La carta, de los 25
Inevitable referirse a la “carta de los 25”, dirigida al Presidente Biden y funcionarios del Gobierno y la Administración Norteamericana, que tuvo al menos la virtud de levantar una aguda −y agria− discusión política, que estaba adormecida. La carta toca varios temas, pero me referiré únicamente a dos: las sanciones generales y las petroleras.
Insultos y representatividad.
Los epítetos y calificativos hacia los firmantes, siempre deplorables por lo amargo y destemplado de algunos; son, sin embargo, algo “característico” de la polarización política, a todo nivel, en el país. Lo lamentable son los que provienen de personas que es obvio que no han leído la carta, la han leído e interpretado a medias o deliberadamente tergiversado.
En verdad los firmantes solo se autocalifican, acertada o desacertadamente, pero hablan en nombre propio, no se atribuyen ninguna “representación” popular; no cometieron ningún delito, al menos no mayor que el que cometen los que piden que se mantengan las sanciones; hacen uso del derecho que tiene cualquier persona de dirigir una carta a alguna autoridad expresando su opinión.
Las sanciones.
El centro de la carta son “las sanciones” económicas y financieras aplicadas al régimen venezolano; y al respecto debo decir:
- Que las sanciones internacionales han demostrado su total ineficacia para lograr los objetivos políticos que persiguen −en eso tiene razón la carta− y la demostración palpable es Cuba, Corea del Norte, Rusia, etc.;
- que por la restricción de recursos que ocasionan al gobierno del país donde se aplican tienen el potencial para terminar afectando a la población más vulnerable y frecuentemente así ocurre, aunque no hay claras pruebas al respeto;
- que por ejemplo en nuestro caso, sirven de excusa al régimen para mantener sus equivocadas políticas y no asumir su responsabilidad en garantizar algunos derechos y servicios básicos −salud, educación, transporte, electricidad, agua, etc.− culpando de ello a las sanciones económicas;
- que lo que está ocurriendo en Ucrania, tras la sangrienta invasión de Putin, nos está demostrando que la aplicación de sanciones no es una simple “medida”, sino la única alternativa que acepta la comunidad internacional y a la que están dispuestos los países que en otro momento moverían sus tropas en apoyo o en contra de alguna causa, aunque sea la democracia o la protección de derechos humanos; y
- que, si queremos apoyo internacional, las “sanciones” es la única opción de fuerza que nos ofrecen.
Por estas razones creo que la discusión acerca de las bondades o maldades de las sanciones es una discusión bizantina, estéril e inútil, pues las mismas no van a ser levantadas por quienes las aplican a menos que desaparezcan las causas que las originaron y en el caso de Venezuela, si queremos apoyo internacional, y lo necesitamos, las “sanciones” es la única opción de fuerza y presión que nos ofrecen para que se restablezca la negociación y el diálogo entre el régimen venezolano y la oposición democrática.
Curiosidades de la carta.
Lo curioso de la carta de los 25 es que, estrictamente hablando, en ninguna parte de ella se pide que se eliminen las sanciones −excepto una de ellas, que tiene que ver con el negocio petrolero, a lo que me referiré más adelante−; no obstante, sería ingenuo pensar que lo de eliminarlas no sea la intención que subyace, sobre todo porque su tercer párrafo, de una sola línea, hace una afirmación de Perogrullo: “Las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos.” Y aunque aclara que las mismas “…no son la raíz de la emergencia humanitaria en Venezuela…”, acto seguido hace otra afirmación que ya es mucho más discutible, pues señala que “… han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio.”, con lo cual justifican la carta.
Carencia de demostraciones.
En ninguna parte la carta aporta demostración o prueba alguna acerca de los efectos negativos de las sanciones; y eso es por una razón muy simple, porque nadie ha podido demostrar fehacientemente que eso sea así. Por ejemplo ¿Hasta dónde las causas de la caída de la producción petrolera son las sanciones y no la propia precariedad de servicios que ha ocasionado la ruina económica del país, producto de 23 años de políticas equivocadas? Tampoco nadie puede demostrar que las sanciones no han tenido ningún efecto o que el empeoramiento de la condición económica y social de los venezolanos −evidente, a pesar de “burbujas y bodegones” − se deba a la aplicación de las sanciones. Es más, me parece hasta curioso que algunos de los firmantes de la carta, en ocasiones recientes han afirmado que en el país está ocurriendo una cierta “recuperación” económica, una cierta “mejoría” de los indicadores económicos, una “apertura” que se debe alentar −hasta sugieren al gobierno las medidas a tomar− y ahora suscriben una carta en la que señalan que se “han exacerbado gravemente las condiciones para el venezolano promedio” ¿Esa “mejoría” no es una demostración de que no es tal el daño que ocasionan las sanciones? ¿En qué quedamos?
La ruina económica y las sanciones.
Estoy seguro que todos los firmantes de la carta comparten la opinión de que el daño, la ruinosa situación económica, la crisis humanitaria severa del país, nuestro mísero estado de vida y el deterioro de las condiciones económicas y sociales, son el producto de erradas y desastrosas medidas económicas aplicadas durante 23 años. A pesar ingentes ingresos petroleros, durante la mayor parte de su mandato, este régimen se las “ingenió” para arruinar al país, a la industria nacional, incluida la petrolera, y en ello nada tienen que ver las sanciones económicas generales, cuyas primeras medidas se dictaron en el año 2014, se empezaron a aplicar en el 2015 y se incrementaron a partir del 2017, cuando ya el país había perdido 2/3 de su PIB.
Observaciones a la carta de los 25.
Aunque nos pronunciemos en favor de sanciones personales y en contra de sanciones económicas generales −yo lo he hecho, (Ver: https://bit.ly/3rGhe9o, Negociación y Sanciones, 27/03/2021)−; tengo, sin embargo, dos observaciones a los 25 proponentes de la carta:
1) sugerir o pedir que se eliminen las sanciones sin negociar nada a cambio, creo que es un error político y el gobierno es el único que va a aprovechar, políticamente, la solicitud o el supuesto negado que se eliminen; y 2) dada la actual situación política del país y la especie de “pasmo” en la que está la oposición democrática, si se eliminan las sanciones, ¿Qué medida de presión o de “contención” tenemos? ¿Cuál sería el elemento que forzaría al gobierno a aceptar una negociación? Y me hago una pregunta, que sé que es meramente retórica, de esas cuya base es una suposición y que no tienen una respuesta: Sabemos dónde está el régimen, pero: ¿Dónde y cómo estaría hoy la oposición si no existieran esas sanciones? Las sanciones no son el único factor de presión política, pero si uno muy importante, ¿Para qué negarlo?
Tema petrolero y cabildeo.
La carta menciona, sin especificar, aspectos económicos, que según sus firmantes se estarían viendo afectados por las sanciones; por ejemplo, estoy seguro que a algunos de los firmantes les preocupa que están afectando la actividad de bancos de inversión e inversionistas que negocian papeles emitidos por la Republica o PDVSA, aunque la carta no lo menciona específicamente. Lo que si menciona, y creo es el meollo de la solicitud, es el levantamiento de sanciones al negocio petrolero, al cual dedica casi la mitad de su contenido y es el único sector al que se refiere en detalle.
Por cierto, eso coincide con lo que se ha denominado la actuación del poderoso cabildeo o “lobby” desarrollado por algunas trasnacionales petroleras, apoyadas por importantes medios de comunicación internacionales y que algunos vinculan con la reciente visita de altos funcionarios norteamericanos a Venezuela y su entrevista con Nicolás Maduro y otros funcionarios de su gobierno. Pero con respecto al tema petrolero, simplemente remito a la opinión de algunos expertos, aparecida en diversos artículos a raíz de la discusión suscitada y dicen que no es cierto lo que se afirma en la carta que “…en unos meses” se podría reactivar la industria petrolera y así “contribuir con la seguridad energética de Occidente”.
El mito del ingreso petrolero.
Caben también algunos interrogantes, igualmente retóricos y de ficción, imposibles de responder: Si los problemas actuales de la industria petrolera se deben a una disminución de los ingresos petroleros por la aplicación de las sanciones, ¿Por qué la actividad de la industria se vio disminuida antes de 2014, cuando se empezaron a aplicar las sanciones? ¿Dónde están los ingentes recursos petroleros recibidos por el país desde 1999? ¿Por qué la industria petrolera esta destruida? ¿Por qué no se invirtieron esos recursos en mejorar la infraestructura del país y la propia industria petrolera? Y las preguntas más importantes, para las que no hay respuesta, ¿Quién garantiza que, de levantarse las sanciones a la industria y a las empresas petroleras, el régimen sí invertiría los recursos en mejorar la situación del país, sí antes de la aplicación de las sanciones no lo hizo?
Se enfatiza −con plena razón− que una reactivación de la industria petrolera y una reactivación económica del país solo es posible con un cambio político a fondo, que comienza por salir de este gobierno de oprobio.
Conclusión.
La carta concluye con un buen deseo general con el que nadie podría estar en desacuerdo: “Poner fin a la crisis en Venezuela y ayudar a construir el nuevo futuro del país, con pleno respeto al estado de derecho, las libertades económicas y la vigencia de los derechos humanos, nos compete −y nos beneficiará− a todos.” Habla también de reanudar negociaciones y de que se han solicitado “reformas” al régimen, pero me parece que no es suficientemente enfática en este punto. Y en el penúltimo párrafo hace un exhorto a “…partes interesadas, en Venezuela y en otros lugares, para que respalden públicamente esta carta”; con respecto a este punto mi conclusión es:
Personalmente creo que hubiera sido sano que la carta pusiera la misma fuerza y el mismo énfasis con el que resaltó la ineficacia de las sanciones y la solicitud de eliminarlas al negocio petrolero, en asignar la responsabilidad de la crisis del país al régimen que hemos tenido durante los últimos 23 años.
Apoyo la revisión y levantamiento de sanciones generales que perjudiquen o puedan perjudicar a la población más vulnerable y sin duda alguna que se mantengan e intensifiquen las sanciones de tipo personal a los altos y medios funcionarios del régimen, sus testaferros y familiares, que bien los conocen las administraciones de los gobiernos internacionales que aplican esas medidas. Por cierto, la carta en ningún momento menciona las sanciones personales o si estas deben mantenerse o levantarse.
Pero no respaldo lo que trasluce como la petición fundamental de la carta, pues no creo que políticamente sea el momento de solicitar el levantamiento de sanciones, sin una “compensación” previa e inmediata por parte del régimen. Hoy por hoy las sanciones que se están aplicando, sin ser efectivas para lograr un cambio político en el país, son nuestra única medida de presión y contención al régimen, que sin duda se ve amenazado por ellas y así lo corrobora su empeño constante en librarse de las mismas.
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