Por: Benigno Alarcón. Director Centro de Estudios Políticos UCAB.
Caracas, 15 de febrero de 2018.
Todo lo que hemos visto durante los últimos meses, desde la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), forma parte de una estrategia coherente y muy bien orquestada del Gobierno que busca desmotivar y desmovilizar a la población que se le opone, para garantizarse, mediante la próxima elección, su continuidad en el poder. La implementación del Carnet de la Patria, la intensificación de la distribución de los CLAP, la convocatoria intempestiva a elecciones regionales y municipales, el llamado a los electos a juramentarse en la ANC, el diálogo recientemente interrumpido (aunque no necesariamente concluido), la ilegalización progresiva de 281 de los 296 partidos existentes en el año 2013 –incluidos la MUD, Voluntad Popular, Primero Justicia y buena parte de los oficialistas del Polo Patriótico–, la reconcentración de los electores progobierno entre el PSUV y el nuevo partido Movimiento Somos Venezuela y el llamado sobrevenido a elecciones presidenciales para el próximo 22 de abril, forman parte de un proceso progresivo de autocratización hacia una hegemonía de partido único, como lo hizo recientemente Nicaragua.
La lógica y secuencia de las jugadas políticas del régimen no deben dejar espacio para dudas sobre la capacidad estratégica propia y/o de quienes le asesoran, y que al final han hecho suya gracias a una implementación muy bien orquestada, considerando las limitaciones que la realidad política, económica y social imponen a todos, pero en especial a la oposición.
Desde hace años algunos analistas han venido afirmando que lo económico sería el factor desencadenante de un cambio político, pero desde hace mucho la política comparada demuestra que lo económico no es la variable causal de las transiciones políticas. Puede ser un factor movilizador de la sociedad, pero no lo que determina el cambio. Es evidente que quienes asesoran las decisiones del régimen conocen bien esto, y la inteligencia estratégica demostrada nos obliga a preguntarnos si las consecuencias del mal manejo de la crisis económica son prueba de ignorancia o, por el contrario, como algunos han venido insistiendo también desde hace tiempo, son más bien un mecanismo de dominación que busca mantener a una gran mayoría del país –los sectores más vulnerable– bajo el yugo de un régimen que apuesta a la dependencia a través del CLAP y el Carnet de la Patria. Más que clientelismo, se asemejaría más a una especie de esclavitud política en la que la lealtad se compra con alimentos y medicinas de las que depende la supervivencia misma de las personas y la eficacia de esta perversa dinámica es optimizada por el uso de tecnología de punta.
Foto: Reuters
La hiperinflación, la escasez, la negativa a reconocer un estado de emergencia humanitaria para cerrar el paso a la ayuda de cualquier institución que pudiese aliviar la crisis, hacen que la vida de la gente quede en manos del partido de Gobierno y la maquinaria gubernamental. Al mismo tiempo, siguiendo el ejemplo de otros procesos revolucionarios, como el de Cuba y China, se empuja a inconformes fuera del país, creando la mayor ola migratoria de nuestra historia, que ya supera el 10% de total de la población nacional. Mientras esto sucede, las percepciones sobre las causas y responsabilidades de este terrible escenario de miseria humana son manipuladas por el aparato de propaganda a través de una narrativa divisionista, que centra el discurso en la existencia de un enemigo interno (la oposición) y uno externo (el imperio), cuyas sanciones son el supuesto origen de la tragedia nacional.
Hay un solo problema para el Gobierno: la gente comienza a despertar y a hacerse consciente del funcionamiento, como mecanismos de manipulación política, del carnet de la patria o los CLAP; también de lo que implican las condiciones de una elección como la que ha sido convocada. En consecuencia, la legitimidad política del Gobierno se erosiona día a día, no sólo de cara a la comunidad internacional, sino también hacia lo interno, colocándole en una posición de gran vulnerabilidad, inestabilidad y dependencia de la represión. Conscientes de ello, Maduro y su entorno buscan desesperadamente frenar su deslegitimación política, tomándole la palabra a la oposición, que desde principios del año pasado demandaba “elecciones ya”. Sorpresivamente, han convocado una elección presidencial adelantada sin respetar los tiempo mínimos para organizarla y ejecutar las tareas propias de una campaña.
A tal fin, conscientes de su propia vulnerabilidad política y de que el tiempo juega en su contra, el régimen intentó desesperadamente que los representantes de la oposición en el diálogo de República Dominicana aprobaran los términos de un acuerdo impuesto –con la ayuda del expresidente Zapatero– a lo que, afortunadamente, la oposición, dando una señal positiva de coherencia, se negó. Hoy, tanto la oposición como los principales sectores representativos del país y de la comunidad internacional democrática le han negado el reconocimiento a una elección planteada en esos términos. Para el Gobierno, seguir adelante con tal elección le acarrearía las mismas consecuencias que hoy sufre la ANC: el desconocimiento de sus decisiones nacional e internacionalmente. A lo interno, la ANC puede imponer determinadas decisiones por la fuerza, pero no corren con la misma suerte en cuanto a sus efectos internacionales. Les genera responsabilidad, incluso penal, a quienes se arrogan competencias o ejecutan órdenes bajo tales condiciones. Ante un escenario de semejante precariedad el régimen busca, desesperadamente, la legitimación de la convocatoria del 22 de abril mediante la participación de algún candidato representativo de la oposición, en una elección que, irónicamente, viola el derecho a elegir.
El debate entre votar o no votar el 22 de abril plantea, una vez más, un falso dilema para la oposición, tal como aquellos que se plantearon muchas veces en el pasado reciente entre protestar o dialogar. Tal como ocurre en un juego de ajedrez, la decisión no radica en mover el caballo o la torre porque nos toca jugar, sino en el objetivo de mover una u otra pieza. Ciertamente, varios procesos de transición en el mundo se han producido mediante la participación en elecciones que no reunieron condiciones mínimas, pero los sectores democráticos de aquellos casos exitosos tuvieron una estrategia bien orquestada para ganarlas, lidiar con un potencial fraude e, incluso, para imponerse ante el intento del Gobierno por desconocer los resultados reales. Si el sector democrático venezolano estuviese en la capacidad de ejecutar tal estrategia, no tendría dudas en afirmar que la decisión debe ser participar, aún en el escenario de una elección bajo condiciones fraudulentas como la que se nos ofrece. Pero participar sin una estrategia capaz de derrotar otra estrategia fraudulenta, cuidadosamente articulada por el régimen, implicaría un suicidio que sólo contribuiría a legitimar un fraude electoral que colocaría, no sólo a la oposición sino a la comunidad internacional, en una difícil posición para continuar sosteniendo sus esfuerzos en favor de la democracia. No es cierto entonces, como algunos afirman, que la participación se justifica a sí misma al evitar la desmoralización que sufrirá el país cuando sea testigo de la proclamación de Maduro el 22 de abril, cerca de la media noche. La desmoralización será aún mayor ante una derrota que acompañamos con nuestra participación sin haber estado preparados para ganar y cobrar ese triunfo.
Si estuviésemos ante un proceso que reúna las condiciones mínimas de integridad electoral, ni la oposición ni la comunidad internacional tendrían justificación alguna para desconocer la convocatoria a tal elección, pero no siendo este el caso, ni estando la oposición en condiciones de desafiar al régimen en la aventura de participar en una elección amañada, la decisión no puede limitarse simplemente a no participar, sino que la misma debe estar acompañada de una estrategia coherente que ordene una secuencia de acciones que deslegitimen el proceso que el régimen, de todas, todas, sacará adelante.
Hoy, el país reúne las condiciones estructurales para un cambio político que sólo puede ser postergado, más no detenido, si los actores democráticos actúan de manera coordinada y cohesionada. La comunidad internacional ha sido un actor fundamental en estos procesos, y su compromiso con la democracia venezolana es hoy más que evidente, pero los actores foráneos no pueden sustituir a los actores políticos y sociales nacionales. Los protagonistas del proceso están en la sociedad venezolana y no en factores externos. Somos nosotros los responsables de nuestro propio destino y tenemos todas las condiciones para generar un cambio político en el 2018, si actuamos con coherencia e inteligencia.
Benigno Alarcón Deza
Director
Centro de Estudios Políticos
Universidad Católica Andrés Bello
Tomado de: https://politikaucab.net/2018/02/16/votar-o-no-votar-el-22-de-abril/
