Gracias a los países de América y a Emmanuel Macrón, por @brazona

6 paises denuncian a Maduro ante la CPI / foto: archivo google

Caracas, 02 de octubre de 2018.

Por: Judith Brazón.

Cuando se examina lo ocurrido en el marco de la Asamblea General de la ONU 2018, en la cual los países afectados por la emergencia humanitaria generada por el gobierno de Venezuela han  procedido a elevar su voz y además denunciar a Nicolás Maduro y otros funcionarios policiales y militares encargados de los organismos de seguridad del estado ante la Corte Penal Internacional, no puede sino concluirse que tuvieron que sobreponerse a la rigidez de las normas que regulan el derecho internacional público, para poder cumplir con la protección de los derechos humanos que tanto el ordenamiento jurídico de la OEA y la propia ONU hacen inoperantes.

En efecto, la ONU  surgió con motivo de la masiva violación de los derechos humanos por parte del nazismo encabezado por Hitler, cuyo movimiento exterminó y torturó a millones de ciudadanos judíos durante el holocausto. Pese a la noble intención de su creación, a los fines de mantener el equilibrio de fuerzas de los países que participaron en la segunda guerra mundial de modo que no ocurrieran hechos similares, se estableció el llamado derecho a veto que ejercen desde entonces USA, China, Rusia, Inglaterra y Francia, orientada a que cualquier resolución que se tome en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, deba contar con el aval de esos cinco países para que se pueda implementar.

El resultado ha sido, que sin importar que tan grave pueda ser la violación de derechos humanos en un país, si los países  con derecho a veto tienen intereses económicos y geopolíticos que proteger en esas naciones, podrá vetar cualquier resolución que al respecto pueda tomar el Consejo de Seguridad, como ha ocurrido en el caso de Venezuela con la bendición de China y Rusia.

Otro tanto  ha pasado con la OEA, el organismo regional de similares funciones en América, el cual requiere el voto paritario de al menos 23 países para que una resolución pueda aprobarse, sin importar el número de habitantes y la extensión territorial de los países con derecho a voto; por lo tanto, si algunos de esos países recibe apoyo económico del país que cercene los derechos humanos de su pueblo, como ocurre con las islas del Caribe beneficiadas con el Petróleo Venezolano, pues siempre votará  en contra o se abstendrá de votar en la asamblea que deba decidir respecto del quebrantamiento de la carta democrática interamericana, cuya declaratoria ha sido imposible hasta el momento.

Como consecuencia de esas trabas y debido a la alta protección que reciben los derechos fundamentales a la vida, la alimentación,  la libertad e integridad personal, el debido proceso, etc. y dadas las trabas para conseguir que el tema sea tratado ante ambos organismos mundiales y regionales, 6 estados del hemisferio, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, y Canadá, afectados por la emergencia humanitaria en Venezuela  generada por la migración forzosa causada por las políticas antieconómicas tomadas por el gobierno, así como la represión, tortura, encarcelamiento y enjuiciamiento de quienes se le oponen,  decidieron denunciar a los funcionarios responsables de la violación de los derechos humanos de los venezolanos ante la Corte Penal Internacional.

Por su parte, Francia, país con poder de veto en la ONU y que forma parte de la Comunidad Económica Europea, ha manifestado que apoya esa acción para que se dicte una resolución que garantice los derechos de los venezolanos, lo que nunca iba a ocurrir en los organismos en comento, dado la camisa de fuerza que significa el derecho de no intervención en los asuntos internos de otros países, que ha servido de escudo protector usado por los dictadores del mundo para cometer atrocidades y perpetuarse en el poder.

Presidente de  Francia Emmanuel Macron / foto archivo: @REUTERS - Brian Snyder 

Justo es, en consecuencia, darle las gracias a Emmanuel Macron y los países de América por ese apoyo al pueblo venezolano. Esperamos que otros países se sumen a esta iniciativa ante la anacrónica y poco eficiente estructura de la ONU y OEA, cuyas normas de funcionamiento deben actualizarse para que no sean obstáculos a uno de los objetivos de su creación, que no es otro  a la defensa de los derechos humanos de los pueblos del mundo.