Resulta ineludible comentar la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el impacto que puede tener sobre la situación general, especialmente política, del país. Someramente me referiré a los aspectos jurídicos y formales de la decisión −cuyos detalles considero cubiertos por un grupo importante de especialistas en la materia−, y me concentraré en algunas de sus implicaciones políticas, desde luego advirtiendo que sobre un tema que ya ha suscitado tantas opiniones y comentarios, es difícil aportar uno original o diferente. Comencemos por resumir el aspecto jurídico, con propósitos de contexto.
Concluida la −para muchos− controversial visita a Venezuela del fiscal Khan, éste decidió solicitar al Tribunal que se abra una investigación preliminar sobre supuestos crímenes cometidos en Venezuela y que son competencia de ese Tribunal, que como sabemos se trata de crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, que no son poca cosa, ni poco graves. También es bueno señalar que éste sería el primer caso contra algún funcionario de un gobierno o ex gobierno latinoamericano.
Por lo pronto, hay un hecho significativo, el fiscal Khan considera que hay en Venezuela, al menos desde el año 2017, crímenes que son competencia de la CPI −repito, por lo significativo: crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad− y corresponderá ahora al Tribunal hacer la investigación y determinar quiénes son los culpables, pues como sabemos, este Tribunal solo juzga a las personas acusadas de estos crímenes, no enjuicia países, gobiernos ni instituciones; además, por lo que se ha visto hasta el momento, no juzga en ausencia −¿o me equivoco? – y que aun pudiendo hacerlo, según algunos juristas, no ha enjuiciado todavía a ningún alto funcionario en ejercicio. Faltará ver si estaremos ante el primer caso, como sin duda es el deseo de millones de venezolanos. Por lo pronto no es poca cosa lo ocurrido y es algo que debemos resaltar…y matizar.
El primer aporte importante de la decisión del Fiscal Khan es el desmentido que hace a todos los agoreros que esperaban, y aún esperan algunos, que no hubiera decisión o que fuera una en “complicidad” con el régimen para diluir y retrasar el proceso. Denunciaron como pantomima y sainete la visita del Fiscal, por el manejo mediático que se hizo de su invitación para visitar al país, por el manejo que desde las esferas del poder se hizo de su visita y por el hecho de que se reuniera con funcionarios del régimen y que no se “reuniera y escuchara a las víctimas”; aparte de que ese no era su papel, quedó ampliamente demostrado que no era tan necesario, que la fiscalía de la CPI tiene ya los hechos y pruebas suficientes por parte de las victimas para proceder a abrir el caso. Y un elemento muy importante a resaltar, es que el Fiscal en efecto se reunió y escuchó los alegatos del gobierno, todo lo que quisieran decir y argumentar, para que después no puedan alegar que no se les escuchó, que la información con la que se está procediendo está sesgada, parcializada o politizada. Por supuesto, no espero que ninguno de esos agoreros se retracte de lo dicho, no es “costumbre venezolana” reconocer los errores, recoger palabras o pedir disculpas por la desinformación o la simple difamación. Se cuenta con nuestra proverbial falta de memoria; pero, no se cuenta con que algunos si recordamos.
El segundo elemento que tiene consecuencias importantes y que queda bien claro en el memorándum firmado por el Fiscal y Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y del estado venezolano −con el perdón de todos los “desligitimistas”− es que la decisión del Fiscal Khan nos pone de bulto frente al hecho de que no hay justicia en Venezuela, que no hay separación de poderes, que el sistema de justicia es un brazo más del régimen y por tanto debe intervenir la CPI. Ese es un punto que no debemos pasar por alto, por el efecto que puede tener −a lo mejor no tanto internamente, donde sufrimos las consecuencias de la falta de justicia− ante la comunidad internacional. No solo por el impacto que tenga el que se constate que en Venezuela el Estado no protege los derechos humanos, sino también porque cualquier acuerdo o compromiso jurídico estará sometido a esa misma carencia de justicia, mientras esté este régimen en el control del poder.
Que impacto pueda tener esta decisión sobre algunos funcionarios “ejecutores” de las políticas del gobierno, de “impartir” su justicia parcializada, de ejecutar las medidas de represión, etc., es difícil saberlo; dependerá en mucho del manejo político e informativo que se haga de la decisión y de las actuaciones del Tribunal de ahora en adelante, pero es un elemento que está allí y no debe ser ignorado por nadie, ni por los funcionarios ni por las fuerzas opositoras al régimen.
Dicho todo lo anterior y consciente que hay muchos otros aspectos que se podrían resaltar, es bueno considerar otras caras de este poliedro que es la situación política del país. Como he dicho en oportunidades anteriores (https://bit.ly/3h40eDT), dado que tenemos la tendencia de “poner en órbita” algunas ilusiones, en nuestro afán y esperanza de que se resuelva de inmediato esta situación de oprobio en la que ya llevamos inmersos 22 largos años, es bueno recordar que, una vez abierto el caso o abierta la investigación, para ser más precisos, estamos apenas en el inicio de un proceso que puede durar mucho tiempo; hablamos de años, antes de llegar a una decisión −si es que se llega− antes de que dicha decisión se pueda ejecutar, que es algo que no está muy claro: cómo se puede llevar a cabo esa ejecución de una sentencia y sobre todo, quién la puede llevar a cabo.
Así como vimos que el Fiscal Khan no vino a resolver los problemas del país −la hiperinflación, el hambre, la pobreza extrema, los sueldos de miseria de los profesores universitarios y las pensiones de mayor miseria de los jubilados, ni la falta de servicios públicos, ni la inseguridad social ni personal, ni el inmenso rosario de problemas que nos acogotan−, tampoco esos problemas los resolverá ningún fallo de la CPI y ni siquiera se ventilarán allí, pues no son de su competencia.
Sin duda puede contribuir una sentencia de los tribunales internacionales y sobre todo que se conozca más a fondo nuestra situación, a que está mejore o se resquebraje el bloque de fuerzas que apoyan al régimen; pero, nada desde afuera resolverá nuestros problemas, si desde adentro no hacemos lo posible por enfrentar las cosas que son de nuestra estricta competencia.
No sé, si como algunos han dicho, se trata de un “hito histórico”; pero desde luego, no podemos dejar de celebrar que esta decisión del Fiscal Khan, de solicitar la investigación de los hechos denunciados en Venezuela, trae viento fresco en los anhelos de justicia y el rechazo a la impunidad que tanto afecta el ánimo de tantos y tantos venezolanos, sometidos al oprobio de este régimen y sus desmanes y arbitrariedades.
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