Ismael Pérez
Politólogo
23/08/2019
Cuando vemos que desde hace algún tiempo
conspicuos voceros del régimen están negociando con los Estados Unidos, se
supone que alguna salida –individual o general– a la crisis venezolana, es
inevitable traer a la memoria la frase de Sir Winston Churchill, cuando en 1945
se le preguntó si estaría dispuesto a negociar la paz con Hitler y dijo que
hasta sería capaz de “negociar con el diablo”; eso dirían hoy los EEUU.
No es de extrañar que el régimen
emprenda esa y cualquier otra negociación, pues la búsqueda de la
“gobernabilidad” es uno de los objetivos que persigue desde que aceptó negociar
directamente con la oposición y ahora con los EEUU.
Ese objetivo, la búsqueda de la
gobernabilidad, es lo que hace que el régimen persista en negociar con la
oposición y persiga en las negociaciones el levantamiento de las sanciones internacionales
a las que está sometido, especialmente contra PDVSA y el BCV. La dictadura
está, desesperadamente, en la búsqueda de recursos.
Actualmente la proyección anual de
ingresos del régimen no llega ni siquiera a 15 mil millones de dólares y esos ingresos
se verán disminuidos por la aplicación de las sanciones. La dictadura sabe que
con esos recursos no tiene para mantener las cosas que le importan, es decir:
los “negocios”, demandas y exigencias de la coalición de poder –militares,
“hombres de negocios”, altos funcionarios y jueces– que lo apoya y sostiene.
Tampoco esos ingresos alcanzan para proseguir su proselitismo populista y mucho
menos para cubrir el gasto normal del estado, por lo que se le hará mucho más
difícil al gobierno usurpador mantener la gobernabilidad en el país. Solo le
quedará, como está ocurriendo, sustentarse en la aplicación de la fuerza y la
represión. Pero, cualquier libro de texto elemental de política nos dice que la
única manera de gobernar, no solo la mejor, es aquella que cuenta con el
consentimiento de los gobernados, no con el “temor” de los mismos, que parece
que es el empeño de esta dictadura.
La gobernabilidad, la capacidad de
gobernar, es un objetivo que persigue cualquier gobierno para garantizarse su
existencia. Pero la gobernabilidad es el resultado de la combinación de dos
factores; uno es la legitimidad de sus actos frente a los ciudadanos y el otro
es la eficacia del gobierno en el desempeño de sus funciones; legitimidad y
eficacia son pues las dos caras de la gobernabilidad.
¿Es este gobierno legítimo? Desde luego
que no. La llamada legitimidad de origen no existe; lo ocurrido en mayo de 2018
es un acto ilegal, irrito e ilegítimo, desconocido por la mayoría del pueblo
venezolano – al tenor de todas las encuestas– y por buena parte de la comunidad
internacional; y por si fuera poco, a este gobierno –al tenor de la crisis
económica– le resta muy poco de esa legitimidad que llaman de desempeño, que es
aquella que se logra durante el ejercicio del poder, para fortalecer la
legitimidad de origen obtenida en un proceso electoral, que como sabemos éste
no es además el caso.
La continuación y exacerbación,
violenta, de la crisis política por parte del gobierno y sus seguidores nos
hace vislumbrar una creciente pérdida de la legitimidad y gobernabilidad, que
por los cientos de manifestaciones diarias de protestas, por los más variados
temas, hacen cada día más difícil la continuidad del régimen por vía pacífica.
Veamos ahora el segundo aspecto: ¿Es
este gobierno eficaz?, sin duda tampoco, pues la eficacia es la capacidad de
cumplir objetivos y no cabe duda que la ineficacia es una de las
características fundamentales del chavismo/madurismo; en el país se ha
dilapidado la friolera de más de 900 mil millones de dólares desde 1999 sin que
se vean resultados y efectos significativos; todo lo contrario, lo que se ve es
devastación, que han hundido y condenado al país a la peor crisis económica de
su historia, perdiendo la oportunidad de los increíblemente altos precios
petroleros que disfrutó este régimen, para impulsar al país a la modernidad y
el crecimiento sustentable.
Todos los valores con los que pudiéramos
medir la eficacia de un gobierno, en Venezuela están alterados; no hace falta
enumerar los indicadores e índices que demuestran la total ineficacia del
régimen que tenemos desde 1999, los resultados están a la vista de todos, hasta
de ellos mismos. La dictadura no tiene forma de compensar la caída de ingresos
que ha ocasionado en el país con su pésimo desempeño económico, por eso se
concentra en buscar y tratar de lograr que se retiren las sanciones aplicadas
por los EEUU y la Unión Europea, pues con la limitación de recursos en divisas
y otras limitaciones financieras, económicas y comerciales que las sanciones
acarrean, la posibilidad de “gobernar”, de mantener un cierto “orden”, un
cierto apoyo popular sin acudir a la represión masiva, se vuelve cada vez más
complejo.
Por lo pronto, la crisis económica
desmiente la capacidad del régimen de alcanzar cualquier objetivo
convirtiéndolo en el más ineficaz gobierno desde 1830. La ilegitimidad la
“compensa” el régimen con represión y violencia; pero la ineficacia no es
posible hacerlo con políticas económicas socialistas que han sido un fracaso en
todo el mundo a lo largo de toda la historia y sin recursos económicos para
hacer populismo, mucho menos; de allí el empeño de eliminar las sanciones para
intentar paliar los efectos de la violencia que la dictadura se ve obligada a
desplegar y de allí que ahora deban buscar una fórmula para regresar cuanto
antes a la mesa de negociación de Barbados.
Pero hay un aspecto más a tomar en
cuenta en este tema. Lo que tenemos a la vista, la crisis humanitaria y la
hiperinflación, basta para conformar el cuadro de ineficacia que nos explicaría
la pérdida de legitimidad de cualquier gobierno; pero tener conciencia de esto
no es un proceso automático. La conciencia de la ineficacia es un problema de
expectativas y de percepción subjetiva de cuál es la causa y raíz de un
problema. Si no hay una conexión contundente entre la grave situación y la
responsabilidad directa del régimen, no se producirá un cuestionamiento que
lleve a continuar deslegitimando al régimen en los escasos sectores populares
que aún lo apoyan.
Por lo tanto, dos son las tareas
políticas del momento que la oposición al régimen debe emprender y continuar
sin dilación: primero, lograr que los sectores populares, en general y sobre
todo los que aún lo apoyan, hagan la conexión entre los problemas que nos
aquejan y su responsable: la dictadura que usurpa el poder en el país; y
segundo, comenzar a divulgar, masivamente, entre la población, cuáles son las
propuestas de políticas y planes que tiene la oposición democrática para
superar la aguda crisis en la que está sumido el país.
La organización o líder político que por
el inmediatismo de asumir el liderazgo opositor, o por mezquindad en no reconocer
el liderazgo de otros, no se concentre en las actividades mencionadas y en
procurar que los responsables de ellas, la dictadura, sean señalados y paguen
el precio político, está cometiendo un grave error político, del cual el pueblo
–a él o a ellos– les pasará factura.
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