Estrategia en desarrollo
del régimen.
Ismael
Pérez Vigil
Politólogo
Las
estrategias están definidas de manera clara y en proceso de desarrollo. El
objetivo del régimen es mantener el poder a cualquier precio y consolidarlo a
partir de enero de 2021, contando con una Asamblea Nacional (AN), única
institución que le falta en su cuenta, para ejercer un total dominio, repito,
institucional, del país.
Lograr
el objetivo de controlar la AN, a partir de enero de 2021, le permitiría al
régimen legitimar algunos de los contratos que sus cómplices internacionales le
reclaman que sean avalados por el parlamento. Además, el régimen autoritario se
quitaría de encima esa molestia de un “gobierno interino”, con un presidente
designado por una AN que le es hostil, pero que es aceptado por una parte
importante de la comunidad internacional. Y de paso, que no es poco, al sector
madurista le serviría para quitarse de encima esa remora inútil de la ANC y al
“cabellismo” que la controla.
Invalidar
a la AN ha sido un objetivo del régimen, desde el mismo diciembre de 2015
cuando fue humillantemente derrotado en las elecciones parlamentarias. En ese
esfuerzo ha hecho todo tipo de maniobras en contra de la AN: desconociendo a
sus diputados, ha dejado sin representación a los electores del Territorio
Amazonas durante cinco años; desconoció a la AN con sentencias de su obsecuente
TSJ; persiguió y apresó diputados, obligando a algunos a exilarse y otros a
esconderse o asilarse en embajadas; le quitó presupuesto y recursos; trató de
dejarla de lado con una ilegitima ANC, cuya elección no fue reconocida ni
nacional ni internacionalmente y que al final ha dejado de lado; trató,
infructuosamente, de quitarle funciones en 2017 a través de fallidas sentencias
del TSJ, intento que fue resistido por la población con grandes
manifestaciones, que el régimen convirtió en violentos disturbios, que costaron
vidas humanas; finalmente, comprando y corrompiendo diputados opositores,
intentó tomarla por la fuerza en un chusco intento en enero de 2020.
Todo
eso fueron inútiles intentos de doblegar la resistencia democrática del pueblo
venezolano y sus diputados electos en 2015; al final, opta por la vía
electoral. Pero no es suficiente. Al régimen no le importa lo que piensen u
opinen los venezolanos, ni el mundo, con respecto a lo que hace en el país;
pero lo perturba que una mala opinión sobre su régimen por parte de la
comunidad internacional, le ha cerrado las puertas al crédito y financiamiento
internacional y al comercio, que le impide contar con recursos para continuar
sus trapacerías con las importaciones y no puede seguir haciendo demagogia en
el país, mientras enriquece a sus cómplices internos e internacionales. El
régimen sabe que es necesario que el proceso electoral que ha convocado y
organizado goce de una cierta “legitimidad” internacional.
En
esa dirección ha emprendido algunas tareas: por una parte, envía cartas a la
ONU y a la Unión Europea, describiendo las “bondades” de su proceso y pidiendo
observación internacional para el mismo; por la otra da muestras de apertura y
magnanimidad liberando algunos presos políticos. Pero ninguna de las artimañas
parecen dar resultados. Por una parte, los organismos internacionales,
particularmente la Unión Europea (UE), no se conforman con cartas ni
solicitudes, exigen ver cambios en las condiciones electorales: “… para un
proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”, dicen. Por otra
parte, al régimen no le basta liberar unos pocos presos políticos, sabiendo
como se sabe que son muchos más los que quedan en las mazmorras de la tiranía.
Para mayor desgracia del régimen, esta semana se ha dado a conocer el Informe
de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre
la República Bolivariana de Venezuela, presentado a la ONU, que denuncia los
crímenes de Lesa Humanidad que se cometen en el país, lo que compromete mucho
más su imagen y le coloca al cuello una piedra de molino en su objetivo de
lograr legitimidad y reconocimiento internacional.
Pero
sus mayores esfuerzos siguen siendo en el campo interno y con el propósito de
garantizarse un resultado favorable en el proceso electoral, sin tener recursos
para hacer demagogia y comprar electores y sin tener que emplear todavía las
“municiones” del fraude el día de la votación o el desconocimiento de los
resultados –como hizo con los resultados de la gobernación del Estado Bolívar
en 2017– ha desplegado grandes esfuerzos en dos direcciones, una, “agenciarse”
una oposición a su medida, que participe y legitime su proceso; y dos, lograr
que la oposición mayoritaria se abstenga de concurrir a las elecciones.
Su
primer objetivo, solo está logrado parcialmente. Los denominados “alacranes” y
la llamada “mesita”, no dan muestras de despegar en las encuestas y ni siquiera
han logrado presentar una lista única de candidatos a la AN. Ese arroz con
mango, sigue siendo un arroz con mango y de esta manera, no solo no sirven a
los propósitos propagandísticos del régimen, sino que lo más probable es que
ellos mismos no lograrán figurar en “pizarra” para obtener algunas curules. El
segundo objetivo, sin embargo, sí parece logrado. La oposición democrática –más
bien la población opositora– ha decidido no participar el 6D; y aun cuando se
ha anunciado la defección a esta política de un sector encabezado por Capriles
Radonsky, no se vislumbra que tenga una fuerza que logre arrastrar a votar una
parte importante de la oposición. Aparte de que el propio Capriles ha dicho no
estar seguro de llegar al final del proceso, al día de la votación, pues si no
logra modificar algunas de las condiciones electorales, retiraría a sus
candidatos.
Por
otra parte, no se descarta que el régimen juegue una nueva carta, el
aplazamiento de las elecciones, con la justificación de la pandemia, si en el
camino percibe que se enreda más la legitimidad del proceso. Hasta ahora esa
posibilidad ha sido negada, y personalmente creo que ese aplazamiento es
difícil que ocurra, pero todo es posible. Por lo tanto, lo que luce más probable
es que a partir de enero de 2021 tengamos una AN completamente dominada por el
chavismo, con algún “salpicado” de diputados de la denominada “mesita” y,
eventualmente, algún diputado opositor, si el sector “caprilista” llega hasta
el final del proceso.
Es
decir, a partir de enero de 2021, cesará en sus funciones la actual AN y la
presidencia interina de Juan Guaidó; posiblemente el régimen no se consolide
más, pues su legitimidad está en declive, pero seguirá ejerciendo de facto el
poder y tanto la comunidad internacional, como el liderazgo opositor deberán
redefinir sus estrategias.
Es
momento de ir pensando la estrategia que desplegará la oposición a partir de
esa fecha. Hasta ahora, ni la actividad febril y constante de la oposición, ni
la presión internacional han conseguido que el régimen acceda a sentarse a
negociar, realmente, una salida a la crisis humanitaria, severa, que vive el
país y permitir una salida constitucional y electoral. Hasta el 6D y sobre todo
a partir de enero de 2021, será mucho más imperativo que los líderes y los
partidos políticos realmente opositores se reinventen, como hemos estado
insistiendo, para elevar el costo político de la permanencia del régimen en el
poder.
La
presión interna, que sobradas razones existen para que se dé, debe
incrementarse, organizarse, y acompañar a la presión internacional, para que se
produzca el quiebre del bloque hegemónico de poder que permita alguna salida
política a la crisis que vive el país.
https://ismaelperezvigil.wordpress.com/
Ismael
Pérez Vigil
Politólogo
Las
estrategias están definidas de manera clara y en proceso de desarrollo. El
objetivo del régimen es mantener el poder a cualquier precio y consolidarlo a
partir de enero de 2021, contando con una Asamblea Nacional (AN), única
institución que le falta en su cuenta, para ejercer un total dominio, repito,
institucional, del país.
Lograr
el objetivo de controlar la AN, a partir de enero de 2021, le permitiría al
régimen legitimar algunos de los contratos que sus cómplices internacionales le
reclaman que sean avalados por el parlamento. Además, el régimen autoritario se
quitaría de encima esa molestia de un “gobierno interino”, con un presidente
designado por una AN que le es hostil, pero que es aceptado por una parte
importante de la comunidad internacional. Y de paso, que no es poco, al sector
madurista le serviría para quitarse de encima esa remora inútil de la ANC y al
“cabellismo” que la controla.
Invalidar
a la AN ha sido un objetivo del régimen, desde el mismo diciembre de 2015
cuando fue humillantemente derrotado en las elecciones parlamentarias. En ese
esfuerzo ha hecho todo tipo de maniobras en contra de la AN: desconociendo a
sus diputados, ha dejado sin representación a los electores del Territorio
Amazonas durante cinco años; desconoció a la AN con sentencias de su obsecuente
TSJ; persiguió y apresó diputados, obligando a algunos a exilarse y otros a
esconderse o asilarse en embajadas; le quitó presupuesto y recursos; trató de
dejarla de lado con una ilegitima ANC, cuya elección no fue reconocida ni
nacional ni internacionalmente y que al final ha dejado de lado; trató,
infructuosamente, de quitarle funciones en 2017 a través de fallidas sentencias
del TSJ, intento que fue resistido por la población con grandes
manifestaciones, que el régimen convirtió en violentos disturbios, que costaron
vidas humanas; finalmente, comprando y corrompiendo diputados opositores,
intentó tomarla por la fuerza en un chusco intento en enero de 2020.
Todo
eso fueron inútiles intentos de doblegar la resistencia democrática del pueblo
venezolano y sus diputados electos en 2015; al final, opta por la vía
electoral. Pero no es suficiente. Al régimen no le importa lo que piensen u
opinen los venezolanos, ni el mundo, con respecto a lo que hace en el país;
pero lo perturba que una mala opinión sobre su régimen por parte de la
comunidad internacional, le ha cerrado las puertas al crédito y financiamiento
internacional y al comercio, que le impide contar con recursos para continuar
sus trapacerías con las importaciones y no puede seguir haciendo demagogia en
el país, mientras enriquece a sus cómplices internos e internacionales. El
régimen sabe que es necesario que el proceso electoral que ha convocado y
organizado goce de una cierta “legitimidad” internacional.
En
esa dirección ha emprendido algunas tareas: por una parte, envía cartas a la
ONU y a la Unión Europea, describiendo las “bondades” de su proceso y pidiendo
observación internacional para el mismo; por la otra da muestras de apertura y
magnanimidad liberando algunos presos políticos. Pero ninguna de las artimañas
parecen dar resultados. Por una parte, los organismos internacionales,
particularmente la Unión Europea (UE), no se conforman con cartas ni
solicitudes, exigen ver cambios en las condiciones electorales: “… para un
proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”, dicen. Por otra
parte, al régimen no le basta liberar unos pocos presos políticos, sabiendo
como se sabe que son muchos más los que quedan en las mazmorras de la tiranía.
Para mayor desgracia del régimen, esta semana se ha dado a conocer el Informe
de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre
la República Bolivariana de Venezuela, presentado a la ONU, que denuncia los
crímenes de Lesa Humanidad que se cometen en el país, lo que compromete mucho
más su imagen y le coloca al cuello una piedra de molino en su objetivo de
lograr legitimidad y reconocimiento internacional.
Pero
sus mayores esfuerzos siguen siendo en el campo interno y con el propósito de
garantizarse un resultado favorable en el proceso electoral, sin tener recursos
para hacer demagogia y comprar electores y sin tener que emplear todavía las
“municiones” del fraude el día de la votación o el desconocimiento de los
resultados –como hizo con los resultados de la gobernación del Estado Bolívar
en 2017– ha desplegado grandes esfuerzos en dos direcciones, una, “agenciarse”
una oposición a su medida, que participe y legitime su proceso; y dos, lograr
que la oposición mayoritaria se abstenga de concurrir a las elecciones.
Su
primer objetivo, solo está logrado parcialmente. Los denominados “alacranes” y
la llamada “mesita”, no dan muestras de despegar en las encuestas y ni siquiera
han logrado presentar una lista única de candidatos a la AN. Ese arroz con
mango, sigue siendo un arroz con mango y de esta manera, no solo no sirven a
los propósitos propagandísticos del régimen, sino que lo más probable es que
ellos mismos no lograrán figurar en “pizarra” para obtener algunas curules. El
segundo objetivo, sin embargo, sí parece logrado. La oposición democrática –más
bien la población opositora– ha decidido no participar el 6D; y aun cuando se
ha anunciado la defección a esta política de un sector encabezado por Capriles
Radonsky, no se vislumbra que tenga una fuerza que logre arrastrar a votar una
parte importante de la oposición. Aparte de que el propio Capriles ha dicho no
estar seguro de llegar al final del proceso, al día de la votación, pues si no
logra modificar algunas de las condiciones electorales, retiraría a sus
candidatos.
Por
otra parte, no se descarta que el régimen juegue una nueva carta, el
aplazamiento de las elecciones, con la justificación de la pandemia, si en el
camino percibe que se enreda más la legitimidad del proceso. Hasta ahora esa
posibilidad ha sido negada, y personalmente creo que ese aplazamiento es
difícil que ocurra, pero todo es posible. Por lo tanto, lo que luce más probable
es que a partir de enero de 2021 tengamos una AN completamente dominada por el
chavismo, con algún “salpicado” de diputados de la denominada “mesita” y,
eventualmente, algún diputado opositor, si el sector “caprilista” llega hasta
el final del proceso.
Es
decir, a partir de enero de 2021, cesará en sus funciones la actual AN y la
presidencia interina de Juan Guaidó; posiblemente el régimen no se consolide
más, pues su legitimidad está en declive, pero seguirá ejerciendo de facto el
poder y tanto la comunidad internacional, como el liderazgo opositor deberán
redefinir sus estrategias.
Es
momento de ir pensando la estrategia que desplegará la oposición a partir de
esa fecha. Hasta ahora, ni la actividad febril y constante de la oposición, ni
la presión internacional han conseguido que el régimen acceda a sentarse a
negociar, realmente, una salida a la crisis humanitaria, severa, que vive el
país y permitir una salida constitucional y electoral. Hasta el 6D y sobre todo
a partir de enero de 2021, será mucho más imperativo que los líderes y los
partidos políticos realmente opositores se reinventen, como hemos estado
insistiendo, para elevar el costo político de la permanencia del régimen en el
poder.
La
presión interna, que sobradas razones existen para que se dé, debe
incrementarse, organizarse, y acompañar a la presión internacional, para que se
produzca el quiebre del bloque hegemónico de poder que permita alguna salida
política a la crisis que vive el país.
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