Urge autorizar el acceso del Programa
Mundial de Alimentos a Venezuela.
El Foro Interreligioso Social, instancia entre comunidades e instituciones
religiosas y organizaciones basadas en la fe, expresó preocupación por la
poca incidencia que el ingreso de la ayuda humanitaria ha tenido en la
población venezolana, debido a la dimensión de la crisis que existe en el país.
A través de un comunicado, los líderes de
la Iglesia Católica, la Comunidad Judía, el Consejo Evangélico de Venezuela, la
Confederación Unicristiana de Venezuela y la Iglesia Anglicana; coincidieron en
la necesidad de recoger el planteamiento y la preocupación de la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de
llamar la atención de las autoridades para que permitan el ingreso al país del
Programa Mundial de Alimentos. “Vemos con preocupación que el Estado venezolano no tiene hoy los
recursos ni las capacidades requeridas para mitigar los efectos de estas
privaciones que padece nuestro querido pueblo. Si bien celebramos los esfuerzos
humanitarios coordinados por agencias de Naciones Unidas y organizaciones
humanitarias nacionales e internacionales, así como el reciente acuerdo firmado
entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Asamblea Nacional y la
Organización Panamericana de la Salud, resaltamos que son aún muy insuficientes
dada la severidad de la emergencia que atraviesa nuestra población”; se señala
en el documento.
Indicaron que más de 9,3
millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria
aguda en el país, de acuerdo con un estudio del propio Programa Mundial de
Alimentos y alrededor de 17 millones de venezolanos ya estaban, en marzo de
2019, implementando estrategias de supervivencia y en riesgo de entrar en
inseguridad alimentaria aguda. Lo anterior, aunado a la presencia de la
COVID-19 y la escalada en el aumento de los contagios, colocan al país y a sus
ciudadanos en condiciones realmente dramáticas en términos de indefensión y
vulnerabilidad. Esta situación, que ha encendido las alarmas de las organizaciones sociales y de defensa
de los derechos humanos además de la comunidad internacional que sigue el proceso
de la crisis humanitaria compleja, ha sido alertada en estudios, reportes e
informes como el Reporte Global de Crisis Alimentarias
2020, el
Informe sobre Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de la COVID-19, realizado
por la FAO y la CELAC, los estudios realizados por el Instituto Europeo de Paz
y la reciente encuesta ENCOVI, adelantada por investigadores de la Universidad
Católica Andrés Bello.
“Lo que
internacionalmente se conoce como una “emergencia humanitaria compleja”, ahora
agravada por la pandemia, ha dejado como consecuencias inevitables, entre
otras, privaciones en los derechos a la salud, la alimentación, la educación,
los medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos”, expresaron
los religiosos, quienes reiteraron el llamado “sin dilaciones” a todos los
actores políticos y gubernamentales a trascender las posturas y a poner al país
en primer lugar en la agenda. “Tenemos una responsabilidad colectiva de
encontrar soluciones duraderas y de elaborar las propuestas desde el país que
tenemos, reconociendo sus clamores y demandas. La preocupante situación de
nuestra población exige de nosotros, del Estado venezolano y de todas las
organizaciones e instituciones sociales, económicas y políticas, adoptar con
urgencia medidas de acompañamiento para superar sus condiciones de
vulnerabilidad.”, concluyeron.
Para
bajar y leer el comunicado del FISV, pulse el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1T93CrJQlKj69XrZMWGFZLinvGT9YK9mA/view
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