La economía venezolana sufre un severo colapso. Después de varios años de precios petroleros históricamente elevados cabía esperar que esos ingresos extraordinarios hubiesen servido para solucionar los problemas sociales del país y encaminarlo hacia una economía sustentable y diversificada. Eso es lo que hicieron otros países de la OPEP que supieron aprovechar la bonanza.
Pero el gobierno optó por exacerbar el gasto público canalizándolo hacia políticas de corte fuertemente populista. No conforme con ello, desvió buena parte del ingreso petrolero venezolano hacia otros países de la región con el fín de extender su ideología más allá de nuestras fronteras.
Tal concepción no era viable si el ingreso petrolero no se mantenía indefinidamente en expansión. Ahora bien, ese ingreso depende de dos variables: el precio del petróleo y el volumen de producción.
El precio es una variable exógena y el volumen depende de que se mantengan altos niveles de inversión en las diferentes áreas que conforman la industria de los hidrocarburos.
Con incomprensible falta de visión el gobierno creyó que los precios del petróleo se mantendrían para siempre en alza y su prioridad fue el control político de PDVSA.
Despidió a más de 20.000 trabajadores de nuestra casa matriz que en promedio tenían más de 15 años de experiencia. Por tanto lanzaron al cesto de la basura más de 300.000 años de experiencia y conocimiento. Representaban más del 50% del personal total de PDVSA pero cerca del 75% de la llamada nómina mayor donde se concentraba la mayor parte de esos conocimientos, destruyendo así el cerebro de la casa matriz.
Partidizaron la empresa al extremo de convertirla en el brazo del partido de gobierno. Desvirtuaron su misión y, de ser una empresa petrolera, la transformaron en una agencia gubernamental que cumplía mil funciones ajenas a la que le corresponde. Los niveles de eficiencia de PDVSA se desmoronaron.
Se lanzaron a una política de expropiación de innumerables empresas de servicio que eran indispensables para el funcionamiento de la industria. A ello se le suma el efecto del control de cambio que desestimuló las inversiones petroleras. Como si lo anterior fuera poco aprobaron una Ley Orgánica de Hidrocarburos, vía Habilitante, sin consultar a nadie y cargada de dogmatismo, inviable ante una caída del precio de los hidrocarburos. Dicha legislación entró en conflicto con empresas que venían de suscribir contratos que fueron el resultado de un exhaustivo proceso de negociaciones, consultas, licitaciones y aprobaciones, tanto a nivel de la propia PDVSA y sus filiales como de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso Nacional.
En conjunto las inversiones que tanto PDVSA como los inversionistas privados se habían comprometido a realizar alcanzaban a unos 65.000 millones de dólares. Gracias a ellas la producción petrolera venezolana hubiese podido superar los 5 millones de barriles diarios.
Sin embargo la OPEP nos informa que para el mes de marzo la producción se ubicaba en una cifra del orden de 1,5 millones de barriles diarios y que durante el año 2017 había caído en 649.000 b/d. Al proyectar esa caída, se estima que al finalizar el 2018 el nivel de producción podría ubicarse en cerca de 1,2 millones de barriles diarios o incluso menos.
Pero no se limita el daño al tema de la producción. Nuestras instalaciones petroleras y en particular nuestras refinerías se encuentran en una condición deplorable y según los analistas están operando por debajo del 35% de su capacidad.
Las pérdidas para Venezuela son incalculables. Habiendo sido tradicionalmente exportadores, hoy nos vemos obligados a importar gasolina para atender la demanda nacional. Importamos también, a un costo elevadísimo, crudos ligeros y naftas (que ya no producimos) para usarlos como diluyentes de los crudos extra pesados que producimos en la Faja del Orinoco. Antes los podíamos convertir en crudos sintéticos de alto valor, al procesarlos en nuestras plantas mejoradoras de Jose, recurriendo a insumos provenientes de nuestras propias refinerías.
El incumplimiento de contratos nos ha llevado a enfrentar numerosos arbitrajes internacionales que casi sistemáticamente perdemos, lo que pone en riesgo la propiedad de nuestras refinerías y activos en el exterior. A ello se suma el incumplimiento de obligaciones financieras que han colocado a PDVSA en situación de default “selectivo”. También el incumplimiento de obligaciones comerciales ha conducido a que vitales empresas de servicios estén progresivamente retirándose y tirando a pérdidas en sus respectivos balances inmensas cantidades de dinero que PDVSA les adeuda.
Pero quizá lo peor es que de ser la empresa que más aportaba al bienestar de Venezuela, bajo esta administración PDVSA se ha transformado en la que más contribuye al empobrecimiento de los venezolanos. El creciente déficit en su flujo de caja la obliga a recurrir a constantes auxilios financieros del BCV, siendo la causa fundamental del crecimiento de la liquidez monetaria en el país. El dinero sin respaldo así emitido se incorpora a la masa monetaria y demanda bienes. Pero ante la inmensa escasez de bienes de todo tipo, empezando por alimentos, su efecto no es otro que una fuerte presión sobre los precios llevándonos a la triste condición de ser el país con mayor hiperinflación en todo el mundo. El FMI la estima en 14.000% en el 2018. Paralelamente, al no encontrar bienes que comprar, esos excedentes monetarios se desvían hacia la compra de dólares en el mercado paralelo, siendo la causa última de la severa devaluación que padece el Bolívar.
Y como si todo lo anterior fuera poco, los venezolanos nos sentimos abrumados y avergonzados ante la ola de acusaciones de corrupción que día a día estallan en el entorno de PDVSA.
En tal sentido alertamos sobre los efectos que pudiera acarrear el Decreto No. 3368 del 12 de abril del 2018 que autoriza en todas las actividades de la industria la “adquisición y ejecución de obras mediante la modalidad de adquisición directa” obviando los procesos de licitación en PDVSA, lo cual podría conducir a una vorágine de corrupción, tal como ocurrió con el sector eléctrico cuando, con la excusa de la emergencia eléctrica, se procedió a la suscripción de grandes contratos sin licitación.
Es indispensable la reactivación de nuestra industria de los hidrocarburos bajo la dirección de expertos en la materia. No es suficiente tener vastas reservas petroleras en el subsuelo. Se hacen necesarias fuertes inversiones cuyo efecto multiplicador podría extender su manto revitalizador a todo el ámbito de la economía nacional. El Estado carece de los recursos para ejecutarlas, lo cual obligará a una mayor participación del capital privado. Habrá que establecer reglas claras producto de un acuerdo nacional, respetar la propiedad privada, habrá que restablecer la seguridad jurídica y restaurar la confianza de los inversionistas. Un Estado que se respete, tiene también que respetar los derechos de los demás. El Estado debe ser exigente al máximo en la defensa de los intereses nacionales, pero para ello tiene también que ser exigente consigo mismo a la hora de respetar los contratos que se suscriben.
Quienes suscribimos proponemos un amplio debate nacional sobre este tema. De mantenerse el rumbo actual, podríamos condenar a generaciones de venezolanos a vivir en la miseria a pesar de habitar en uno de los territorios más ricos del mundo. Esto tiene que cambiar.
José Curiel Rodríguez.
Américo Martín Estaba.
Humberto Celli Gerbasi.
Oswaldo Alvarez Paz.
Lewis Pérez Daboin.
José Toro Hardy.
Emilio Figueredo Planchart.
Alberto Herrera.
Pedro Pablo Alcántara.
Gustavo Velasquez Betancourt.
Gustavo Conde.
Walter Boza.
Gorka Carnevali Perez.
Alirio Oliveros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario