Nueva
arremetida contra la sociedad civil
Ismael Pérez Vigil
Politólogo
La
semana pasada celebramos, comentamos y criticamos el pronunciamiento en el cual
los partidos políticos de la oposición democrática ratificaron su compromiso de
lograr una alianza unitaria y su propósito de construir o ampliar su coalición
a un mayor número de partidos e incorporar a la sociedad civil para lograr unas
elecciones libres y la ayuda humanitaria que demanda el país.
Debo
reconocer que me ha decepcionado algo el “frio” recibimiento que ha tenido el
documento, en el sentido de que esperaba mayores reacciones, más numerosas y
fuertes, a favor o en contra, que las que he visto “circular” en redes sociales
o en los artículos de opinión de los hoy llamados “influencers”; quizás lo
debamos atribuir a esa situación de la cual habla el Padre Ugalde en su más
reciente artículo (“La hora de José Gregorio”, El Nacional, 15 de abril de
2021) y que lo lleva a invocar al Santo para implorarle el milagro que
necesitamos para sacudirnos de esa “parálisis que nos mata”.
Concluí
mi artículo de la semana pasada señalando que nos queda ahora una tarea
pendiente, cual es la de llevarlo a la discusión en todos los niveles, en
partidos y organizaciones de la sociedad civil, de donde surgirán las
propuestas de acciones concretas, sobre las cuales reconstruir la oposición. No
es esa, claro está, la única tarea pendiente, ni la única dificultad que
encontramos en la tarea de reconstruir a la oposición democrática; pero,
llegado a este punto debo abandonar el tema y dejarlo aún “pendiente” para una
próxima ocasión, pues ahora se ha presentado otro, cuya urgencia merece nuestra
atención.
Ya
he dicho en otras ocasiones (la más reciente https://bit.ly/3mWlhuM) que, la de
arremeter en contra de los ciudadanos y sus organizaciones, siempre ha sido una
de las estrategias del régimen, desde que asumió el poder en 1999. Se ha valido
para ello del TSJ, que a través de varias sentencias ha venido moldeando,
“rebanando” y restringiendo, considerablemente, el concepto de sociedad civil e
“interpretando” a su “estilo” la constitución y las leyes, han venido
disminuyendo, confiscando o menoscabando diversos derechos ciudadanos,
especialmente −pero no solo, como ya dije− derechos electorales.
A
principios de este año comentamos, y buena parte del país reaccionó, frente a
la agresión de los cuerpos represivos del estado en contra de los comedores de
Caracas Mi Convive −Alimenta la Solidaridad− en Miranda y Azul Positivo, en el
Zulia, entre otras. No se puede decir que se ha “conjurado” ese peligro −pues
con este régimen nunca se “conjuran” sus desmanes−, pero al menos pasada esa
emergencia, nos enfrentamos ahora a otra; esta vez revestida de Providencia
Administrativa que pretende, o mejor dicho, establece la creación de un
Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ese largo nombre
para indicar el organismo ante el cual deben registrarse las organizaciones de
la sociedad civil sin fines de lucro y consignar una serie de recaudos y
documentos como: acta constitutiva, estatutos, un listado de las
organizaciones, nacionales o extranjeras de las cuales reciban aportes o
donaciones, además de identificar a los beneficiarios de la acción de las
actividades de la organización y varios más.
Desde
luego que lo establecido en esta norma, de carácter sub legal, como lo es una
“providencia administrativa”, es completamente inconstitucional, pero demuestra
una vez más y perfectamente, cual es la verdadera posición del régimen con
relación a la sociedad civil.
No
sabemos que alcances pueda tener este nuevo dislate gubernamental, pero, se nos
ocurren dos hipótesis; una es que, a lo mejor, está “Providencia”, que nada
tiene de providencial, es desechada y su
autor o autores −que pretendieron ganarse el cielo con esa locura− corren la
misma suerte del alcalde de Yaracuy, aquel que marcó las casas de los
contagiados de covid, como si se tratara de familias listas para ser conducidas
a un campo de concentración; bajo la filosofía de “atajen a sus locos” los
autores de esta pudieran enfrentar −al igual que el alcalde nazi− alguna
acusación, de mentiritas, por supuesto, por parte de la Fiscalía ilegítimamente
designada por la ANC. La segunda hipótesis es que, como este régimen “no da
puntada sin dedal” y acostumbra lanzar “globos de ensayo”, si no se producen
reacciones, seguirá adelante con esta idea, que encaja perfectamente con su
mentalidad de “control y represión”, de sembrar miedo con este nuevo intento de
institucionalizar el “sapeo”, bien conocido por los venezolanos y al cual es
muy aficionado este régimen.
Como
quiera que no sabemos cuál de las hipótesis −sino ambas− resultará cierta, lo
mejor es que no nos quedemos inertes frente a la situación y procedamos de
inmediato, contra esta disposición. Se me ocurren tres vías:
- dar a conocer, difundir, nacional e
internacionalmente esta nueva locura e intento de control y represión por parte
del régimen, para que nadie quede desprevenido frente a esta posible o real
amenaza;
- aunque la experiencia nos indique que
acudir al TSJ del régimen a demandar y pedir justicia es inútil, creo que
podría causar impacto que una buena cantidad de organizaciones de la sociedad
civil, algunas de las cuales tienen buenas conexiones internacionales, acudan a
esa instancia judicial a demandar por inconstitucional, por ilegal, la nulidad
de esa Providencia Administrativa.
- de igual manera, la mayor cantidad
posible de organizaciones de la sociedad civil debemos dirigirnos a la Oficina
de las Naciones Unidas que encabeza Michelle Bachelet, y a otras organizaciones
internacionales que velan por los derechos humanos, para denunciar esta nueva
violación de los derechos de los ciudadanos.
Aunque
las apelaciones a esas instancias, me refiero al TSJ y algunos organismos
internacionales, no surten mucho efecto, al menos contribuiremos al esfuerzo
por recopilar, sistematizar y relatar, todo lo que se ha escrito y dicho, que
ha sido mucho, acerca de cómo el llamado socialismo del siglo XXI ha ido
destruyendo al país. Muchos se quejan que de la democracia iniciada en 1959, no
quedó una buena historia escrita, una narrativa completa; no podemos permitir
que lo mismo ocurra con las tropelías del régimen iniciado en 1999, que ha
destruido el país.
De
todo este desastre debe quedar una historia, una narrativa, una crónica, un
buen relato de lo ocurrido.
https://ismaelperezvigil.wordpress.com/
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