En
un encuentro realizado por más de 30 organizaciones sociales realizado por las plataformas Creemos Alianza Ciudadana y Caracas Ciudad Plural,
debatieron el rol del ciudadano de cara a la juramentación ilegal de Nicolás Maduro
este próximo 10 de enero, el debate contó con las ponencias de los profesores
universitarios Benigno Alarcón y José Vicente Haro quienes explicaron la visión
jurídica y política de este hecho que marca la ruptura del hilo constitucional.
Desde
el liderazgo vecinal propusieron la organización de mesas de trabajo para
elaborar una mesa de ruta que logre el tejido y movilización popular para
lograr la salida a la crisis política social que vive Venezuela.
El
ingeniero Manfredo González, coordinador general de la plataforma Caracas
Ciudad Plural, comentó que este evento se realiza con el fin de analizar el rol
que debe desempeñar la sociedad civil frente a la perversión política que se
provocará al llevarse a cabo la juramentación de Nicolás Maduro y
específicamente crear unas mesas de trabajo para profundizar en el documento
que propuso el día de ayer la Asamblea Nacional (AN), sobre la ley del estatuto
que rige la transición a la democracia y el establecimiento de la vigencia de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sobre sus
implicaciones y alcances, de manera tal que los ciudadanos podamos hacer
aportes o propuestas para este Consejo Nacional para la Transición que se está
conformando y hacer la presión ciudadana necesaria producir el cambio, de la
manera más pacífica posible que podamos implementar.
González
manifestó que de esas mesas de trabajo saldrá un pronunciamiento, movilización, o concentración, para el día 23
de enero, que es una fecha emblemática para el país, donde, como Sociedad
Civil, podamos manifestarnos alineados con esta ley y con la AN como el poder
con legitimidad reconocida por nosotros y por la comunidad internacional.
Gladys
Mogollón, vocera de Creemos Alianza Ciudadana, debemos tener presentes que una nación
sin ciudadanos activos y con responsabilidad social son un cascarón vacío, los
ciudadanos, desde nuestras organizaciones que tienen hacen vida tanto en Caracas
como en el resto del territorio nacional somos los que podemos generar las
acciones que necesitamos en este momento. Estamos llamando a la verdadera unión
a los diferentes factores del país generando una participación que puede llevar
a acciones planificadas que nos llevaran a una transformación del país, no solo
para esta coyuntura sino para el futuro de la nación.
Carmen
González, coordinadora de la Asociación Civil Saber Es Poder (Asosaber) expresó
que la sociedad civil, está asumiendo un papel más preponderante en la
situación actual de usurpación de la presidencia que estaría cometiendo Nicolás
Maduro Moros de juramentarse el venidero 10 de enero, articulando el malestar
general que tienen los ciudadanos por la crisis, política, social y de servicios
que padece el país en acciones concretas que desemboquen en una resolución
pacífica de la situación, con instituciones sólidas que puedan garantizar el
cumplimiento de la Carta Magna.
Visión jurídica y
política del 10E
Durante
su ponencia en el foro, el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de
Estudios Político y de Gobierno (CEPyG) de la UCAB, detalló cómo con el
fallecimiento de Hugo Rafael, el Chavismo perdió su líder carismático y la
posibilidad de ganar elecciones de la misma manera que lo hacían con Chávez,
además de perder los recursos con los cuales generaban ciertos niveles de
lealtad frente a lo cual, el gobierno de
Maduro optó por la represión, el autoritarismo y el control social rígido, por
lo que estamos en un escenario que anuncia una conflictividad creciente donde
es predecible que haya una escalada de conflictos.
Por
su parte José Vicente Haro, profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional de
la UCV hizo varias precisiones legales sobre el 10E, entre las cuales explicaba
que en lo jurídico constitucional se está dando una vacante del cargo
presidencial y en lo político fáctico se dará una usurpación del cargo, para lo
que el artículo 138 establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus
actos serán nulos, por lo cual, cualquier acto, decreto o resolución que
realice Nicolás Maduro a partir del 11 de enero serán nulos, dado que las
votaciones realizadas el 10 de mayo del 2018 carecen de legalidad y legitimidad
nacional e internacionalmente.
