La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este martes 28 de noviembre de 2018, la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, que abarca gran parte del estado Bolívar, Delta y Amazonas, todas las áreas protegidas, este articulado, en consecuencia, deroga el Decreto de creación del Arco Minero.
La elaboración de dicha ley estuvo a cargo del antropólogo Alexander Luzardo, ex senador, doctor en Derecho Político y Ambiental, y quien fue el autor de las normas ambientales de la Constitución, y fue aprobada en forma unánime por todo el parlamento.
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| Alexander Luzardo, Antropólogo. |
“Esta ley trata de proteger los tepuyes, las reservas forestales, como la del Caura; la reserva federal de Imataca; gran parte de la cuenca del Caroní; la reserva forestal de La Paragua. De modo que se le da un rango mayor de protección, dada la importancia estratégica que tiene para el país, por ser los reservorios de agua más importantes en condiciones de pristinidad” expresó el Antropólogo.
En declaraciones exclusivas para Noticiero Digital, Luzardo explicó que perseguía proteger la riqueza de la biodiversidad que está representada en el Amazonas, en Guayana y el Delta, y que, en ese sentido, él estaba hablando de un área geográfica que comprende 60% del territorio nacional.
“Allí están todas las áreas protegidas: parques nacionales, reservas forestales, monumentos naturales; que fueron creados en nuestro país desde comienzos de la década de 1960; como el parque nacional Canaima, la reserva forestal de Imataca los cuales fueron creados por decretos. Ahora se le da un mayor rango de protección por ley, no por decreto. No podrán ser derogados, como lo está procediendo ahora el gobierno con el tema del Arco Minero”.
Luzardo agregó que además esta ley protege la cuenca estratégica del Caroní, teniendo presente que le ofrece a Venezuela la posibilidad de contar con su hidroelectricidad; una cuenca que califica de invaluable que ningún recurso ni el oro ni el diamante tiene los valores de esta cuenca, puesto que va más allá de lo económico, ya que, a su juicio, esa cuenca equivale entre 500 a 800 mil barriles de petróleo diario.
“Se convierte la cuenca del Caroní en una reserva de la biósfera, que es una figura novedosa, que se acaba de implementar a través de la Unesco, y entonces se le da un rango mayor de protección. La reserva forestal de Imataca pasa a ser una reserva de la biósfera, y, a ese respecto, se declara parque nacional”.
Luzardo señaló que se crea una zona costera del Orinoco de 50 kilómetros de ancho, desde la desembocadura del río Cuchivero, hasta la desembocadura del propio Orinoco en el océano Atlántico, a los fines de proteger la biodiversidad, los bosques, los paisajes naturales, sin desmedro de las actividades agropecuarias, ecológicas, reforestación, pesqueras, acuíferas, recreativas, culturales, científicas, tecnológicas, turísticas, que se llevan a cabo en la zona.
“La extensión de las áreas protegidas por especial importancia que se crean allí, es la misma que fue creada por los decretos, que se emitieron desde el año 1961, hasta la reciente área creada del Parque Nacional Caura, cuyo planteamiento inicial fue en el año 2016 cuando yo proyecté su ley de creación, a petición de la Comisión Mixta de la AN, que preside el diputado Américo de Grazia; donde participó también la Comisión de Ambiente, que preside el diputado Luis Parra; el Parlamento Amazónico, que preside el diputado Ramón Flores; además de la Comisión Legislativa Ordinaria, que preside Omar Barboza”.
Asimismo, agregó Luzardo, que se crea el Parque Nacional con la Reserva Forestal de La Paragua, ya que es vital para todos los servicios ambientales tomando en cuenta que forma parte de la reserva del Caroní, es decir, todo lo que es la zona protectora del estado Bolívar; la Reserva Hidráulica de Icabarú; el Parque Nacional Parima Pecón; el Parque La Neblina; el Parque Nacional Cerros Duida y Marahuaca; el Parque Nacional Yacapana, que está siendo destruido, según señaló, así como el Parque Nacional Canaima.
“Se le da una mayor figura de protección, por ley, lo que está creado por decreto para que no vengan con un plumazo como hicieron con el Arco Minero, que tratan de borrar ya figuras creadas por el propio Estado, a través de decretos. Ya no es por decreto, ahora es por ley; de modo que para desagregar o tomar una decisión con respecto a cualquier área protegida, dado que son vitales para las reservas de agua del país, se exige que sea por medio de la autorización de la AN, y habiendo sido aprobada la solicitud por una mayoría calificada”.
Indicó que se crea el Parque Nacional Sipapo en el Amazonas, y que la ley también comprende los monumentos naturales como los tepuyes, a los que se les ofrece asimismo una protección, en ese sentido que la zona biósfera del Alto Orinoco, Casiquiare, que tiene ocho millones de hectáreas, también pasa a formar parte de esta megareserva, lo mismo que el Parque Nacional Delta del Orinoco.
“Estas figuras casi todas fueron creadas, digamos, por la democracia; es decir, todo el sistema de parques y monumentos el cual está siendo devastado en la actualidad. Se trata de ofrecerle un escudo protector a ese territorio, a objeto de que no sea destruida puesto que se trata de reservas insustituibles, como dice el artículo 1 de la ley”.
Al establecer una síntesis de la misma, dijo que la ley no sólo vela por la protección de los reservorios de agua dulce, sino también por la biodiversidad y por la energía, que calificó de limpia, puesto que está representada por la energía hidroeléctrica del Caroní.
“Esto es importante puesto que se establecen unos criterios de sustentabilidad. Así en el artículo 4 se expresa que en ningún caso se desagregarán, colonizarán, desafectarán o enajenarán las áreas protegidas por la importancia ecológica, de las cuales dependen las reservas insustituibles de agua dulce y biodiversidad, para actividades mineras u otras nocivas. Se prohíbe igualmente el uso del mercurio, el cianuro en las actividades mineras”.
Al referirse al caso de las comunidades indígenas que pueblan la zona, Luzardo indicó que en la ley se establece que hay que proceder a la demarcación de dichas comunidades, de acuerdo a lo que ordena la Constitución, de una manera sustentable; ya que, a su juicio, se está viviendo una situación de una estrategia malévola, a través del Decreto 3.110 del presidente Hugo Chávez; una estrategia que busca implosionar las áreas protegidas desde dentro; precisamente, usando a los propios indígenas y a otras comunidades locales, ante las necesidades de hambre existentes para que se conviertan en agentes destructores.
“Eso es lo mismo que ha ocurrido con los militares, que los convierten en agentes destructores del país, a través de su participación en la minería. Esta ley también deroga la empresa minera militar Camimpeg, que fue creada mediante un decreto; así como deroga el Decreto 3.110 denominado Plan de Ordenamiento y Reglamento del Uso de la Reserva Forestal de Imataca”.
Agregó Luzardo que, finalmente, deroga el Arco Minero; el Decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, emitido por Nicolás Maduro, con una extensión de 12 millones de hectáreas.
“Se trata de una ley de 24 artículos; una ley corta, con cinco títulos; que contiene lo que yo llamo los tentáculos de la sustentabilidad, y la cual será publicada en una Gaceta especial, que creará la AN, en vista de que el Ejecutivo, se negará a publicarla en la Gaceta Oficial”.
Con Información de Noticiero Digital.
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