Por Nelson Freitez Amaro
En el caso de
Venezuela, dada la metástasis del Estado de Derecho y la alta concentración del
poder público en el Poder Ejecutivo Nacional, se ha restringido y bloqueado en
forma creciente el conjunto de derechos civiles y políticos, que son los que en
última instancia, pueden garantizar el ejercicio de los derechos a la
participación política de la ciudadanía.
La Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999 bajo una enorme
expectativa social y política, sobre todo de los sectores excluidos de nuestra
sociedad –población indígena, agrupaciones ambientalistas ecologistas,
feministas, sindicales, juveniles–, ha sido sistemáticamente desconocida por la
actual élite en el poder, desde el tiempo de gestión del Comandante-Presidente
Hugo Chávez Frías.
El Proyecto
«Bolivariano» se ha basado en un modelo de control estatal de la economía –con
sistemáticas expropiaciones y controles a toda forma de empresa e iniciativa
económica–; de control político de los medios de comunicación –cerrando 48
emisoras radiales, 3 canales nacionales de señal abierta y «asfixiando» a 45
medios impresos nacionales y regionales que dejaron de circular al no
aprobarles acceso a las divisas–; interviniendo y destituyendo directivas de
partidos políticos a través de subterfugios legales del Tribunal Supremo de
Justicia –designado ilegalmente por una Asamblea Nacional Constituyente,
elegida al margen de la Constitución en el año 2017– e imponiendo dirigentes
que han sido escogidos por la cúpula del partido de gobierno por medio de
sobornos y amenazas.
Asimismo, el Tribunal
Supremo de Justicia, designado ilegalmente, ha dictado órdenes de detención,
sin el debido proceso a diputados electos en los comicios parlamentarios del
año 2015, los cuales pertenecientes a partidos políticos opositores fueron
electos por mayoría claramente holgada y proclamados por el Consejo Nacional
Electoral.
A partir de ese
momento, el partido de gobierno y la élite en el control del poder público y de
las Fuerzas Armadas, ha desplegado una creciente intervención de la
mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional electa, destituyendo a varios
diputados para evitar la amplia mayoría obtenida y declarándola en «desacato»
por lo cual ha emitido 43 sentencias para anular a sus actos y decisiones
legislativas.
De tal manera, que hoy
en Venezuela los derechos civiles y políticos consagrados tanto en la
Declaración Universal de DDHH como en la Declaración Americana, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en la propia Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, no pueden ser ejercidos por la
ciudadanía venezolana, por encontrarse conculcados por una élite en el poder
que:
1. Bloquea la libertad
de expresión, opinión y difusión, persiguiendo y deteniendo a periodistas,
líderes gremiales, sindicales y políticos que han opinado y denunciado las
violaciones a los DDHH en el país. En este momento, según el Foro Penal
Venezolano hay 394 «presos políticos» en Venezuela (268 civiles y 126
militares)
2. Persigue la libertad
de asociación política y de reunión, confiscando e interviniendo partidos
políticos e imponiendo directivas (7 partidos políticos han sido intervenidos,
incluso 3 que fueron aliados del actual grupo en el poder y apoyaron el
´proceso bolivariano´)
3. Designando un
Consejo Nacional Electoral al margen de la potestad legítima de la Asamblea
Nacional que ha alterado las condiciones y garantías requeridas para un proceso
electoral justo, transparente, competitivo.
Por eso puede
concluirse, que hoy en Venezuela el derecho a la participación política, según
los estándares del Derecho Internacional de DDHH, está seriamente confiscado,
además en medio de un agravamiento de la Emergencia Humanitaria compleja que
acosa al país, castigado por el incremento en marcha de la curva de contagios
de la pandemia del Coronavirus.
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