Por: Marianela Escalona Montesinos.
Ponentes:
Transparencia Venezuela
Mercedes De Freitas. Directora Ejecutiva.
Desirée González. Coordinadora del Observatorio de
Programas Sociales.
Jhuan Medina. Coordinador de la Región
Capital.
Transparencia Venezuela es una organización
dedicada a la promoción de herramientas, conocimientos y procedimientos para la
lucha y prevención de la corrupción en Venezuela, que es uno de los principales
flagelos que afectan a nuestra sociedad.
Esta organización realizó recientemente una investigación llamada:
Cuarentena: ¿Aislamiento Social como anillo al dedo?, con el fin de conocer en
forma exhaustiva la situación actual del país y cómo la situación
extraordinaria de pandemia y de Emergencia Nacional han incidido en la ciudadanía,
tanto en la afectación de sus derechos como en sus rutinas.
Esta investigación está dividida en tres grandes bloques o capítulos:
I.-Escenario venezolano antes de
la pandemia. Emergencia Humanitaria Compleja.
A partir de 2015 se ha profundizado en Venezuela una crisis en lo político,
social y económico, que se ha manifestado en escasez de alimentos y medicinas,
aumento del índice delictivo, auge de la economía informal, debilidad
institucional, éxodo masivo, agudización de la pobreza, etc. Toda esta grave situación
es producto de políticas gubernamentales que han socavado el estado de derecho,
han incentivado la corrupción, vulnerado los derechos fundamentales y generados
la actual Emergencia Humanitaria Compleja, ya reconocida internacionalmente.
Uno de los aspectos de la Emergencia Humanitaria Compleja es la crisis
en el sector salud, que actualmente presenta un complejo escenario
caracterizado por la opacidad en el acceso a la información pública acerca de: el
uso de los recursos presupuestarios, la operatividad de los Centros Asistenciales,
difusión de Boletines Epidemiológicos, etc., lo cual ha incidido gravemente en
la vulneración del derecho a la salud de los venezolanos.
Otro aspecto igualmente importante tiene que ver con el sector
alimentos. El programa social "Comité Local de Abastecimiento y Producción"
(CLAP), además de ser improvisado, es discriminatorio y favorece la corrupción.
Este programa que ya tiene cuatro años, no ha cumplido con los compromisos básicos
del Derecho a la Alimentación de la ciudadanía. Por el contrario, existen
irregularidades en cuanto a la venta de estos alimentos y de sus cualidades
nutricionales.
La crisis de los Servicios Públicos es otro punto importante a considerar,
especialmente en el interior del país.
Con respecto al agua, solo el 16,7% de los hogares venezolanos
recibe el servicio de forma continua (según el Observatorio
Venezolano de Servicios Públicos) lo cual agrava la Emergencia Humanitaria
Compleja y la pandemia, porque no se garantiza a la población el suministro de
agua necesario para cumplir con las recomendaciones y evitar el contagio.
En cuanto al servicio eléctrico, las ciudades que presentan mayor
frecuencia de apagones son San Cristóbal, Maracaibo y Barquisimeto (según
OVSP). Esto incide en muchos aspectos esenciales como la educaciòn, la salud,
etc, desmejorando la calidad de vida.
En resumen, Venezuela vive una crisis de Servicios Públicos de manera
sostenida, siendo una de las causas de esta situación la falta de mantenimiento,
la fuga de talento y la corrupción.
Al revisar el aspecto económico, la pandemia llega a Venezuela con una recesión
económica desde hace 6 años y un PIB de -35% (datos del 2019). Las estimaciones
actuales indican una caída del PIB del 20% (según Ecoanalitica). En
consecuencia, el sector económico será uno de los más golpeados este año 2020.
La escasez de gasolina que antes afectaba principalmente al interior del
país, ahora es un problema nacional. Se afecta la movilidad
de la población y la satisfacción de derechos básicos como salud, alimentación
y prestación de servicios esenciales.
Al decretar el Estado de Alarma, el escenario político también se ha
visto afectado. El coronavirus llegó en medio de un nuevo ciclo de protestas y
movilizaciones de calle, como la realizada el 10 de marzo en Caracas y otras
ciudades, convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional. Estas
actividades fueron dispersadas por las fuerzas de seguridad.
Ante todo este panorama, es urgente hacer un diagnóstico y planificación
de las Instituciones Públicas con el fin de alcanzar niveles superiores de
Justicia Social, Equidad, Prosperidad e Igualdad, a través de un cuerpo
normativo y del cumplimiento del mismo.
Se debe potenciar a la ciudadanía en el desarrollo de capacidades en la
medida en que sus libertades y derechos se encuentren plenamente
garantizados.
Los entes administradores de justicia y de desarrollo de Políticas Públicas
han sido permeados por la corrupción y la opacidad, y el Tejido Social se ha
deconstruìdo debido a la institucionalización de la anomia en los ciudadanos.
II.-Medidas económicas y sociales
tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro para hacer frente a la pandemia.
La dinámica social ya convulsa cambió a un escenario de mayor
incertidumbre en diversos ámbitos:
- Se decretó un Estado de Alarma Nacional para combatir la pandemia,
enmarcado en el Estado de Excepción contemplado en el art.388 de la Constitución
vigente. ..."podrá decretarse el Estado de Alarma cuando se produzcan
catàstrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan
en peligro la seguridad de la nación..."
En este contexto se suspendieron las actividades educativas, espectáculos
públicos, también los pocos vuelos internacionales desde y hacia el país, etc.
Quedaron exceptuados de estas medidas los trabajadores del sector público y
privado de los sectores esenciales (salud, alimentación, electricidad, combustible,
recolección de desechos, seguridad, telecomunicaciones y transporte).
No hubo tiempo para que la ciudadanía se adecuara a las nuevas
restricciones, siendo los más afectados los sectores comercial y empresarial.
El vicepresidente sectorial para el área económica Tarek El Aissami, tomó
una serie de medidas destinadas a "proteger a la familia venezolana".
Dichas medidas son:
-Inamovilidad Laboral hasta el 31 de diciembre de 2020 (aunque la medida
ya existía).
- Plan Especial de Pago de Nómina a las pequeñas y medianas empresas y
comercios a través del sistema PATRIA.
- Programas de bonos al pueblo. Con montos irrisorios, la entrega
de los mismos obedece a la discrecionalidad ya que no se puede verificar
cuantas personas lo reciben, ni el criterio de selección de los
beneficiados. Al ser un reparto de dinero a discreción, se promueve la corrupción.
En algunos países latinoamericanos se han entregado bonificaciones
puntuales a los sectores más vulnerables, como parte de una política de protección
social frente a la emergencia y según sus necesidades. Los bonos dados por el
gobierno de Maduro no son permanentes en el tiempo ni permiten a los sectores más
vulnerables de la población la posibilidad de recuperarse económica y
socialmente de la situación de pandemia.
- Suspensión del pago de Arrendamiento por 6 meses.
-Inversión priorizada en alimentos a través del Plan de Compras Públicas
Centralizado.
- Suspensión, hasta por 6 meses, de los pagos de capital e intereses de
los créditos.
-Suspensión de la reclasificación de Riesgo Crediticio.
-Cartera Única Productiva e Inversión Financiera para sectores estratégicos.
- Exoneración de impuestos, tasas y pagos de cualquier arancel a la importación
de materia prima, bienes de capital e insumos.
Estas medidas fueron tomadas sin considerar las propuestas emanadas del
sector económico privado (FEDECAMARAS) que plantearon, entre otras,
-Garantizar el abastecimiento alimentario, de medicinas e insumos médicos.
-Garantizar el empleo y la seguridad sanitaria de los trabajadores.
- Prestación de servicios públicos y suministro de combustible.
- Establecimiento de condiciones financieras de emergencia.
- Flexibilización tributaria.
-Plan comunicacional para la prevención y control de la enfermedad.
- Aplazamientos de nuevas regulaciones legislativas o administrativas.
III.-Virus y Control Social: cómo
estas medidas han incidido en la ciudadanía.
La gran mayoría de los venezolanos vive del trabajo diario en un país
que sufre los estragos de una Emergencia Humanitaria Compleja. Existen muchas
denuncias sobre la acción de las autoridades civiles y policiales que han
vulnerado los derechos a la libertad personal y al libre tránsito en medio de
esta tragedia. Con el pasar de los días el control de la movilidad ha sido más férreo.
Desde alcaldes, gobernadores y hasta militares han comenzado a dictar
decretos y normas con fundamento en las medidas del gobierno nacional, generándose
abusos contra los ciudadanos que han debido quebrantar la cuarentena.
El trato humillante, la aplicación de castigos y exposición al escarnio público
han sido evidentes. También se han aplicado multas y hasta detenciones.
La cuarentena también ha profundizado el control de la información. El
manejo comunicacional de la situación ha subrayado el carácter hegemónico de la
comunicación en Venezuela. La información sobre los casos de COVID-19 ha sido
centralizada y es notoria la ausencia de autoridades del área de salud en los
partes informativos, además de no haber presencia de la prensa (rasgo característico
en Venezuela desde hace varios años).
Por informar y denunciar han sido
detenidos periodistas y profesionales del sector salud. Persisten los bloqueos
a diversas Redes Sociales, caídas generales del servicio de internet, bloqueo
de páginas y plataformas informativas.
Todo esto se traduce en aislamiento y desmovilización
de la ciudadanía para evitar contagios ya que las medidas restrictivas
incidieron en el número de protestas registradas en el país. Sin embargo hay un
promedio de 24 protestas diarias, la mayoría por las fallas en los servicios públicos.
El eje transversal de esta cuarentena, que la hace muy diferente a la
que se vive en otros países, es la escasez de gasolina.
La extensión de la cuarentena por parte del gobierno se debió, según
algunos expertos, a la falta de combustible. Las protestas por este motivo han
aumentado en las últimas semanas.
Pareciera más un control social en un ambiente de fallas graves de los
servicios públicos fundamentales.
Venezuela vive en este momento una grave crisis bajo circunstancias
especiales. Una de ellas es el Estado de Emergencia Económica permanente, que está
en vigencia desde el año 2016, violentando la Constitución Nacional que establece
que su vigencia máxima es de 120 días.
Ante
el panorama aquí expuesto, Transparencia Venezuela considera que este es uno de
los factores que conforman el Patrón de Gran Corrupción que impera en el país,
porque se ha gobernado "en emergencia" durante 4 años sin solucionar
la situación económica, con el objeto de evadir el control constitucional que
debe ejercer la Asamblea Nacional sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
Los venezolanos estamos sometidos a circunstancias muy hostiles que han
acabado con nuestra calidad de vida. La corrupción, sin duda, viola los
Derechos Humanos. Cada vez que un venezolano no puede ejercer sus derechos, está
sufriendo las consecuencias de la Gran Corrupción.
En las investigaciones realizadas por Transparencia Venezuela, se
ha logrado identificar un patrón que se repite de forma sistemática en
todos los sectores y que pone en evidencia que en nuestro país está
establecido un gobierno con rasgos de Cleptocracia. A esta conducta sistemática
se le ha llamado “Patrón de la Gran Corrupción ". Es importante conocerlo
y entenderlo para que pueda erradicarse.
¿Qué hacer?
El punto de partida es entender que la Emergencia Humanitaria Compleja
es producto de la corrupción y esta ha destruido el desarrollo del país,
ha aumentado la pobreza, debilitado las instituciones democráticas,
profundizado las desigualdades e institucionalizado la
opacidad.
Todos los venezolanos hemos sido afectados por la Gran Corrupción, por
lo que la lucha contra ella tiene que provenir de todos los sectores del país
con una participación amplia, diversa e inclusiva de la sociedad, tomando
consciencia del problema y comenzando desde ya la lucha contra ella.
Se debe visibilizar el problema y los daños que causa, al mismo tiempo
que deben promoverse acciones que podamos ejercer para enfrentarlo, generar
incidencia y presionar los cambios. Es necesaria una transformación general en
el sistema. Se debe comenzar desde ya para que las condiciones se den y poder
recuperar el país.
Coalición Anticorrupción.
Es una propuesta concreta de Transparencia Venezuela que recoge
los aspectos más importantes desde donde se puede empezar, y que plantea una
exigencia real dirigida a los gobernantes, actuales y futuros, en el tema de la
lucha contra la corrupción. Es un movimiento que permite articular a la
sociedad de manera efectiva.
A esta coalición se han sumado más de 600 organizaciones de 14 estados
del país, quienes apoyan el mandato de la coalición, realizan actividades y
acciones reales en la lucha anticorrupción, están comprometidas en el
desarrollo directo o indirecto de iniciativas, que tengan interés en esta coalición de acuerdo a la naturaleza y misión de cada organización. También se
comprometen a aportar ideas e iniciativas en la lucha contra la corrupción,
incorporar el tema en sus espacios de incidencia y a participar en los eventos
y reuniones que organice la coalición.
¿Qué podemos hacer los
ciudadanos?
.- Debemos empezar rechazando cualquier acto de corrupción.
.- Formar y capacitar a la ciudadanía es fundamental.
.- Denunciar la corrupción, los graves daños que ocasiona y la
importancia de luchar contra ella.
.-Visibilizar el tema, trabajar con otros que tengan la misma preocupación
y que están conscientes de la necesidad de tomar acciones. Asumir la tarea y el
compromiso de hacer su aporte.
Otras consideraciones:
Diferentes organizaciones, entre ellas Transparencia Venezuela, han
documentado y denunciado las múltiples violaciones de Derechos Humanos en
nuestro país, ante organismos internacionales, así como el más reciente uso político
y de control social de la pandemia por parte del gobierno de Maduro. Existe una
apreciación internacional muy clara sobre lo que ocurre en Venezuela
La denuncia es un factor fundamental en la lucha anticorrupción y puede
hacerla cualquier ciudadano. Transparencia Venezuela ofrece asistencia
legal anticorrupción protegiendo la identidad del denunciante, a través de la aplicación
"dilo aquí".
Los ciudadanos tenemos una gran
labor por delante. La reconstrucción del país está en nuestras manos.
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