, sobre todo la oposición, debe tomar conciencia de que no hay manera de salir de esta crisis, sin tragar algunos sapos crudos a través de una negociación, ¿Lo tendrán claro sus líderes, especialmente los más radicales?; estos últimos, afortunadamente −aunque ruidosos y muy activos en redes sociales− son minoritarios.

 Sin fuerza física, con capacidad de movilización mermada, los habitantes y fuerzas políticas democráticas, que ya han tenido triunfos electorales importantes −única vía posible en este momento para enfrentar regímenes como el que gobierna el país− lo que deben es recuperar la fuerza interna, además de la externa con la que cuentan, que permita hacer respetar esos triunfos. Ese es el reto.

 

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ASOSABER. Foro Chat. Caracas, Que ha pasado con Nuestros Símbolos?.

 

En AsoSaber promovemos la participación activa de los ciudadanos, que ellos defiendan sus derechos y cumplan sus deberes como ciudadanos integrantes de una población, conociendo las decisiones tomadas por el Estado. En busca de la democracia y el derecho a la libre expresión, realizamos un Foro Chat vía WhatsApp en alianza con Caracas Ciudad Plural y la ONG Monitor Ciudad, con el Ex Concejal del Municipio Libertador Jesús Armas, acerca del cambio arbitrario de los Símbolos del Distrito Capital, que llamamos: “Caracas, ¿Qué ha pasado con nuestros símbolos?”.

Jesús Armas es un Ingeniero Industrial graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Bristol en Reino Unido, Ex Concejal de Caracas (2013-2018) y Director de Monitor Ciudad: un think tank que se encarga de recolectar datos y proponer soluciones para las ciudades de Venezuela. Tiene 4 años recolectando datos sobre las fallas de servicios públicos en 5 estados del país y ha generado conciencia. 

Comenzamos por mencionar que el Escudo de Caracas es el símbolo más longevo que existe en nuestro país ya que tiene más de 400 años, teniendo una profunda vinculación con la historia colonial de Venezuela, ¿por qué? Pues porque el escudo fue impulsado por el Procurador General de Venezuela que para ese entonces fue Simón Bolívar el viejo (5to abuelo del Libertador). Este escudo tiene una vinculación con el fundador de Caracas, Don Santiago de León; conservando la cruz de Santiago y sobre todo el León se ha convertido en parte de la identidad de los Caraqueños, estando presente en los distintos equipos deportivos, y en la simbología que se encuentra en partes de la ciudad. Y cabe destacar, que en más de 450 años ninguno de los gobiernos se había atrevido a modificar los símbolos de Caracas, hasta el día de hoy. Por otro lado, los demás símbolos son más recientes y prácticamente contemporáneos, así como lo es el Himno, que contiene palabras poderosas que se invita a leer y analizar su letra. Al igual, todos conocemos la bandera, Caracas está asociada al color rojo y eso simboliza la sangre derramada por los caraqueños en su lucha por la libertad y la independencia.

Jesús cuenta que, en su periodo como concejal, en el 2015 Jorge Rodríguez tuvo la pretensión de modificar los símbolos de Caracas, quería remover al león por los ojos y la boina de Hugo Chávez y además agregarle el “4F”, una lucha ardua apoyada por la opinión pública que detuvo la pretensión de modificar los símbolos para ese momento. Hasta que, las pretensiones se pudieron consumar, y ¿de qué manera la hicieron? El concejo municipal está compuesto por 13 concejales en los cuales sólo 2 son de oposición y utilizaron la mayoría abrumadora y el apoyo de la hoy Alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez, aprobaron a espaldas de los caraqueños el cambio de éstos y fueron anunciados en una fecha tan importante para el país y sobre todo para Caracas, como lo es el 19 de abril. Aprobaron una nueva simbología en el cual colocan una imagen de unos aborígenes, acompañados del “rostro” de Simón Bolívar; cambiaron la letra del himno donde mencionan cosas dignas de olvidar como lo fue el “caracazo” y, por supuesto, cambiaron la bandera quitando el color rojo, removiendo el escudo, acabando con el león y colocando una suerte de simbología que pareciera ser El Ávila y además de ser simbologías que no representan en nada al ciudadano, parece ser algo que va más allá y tiene que ver con el tema que no respeta el diseño de lo que debería ser el escudo y la bandera para una ciudad.

¿Es legal el cambio de los símbolos? Realmente los símbolos se pueden cambiar, pero eso debe pasar por dos discusiones en el concejo municipal y por una consulta pública, lo cual claramente la consulta pública no se hizo porque sino los caraqueños hubiésemos rechazado esa simbología nueva y más allá de eso, se han planteado distintas iniciativas como lo es un referéndum a los ciudadanos para saber si los ciudadanos aceptaban o no ésta nueva simbología pero, la verdad es que no iba a ser factible por el Estado en el que vivíamos.

Cerrando con un llamado a la reflexión, haciendo énfasis en que los regímenes autoritarios siempre buscan imponer una falsa verdad, y de alguna manera mentirle al pueblo a través de una falsa narrativa y hasta usando la violencia para que ese discurso se quede en los ciudadanos y hacer creer esa falsa verdad. Y s por eso que han realizado distintos cambios, entre ellos el cambio de nombre del Ávila a Waraira Repano, la inclusión de la 8va estrella en la bandera, cambiar el nombre del Estado Vargas a Estado La Guaira, etc. Han intentado construir una nueva narrativa y de alguna manera, que los ciudadanos (sobre todo estas nuevas generaciones) crean que eso es la verdad, que no existía un país y que esto es lo mejor que le ha pasado a Venezuela, que por supuesto nosotros sabemos que no es así y que vivimos bajo un régimen dictatorial, que se sufre una crisis humanitaria, violaciones a los derechos humanos, tortura y asesinatos políticos.

Y frente a eso ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Debemos utilizar el único espacio que el Estado no puede ocupar por la violencia, y es el espacio de nuestra conciencia, mientras ellos intenten convencernos de que el aborigen y la cara de Simón Bolívar son el escudo de Caracas, nosotros debemos decir que no que el verdadero escudo de Caracas es el que promovió el 5to abuelo del Libertador, que es el León con la cruz de Santiago, mientras ellos intentan convencer que no estamos viviendo bajo una dictadura, nosotros debemos mantener siempre la verdad y manifestando que los servicios públicos son bastante deficientes, sin dejar que nos impongan una falsa verdad.

Espacio Plural#49. Municipios vs. Comuna. Prof. Miguel González Marregot. Director de AC Gestión de Cambio

                                             Con Manfredo González y Gorka Carnevali

@rymgonzalez @gorkacarnevali

Todos los miércoles a las 5 pm

25 de Mayo

Municipios vs. Comuna

Invitado:

Prof. Miguel González Marregot

Director de AC Gestión de Cambio

Sintonice Sintonía 1420 AM

ASOSABER. UN SUEÑO POSIBLE. Cine Foro.

 

Un sueño posible nos muestra el conmovedor retrato de Michael Oher, un joven negro sin hogar, que es acogido por una familia blanca, dispuesta a darle todo su apoyo para que pueda triunfar tanto como jugador de fútbol americano como en su vida privada. Por su parte, Oher también influirá con su presencia en la vida de la familia Touhy. Nacido en la pobreza y sin hogar, cuya madre era adicta al crack.

Cuando Leigh Anne Tuohy decide actuar como madre acogiéndolo en su hogar, juega un papel fundamental en su vida, ya que lo impulsa a mejorar su vida, a ir a la escuela y hacer lo que le apasiona: jugar fútbol americano. El núcleo central de la película es la relación que tienen Leigh Anne Tuohy y Michael Oher, y cómo evoluciona la familia.

Se vuelven cada vez más unidos ya que Michael les muestra lo que es no tener amor maternal o incluso familiar, y él por su lado, aprende a querer a los que tiene a su alrededor, a sentirse protegido y acompañado, por lo que esta película decidimos presentarla en el mes de las madres, el 21 de mayo junto a la comunidad de Los Descamisados de Los Magallanes de Catia, continuando con nuestro programa creando conciencia a través de las imágenes.

Nueva Arremetida contra la Sociedad Civil. Ismael Pérez Vigil .Politólogo

 

Nueva Arremetida contra la Sociedad Civil.

  Tal parece que resucita el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, enterrado hace un año en alguna gaveta de la Asamblea Nacional. No es de esperar ninguna buena intención o la solución de algún problema con esta Ley; se trata de una nueva arremetida contra la sociedad civil −contra las organizaciones no gubernamentales (oenegés) defensoras de derechos humanos, de asistencia humanitaria, defensoras de derechos políticos, etc.  arremetida que ha sido práctica constante desde 1999.

 Desde la instauración de este régimen por Hugo Chávez Frías y desde la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 el gobierno ha arremetido en contra de la sociedad civil, que, en un principio, parecía haber impulsado. Todos recordamos que en 1999 en las regulaciones con las que se convocó a una Asamblea Constituyente, a la sociedad civil se le estaba dando preeminencia y mayor espacio; pero, no tardamos en descubrir que en realidad esto no era así, sino que se trataba simplemente de una forma más de restar importancia y relegar a los partidos políticos.

 TSJ y Sociedad Civil:

  No cabe duda, cual es la posición de la Constitución Bolivariana y la “intención del legislador” en cuanto al papel que le atribuye a la sociedad civil; sin embargo, el TSJ con varias sentencias dictadas por la Sala Constitucional, en las que se alude a la sociedad civil y en las que se ha disminuido, confiscado o menoscabado sus funciones. (No haré una descripción pormenorizada, para ello ver: La Sociedad Civil Resiste en https://bit.ly/3mWlhuM)

 En estas sentencias hay varios elementos en común; uno de ellos es la interpretación restrictiva del artículo 70 de la Constitución, al restringir la participación ciudadana y hasta quitarle el carácter de sociedad civil, para que no puedan ejercer las funciones que les confiere la Constitución. A través de estas sentencias, el TSJ ha moldeado y restringido, considerablemente, el concepto de sociedad civil y deja el terreno preparado para que, eventualmente, a futuro −como de hecho está pronto a ocurrir si se aprueba el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional mencionado−, prácticamente ninguna organización pueda considerarse como parte de la sociedad civil.

 Sin embargo, hay que aclarar que si bien la intención de la desinformación gubernamental es atemorizar, las sentencias del TSJ no restringen, ni limitan o prohíben la posibilidad de actuar o de constituir oenegés o que la sociedad civil se organice u obtenga financiamiento interno o externo. Simplemente –sin ironía– limitan las posibilidades de actuar en el contexto de la Constitución Bolivariana.

 Es decir, si de acuerdo con la Constitución es condición para actuar en alguno de los comités o actividades señaladas en la Constitución o se necesita la calificación de organización de la sociedad civil, las sentencias del TSJ limitan considerablemente esa capacidad y restringen y menoscaban los privilegios y beneficios que la Constitución había conferido a la sociedad civil organizada. Estamos frente a una confiscación legal o el menoscabo de un derecho por culpa de una interpretación del TSJ, pero no se trata, de una actividad ilegal, ni para la organización de la sociedad civil, ni para quien la financie. Esto es bueno aclararlo para que las organizaciones y quienes las apoyan, no desistan de su empeño ni merme el apoyo financiero a ellas.

Asamblea Nacional y Sociedad Civil

 Las arremetidas contra la sociedad civil no solo provienen del TSJ; también la Asamblea Nacional desde hace más de veinte años ha hecho sus propias interpretaciones de carácter restrictivo. La más notoria es la relativa a la Ley Orgánica del Poder Electoral, LOPE, del19 de noviembre de 2002, en cuyo artículo 19, sobre el Comité de Postulaciones para el CNE, dispone que se integra con 21 miembros, de los cuales 11 son diputados; decisión que no solo contradice el espíritu de la Constitución, sino que está claramente en contra de sentencias del TSJ −la del 21 de noviembre de 2000, por ejemplo− que señala que las organizaciones y partidos políticos “… no conforman la sociedad civil, sino la sociedad política cuyos espacios están delimitados por la Constitución y las leyes...”

 Esta intromisión, que impacta la composición del Poder Electoral, es el caso más emblemático y notorio de restricción al papel de la sociedad civil, pues en él, la sociedad civil debe ejercer de manera directa y activa un papel muy importante en la designación directa de tres de los cinco miembros.

Gobierno actual y Sociedad Civil.

 Durante el Gobierno electo en el año 2018 han seguido estos intentos de controlar las actividades de las oenegés, y a tal efecto ha intentado algunas iniciativas; veamos unos pocos ejemplos:

 1.- El acoso a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria; todos recordamos la agresión, allanamientos de su sedes y detención de sus directores en contra de los comedores de Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el Zulia; dos iniciativas cuyo propósito es aliviar el hambre en algunos sectores populares de Miranda, Caracas y Zulia. Y no podíamos dejar de mencionar, el arresto de tres directivos de FundaREDES, en julio de 2021, tras denunciar graves irregularidades y violaciones de derechos humanos en estados fronterizos del país; su director principal, José Javier Tarazona, al momento de publicar este escrito, después de diez meses, continúa detenido, en precario estado de salud y a pesar de todas las denuncias y solicitudes nacionales e internacionales reclamando su libertad.

 2. Las amenazas contra las organizaciones de la sociedad civil revisten características peculiares, como lo fueron dos providencias administrativas, en marzo y mayo de 2021, de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que con base en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, que −sin ninguna justificación legal− crearon un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (RUSO-ONCDOFT), por el cual se pretende, como indica su nombre, el establecimiento de un registro de estas organizaciones, en el cual deben figurar, entre otros, los objetivos, actividades, aliados, directivos y personal de las mismas.

 Desde luego la reacción de las oenegés afectadas no se hizo esperar, denunciaron la ilegalidad de la providencia ante organismos internacionales, la opinión pública nacional, el propio Gobierno y el TSJ; se declararon en rebeldía frente a esta disposición y manifestaron que no procederán a hacer el mencionado registro; transcurrido un año, no ha podido establecerse dicho registro y el Gobierno no ha hecho intentos por forzar su aplicación.

 3.- Tras los intentos de criminalización de la actividad de las oenegés, la Asamblea Nacional elegida en el 2020 comenzó a discutir un Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para regular las actividades −y sobre todo el financiamiento internacional− de las oenegés; el Proyecto que ha tenido una sola discusión en la Asamblea Nacional, está paralizada su aprobación desde hace más de un año.

La última arremetida.

 Los hechos referidos nos indican que la amenaza contra las organizaciones de la sociedad civil sigue pendiente y −como ya hemos dicho− tal parece que ahora se activa de nuevo al desempolvar el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que reposa en la Asamblea Nacional.

 Con respecto a esta ley, más de 500 organizaciones de la Sociedad Civil han emitido y puesto a circular un documento denominado: “Organizaciones de la sociedad civil rechazan proyecto de ley anti-solidaridad que cierra la cooperación internacional.”, en el cual analizan a fondo dicha Ley y los prejuicios que ocasiona. Esperamos que ese documento y otras iniciativas logren sensibilizar al país y a la comunidad internacional y alertar acerca de los peligros que encierra esa ley para las libertades públicas y los derechos humanos y los continuos intentos del régimen venezolano de hostigar, controlar los recursos y criminalizar la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos y asistencia humanitaria.

 

 Https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#238 Foro Hatillano. El rol del ciudadano. Cineforo (documental otpor). Foro presencial. Jueves 18 de mayo de 2022.

 

El rol del ciudadano.

Invitados: 

   John Magdaleno.

Politólogo. Msc Ciencias Políticas. Especialista en Análisis de Datos en Ciencias Sociales. Profesor de postgrado UCV, UCAB e IESA. Director de la consultora POLITY.

   Judith Brazón.

 Abogado. Juez jubilada. Master en Formas alternativas de Solución de Conflictos. Diplomada en Políticas Públicas y Justicia Transicional. Coordinadora de Creemos Alianza Ciudadana de Miranda.

 Después de 2 años sin realizar actividades presenciales, El Foro Hatillano en alianza con Creemos Alianza Ciudadana, organizó un cine foro en la sede del Centro Social y Cultural Don Henrique Eraso, frente a la Plaza Bolívar de El Hatillo, siendo presentado el documental OTPOR que trata acerca del proceso de Transición a la democracia en Serbia al principio de este siglo y que dio fin a una dictadura en ese país europeo.

 El objetivo de esta actividad es que los participantes identificaran elementos políticos y sociales que permitieron a la población conseguir un proceso de transición después de haber estado inmersos en una precaria situación política, económica y social.

 A partir del contenido del documental, el profesor Magdaleno explicó algunos conceptos importantes acerca de los regímenes políticos, procesos de transición ocurridos en Venezuela, y el rol de la ciudadanía organizada en estos procesos tan complejos, entre otros temas de interés.

 

Agradecemos a nuestros queridos Hatillanos por su asistencia y participación en esta jornada y al Centro Social y Cultural Don Henrique Eraso por poner a la orden sus instalaciones y colaborar con esta iniciativa ciudadana representada por el Foro Hatillano.

 

Espacio Plural #48. Con @gorkacarnevali y @rymgonzalez. Espacio Plural. Conversando sobre: Ley de Cooperación Internacional. como invitado: Deborah Van Berkel Presidente de Sinergia. #18May

 

https://youtu.be/I8RdWqBRDVE

El Radar de los Barrios, con Enrique Egaña Wallis. Lanzamiento del Proyecto Café Petare Blu. #18Mayo

Radar Ciudad. Estuvo presente en la Parroquia San Bernardino con la activación ciudadana para monitorear los servicios públicos. #17May, #RedServiciosPublicos

Ismael Pérez Vigil. Politólogo.

 

Deslinde de las cartas.

 Las sanciones y en menor medida, la negociación en México, siguen siendo los temas que se debaten en diversos escenarios a los que tengo acceso −redes sociales, prensa escrita, programas de radio, reuniones de grupos, etc.−, probablemente en los predios partidistas, también, pero a esos no tengo acceso.

 Desde luego, el disparadero de todo tuvo su origen en “las cartas”, de las que ya tenemos cuatro: la de los 25, la de los 68, la “dirigida a los venezolanos” y el “Pronunciamiento de Ciudadanos Independientes”; al menos, viendo el lado positivo, la discusión interna en la oposición, que lucía muerta −ambas, la discusión y la oposición− se ha avivado. Pero, ha sido un debate agrio como ya es usual; un tema más de discordia, como si tuviéramos pocos, del cual aún no encontramos salida.

Reflexión personal

 Tras casi un mes, se podría pensar en resaltar, además de los puntos en común, aquellos en que hay coincidencias y en los que realmente difieren y por esa ruta llegar a una especie de síntesis − ¿dialéctica? – que nos permitiera avanzar hacia una estrategia común. Por lo tanto, me voy a enfocar en mi reflexión personal sobre esas coincidencias y diferencias, esperando que eso contribuya a que otros reflexionen también.

 Comienzo por aclarar que mi posición al respecto se sintetiza en que las sanciones generales, económicas y financieras, han demostrado, históricamente, ser inútiles para el objetivo de librar a los países de gobiernos maulas y violadores de derechos humanos; además tienen el potencial de ser dañinas para la población en general, que es lo que hay que evitar; y por lo tanto, se hace necesario revisar las sanciones económicas y financieras que se están aplicando a Venezuela; pero, manteniendo y profundizando las sanciones personales y recompensas contra funcionarios, sus familiares, amigos y testaferros. Estoy consciente que no es una posición original, la cual he expresado con anterioridad. (ver: Negociación y Sanciones, 27 de marzo de 2021, https://bit.ly/3rGhe9o),

Coincidencias

 Quienes están a favor o en contra de las sanciones coinciden en varios puntos, lo que es un gran adelanto. Veamos:

 Primero, ambos sectores, a favor o en contra, en sus cartas y posteriormente por sus voceros, han coincidido y afirmado que la crisis del país, la penuria que nos acogota y la situación miserable a la que está sometida la población, no se debe a las sanciones, pues es anterior a las mismas. Se debe a las pésimas y ruinosas políticas económicas, sociales, fiscales, administrativas, etc. aplicadas por este régimen desde su entronización en 1999, hasta hoy. En eso, como dije, todas las cartas coinciden.

 Segundo, todos, sin excepción, tirios y troyanos, firmantes de todas las cartas, hasta las dos más radicales y sus voceros, que han declarado con posterioridad, afirman que se deben mantener las llamadas sanciones “personales”, aquellas que, como indica su nombre, se aplican o ponen precio a la cabeza de algunos funcionarios venezolanos, altos y medios, corruptos y responsables o perpetradores de violación de derechos humanos. También en eso, todas las cartas coinciden.

Diferencias

 Pero el espacio de las coincidencias, aunque importante, es corto; luego ya, se intensifican las diferencias; veamos algunas, solo a título de ejemplo, no son todas:

 En el desarrollo de la discusión hemos visto todo tipo de argumentos y razonamientos algunos bastante peregrinos. Por ejemplo, insistir en las sanciones −sobre todo económicas y financieras− sin ni siquiera revisarlas, es desconocer que hay dificultades para muchas compañías nacionales y en el exterior, con actividad económica en Venezuela, que tienen, supuestamente, deseos de invertir en el país, pero tienen reales dificultades para hacerlo, para conseguir recursos en el exterior, debido a que entes financieros y empresas extranjeras temen que se les apliquen sanciones por hacer negocios con Venezuela.

 Y no me refiero a los “tenedores de bonos” que puedan tener problemas para canjearlos o que han perdido su valor; quien invierte en papeles del estado venezolano, en general de cualquier estado, está especulando, haciendo una “apuesta”, que le puede salir bien y ganar mucho dinero; o salir mal y perderlo. Quienes estén en esta situación, háganse de cuenta que fue una mala inversión, por mal manejo económico del gobierno que los emitió o porque éste se negara a honrarlos.

 Del otro lado, alguien partidario de mantener las sanciones afirmaba en días pasados que el gobierno se había visto obligado a “dolarizar”, “abrir” la economía, “flexibilizarla”, poner en marcha una “desregulación”, olvidándose de su modelo fracasado de desarrollo; me pregunto: ¿eso no quiere decir, entonces, que las sanciones si han servido de algo? Por lo menos obligaron al gobierno a hacer todo eso.

Argumentos fallidos

 Quienes se oponen a las sanciones argumentan −olvidando lo que han afirmado y que reseñe en el párrafo anterior− que la aplicación de las sanciones ha agravado la situación y penuria económica del país; puede ser así, o no; pero, no me parece que hayan aportado argumentos contundentes al respecto; o al menos argumentos que demuestran, fehacientemente, que el agravamiento de la situación, la mayor penuria, la mayor miseria del país, se deba a las sanciones; a que el gobierno tenga menos ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, puede ser, pero la caída de los ingresos petroleros había comenzado mucho antes de las sanciones; y además, también me pregunto: ¿Por qué pensar que la peor situación se debe a las sanciones y no a que el gobierno no ha tomado ninguna medida efectiva para mejorar la situación de emergencia humanitaria del país?

 Por otra parte, no he logrado entender como algunos de los firmantes, que argumentan la supuesta “reactivación” de la economía venezolana, desde 2019, al mismo tiempo sostienen que hoy la situación es peor y que se ha agravado por culpa de las sanciones. Algo no cuadra en esa argumentación. ¿A qué se debe ese agravamiento, como se explica? ¿Y esa “normalidad” a qué se debe? ¿No será un efecto de la aplicación de las sanciones −económicas y financieras o personales− que hace que el gobierno ceda por temor a una intensificación de las mismas?

¿Han resultado las sanciones?

 Lo que a mí me resulta obvio es que, al menos en ese aspecto, las sanciones han dado resultado. Me inclino a pensar que son las que han provocado que el gobierno se haya visto obligado a hacer algunas modificaciones, un “viraje”, una “apertura”, como lo queramos llamar. La supuesta “normalidad”, la “apertura”, el “arreglo” del país, etc., que es indudable y se debe reconocer y “celebrar”, pues cualquier decisión que mejore en algo, por mínimo que sea, la situación del golpeado y maltratado pueblo venezolano debe ser bien recibida. Al levantarse algunos controles, la situación es aprovechada por sectores económicos y algunos emprendedores con capacidad de resistencia y demostración de algunas potencialidades que aún quedan en el país y desde luego que mejora la situación de un sector de la población, no muy grande, más bien ínfimo, que tiene acceso a dólares, de ahorros, de remesas… o mal habidos. Pero es un error pensar que es una situación permanente o un cambio del modelo económico, no me parece que haya elementos que sustenten esa apreciación o buen deseo de algunos.

Objetivos de sanciones y negociaciones

 Lo que tampoco entiendo −y los firmantes de la “carta de los 25” no lo explican− es: Si las sanciones económicas y financieras se eliminan, pero se mantienen las personales, ¿cuál es el “beneficio” del régimen en la negociación?

 Ese es un punto que se debe examinar y no se ha hecho, ni se ha abordado claramente en ninguna de las cartas, apenas se ha tocado “lateralmente” en toda esta discusión sobre sanciones y negociaciones. El punto es: ¿Cuál es el objetivo de las sanciones?: ¿Ejercer una presión que obligue al gobierno a renunciar, a dejar el poder?; o ¿Qué lo obligue a sentarse a negociar una salida constitucional a la crisis?

 En mi opinión, y no teniendo nosotros otra fuerza, las sanciones internacionales deben servir para obligar a una negociación, para que la oposición democrática y el régimen lleguen a un acuerdo, que permita una salida al régimen −pues ninguna negociación es gratis o de un solo lado− a cambio de realizar elecciones libres, democráticas, justas, equilibradas y supervisadas internacionalmente, que garanticen que los resultados serán respetados por todos. Y mientras eso ocurre, mientras dure la negociación −que no serán ocho días− y se llegue a ese proceso electoral, se debe mejorar de manera urgente la situación económica del país, con apoyo internacional, sobe todo aquella que afecta más a la población de menores recursos.

 En conclusión, a pesar de que la argumentación en contra o a favor de las sanciones es un verdadero galimatías, e intrínsicamente contradictorios algunos argumentos, hay una especie de consenso en que las sanciones generales, económicas y financieras se deben revisar, para eliminar las que afectan a la población; pero, se deben mantener e incluso intensificar, las sanciones personales.

 

 https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

 

 

 

CICLO DE FOROS “PENSANDO LA CIUDAD DESDE LA CIUDADANÍA”

El Proyecto InnovaVenezuela, Caracas Ciudad Plural y Venezuela Competitiva llevaron a cabo el Ciclo de Foros Pensando la ciudad desde la ciudadanía, motivados por el interés de construir tejido social y transitar hacia un desarrollo sostenible en Venezuela, fundamentados en la restitución de la gobernabilidad, el reimpulso de la economía y la mejora de los niveles de competitividad del país.

Bajo la moderación de Beatriz Cisneros, Pensando la ciudad desde la ciudadanía fue un canal para reflexionar sobre la incidencia de la participación de los diversos actores locales en la definición de las políticas públicas y sobre la capacidad de los gobiernos locales de cerrar la brecha entre tales políticas y las expectativas de los ciudadanos para dar respuesta efectiva, mediante proyectos susceptibles de reflejarse en términos de desarrollo humano y de sólida institucionalidad.

En cuatro episodios conversamos con ciudadanos y con representantes de gobiernos locales -pasados y en actual ejercicio de funciones- que han asumido el crucial desafío de asociar capacidades individuales y colectivas, públicas y privadas, para rescatar el “alma” de sus ciudades, reinventarlas, recuperar su capacidad competitiva y así, garantizar prosperidad y bienestar a sus habitantes. Los ciudadanos de este país aspiramos a salir del rezago histórico que nos ha llevado a ubicar a Venezuela entre los menos competitivos del mundo; lograrlo depende de iniciativas como las expuestas por nuestros invitados y de no esperar el momento perfecto para dar el primer paso.

En el Episodio 1 estuvimos en Barquisimeto con dos Directores del Consejo Consultivo de esa ciudad, Milagro Gómez de Blavia y Reinaldo Rojas, así como con Gerardo Puleo, ex Director de Planificación de la Alcaldía de Iribarren (2013-2017),   https://www.youtube.com/watch?v=asJ-Wc1pnec. En el Episodio 2, estuvimos en Caracas, con Zulma Bolívar, ex Presidente del Instituto Metropolitano de Urbanismo y con Cheo Carvajal, Director Fundador de Ciudad Laboratorio. https://www.youtube.com/watch?v=y814vgcElD0. En el Episodio 3, estuvimos en Valencia, con Edicson Leal, Director de Valencia La Nuestra y con Dennis Miraldo, Comisionado de Cultura y Patrimonio Histórico de la Alcaldía de Valencia. https://www.youtube.com/watch?v=srJQM6GgSzA&feature=youtu.be. En el Episodio 4 tuvimos como invitados al Alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, así como a Amaya Briner y Efraín Rincón, miembros de la Comisión ciudadana Maracaibo 500, representantes del mundo empresarial y del mundo académico de esa ciudad https://www.youtube.com/watch?v=yMQT5he9xhw.

Para cerrar el ciclo de foros, acompañando el propósito de Venezuela Competitiva de diseñar el Indice de Competitividad de Ciudades, como mecanismo para promover y estimular la excelencia en la gestión local en las ciudades de nuestro país, quisimos conocer y compartir la experiencia del Consejo Privado de Competitividad de Colombia, quienes junto a la Universidad del Rosario coordinan el Índice de Competitividad de Ciudades del vecino país desde 2018 https://www.youtube.com/watch?v=6gKsoIjh0UY.

23 Recomendaciones para Venezuela en materia electoral

 

El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sugiere 23 importantes recomendaciones que, a partir de los observado el pasado 21 de noviembre, apuntan a mejoras del proceso electoral y al fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela, las cuales se deben traducir en una ruta de trabajo para el Estado venezolano y en una agenda de exigencia de derechos por parte de la ciudadanía.

Estas son:

1. Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del TSJ, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del Poder Electoral.

 

2. Definir claramente las responsabilidades de las juntas electorales regionales y municipales y reforzar su autonomía.

 

3. Publicar toda la información electoral relevante de manera clara y oportuna para cumplir con la disposición legal de transparencia del CNE.

 

4. Llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los votantes cómo votar por diferentes opciones políticas en elecciones simultáneas.

 

5. Facilitar el acceso al voto de personas detenidas con derecho a votar.

 

6. Proporcionar más opciones para que los votantes, incluidos los venezolanos que viven en el extranjero, actualicen su información fuera de los períodos electorales, con el fin de mejorar la precisión del registro electoral y medir mejor las tasas de participación electoral.

 

7. Modificar los plazos de sustitución de candidatos por parte de los partidos políticos para que finalicen con más antelación antes del día de las elecciones y aparezcan los candidatos definitivos en la boleta, con el fin de garantizar el derecho de los votantes a un voto informado.

 

8. Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.

 

9. Notificar a los candidatos el resultado de sus solicitudes y divulgar la información relativa a la inscripción, sustitución, renuncia o rechazo de los candidatos, para aumentar la transparencia.

 

10. Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña.

 

11. Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales.

 

12. Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.

 

13. Dar a conocer qué institución es la responsable de la gestión de los datos de la plataforma Patria, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos, con qué fines, y cómo solicitar la rectificación de los datos personales y darse de baja de la base de datos, de acuerdo con el derecho constitucional de acceso a la información.

 

14. Abandonar las políticas dirigidas a manipular la conversación pública en las redes sociales, así como el uso de cuentas institucionales con fines proselitistas, prácticas que no se ajustan a los estándares internacionales de libertad de expresión ni a la Constitución y leyes venezolanas, para que los ciudadanos tengan derecho a formar su opinión libre de inducciones o injerencias de cualquier tipo, incluso en las redes sociales.

 

15. Aumentar las capacidades y los recursos humanos necesarios para que el CNE realice un monitoreo sistemático de las redes sociales, con el fin de sensibilizar a la población sobre las violaciones de las normas de campaña y permitir una respuesta judicial adecuada y oportuna.

 

16. Garantizar la paridad horizontal de género en las candidaturas a cargos políticos.

17. Llevar a cabo elecciones directas para representantes indígenas, con base en un registro de votantes indígenas, con una campaña integral de educación cívica y electoral, y realizadas el mismo día que las de la población general.

 

18. Llevar a cabo un programa exhaustivo para mejorar las medidas de inclusión de personas con discapacidad, que incluya el refuerzo de la educación e información al votante y soluciones técnicas para evitar el voto asistido.

 

19. Modificar el marco legal para garantizar la libertad de movimiento y expresión de los observadores, asegurando que los observadores electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstáculos indebidos.

 

20. Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa con el fin de aumentar la presencia de miembros de mesa capacitados y acreditados, considerando una combinación de medidas de incentivos y sanciones.

 

21. Definir el papel de los coordinadores de los centros de votación y asegurarse de que están formados para no exceder sus competencias.

22. Proporcionar instrucciones claras y formación a las fuerzas del Plan República para enfatizar el carácter civil de las elecciones y asegurar que las fuerzas militares se ciñan a sus funciones sin exceder sus competencias.

 

23. Establecer procedimientos y responsabilidades claras para el control de entrada a los centros de votación y la verificación de acreditaciones, dirigidas tanto a los coordinadores de centro como a los miembros del Plan República, con el fin de garantizar que testigos de partidos, observadores y representantes de medios de comunicación acreditados tengan acceso a los centros de votación.

 

Consideramos un paso muy importante la presencia de la Unión Europea como observador internacional para hacer seguimiento y emitir un informe independiente e interno sobre el proceso electoral, ya que permitió una evaluación independiente e imparcial sobre las condiciones electorales que existen en Venezuela y que no han sido suficientes para considerar que existen elecciones libres, auténticas y democráticas.

 

Asimismo, este mecanismo de observación electoral internacional permitió recibir recomendaciones que sientan un precedente y una base de exigencia de derechos necesaria para la recuperación de la institución electoral y los derechos políticos de la ciudadanía.

 

Fuente MOE UE