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domingo, 29 de noviembre de 2020

Economía popular por @oscarbastidas25

Por Oscar Bastidas Delgado

En artículo anterior se afirmó que el término economía popular (EP) está referido a las actividades realizadas por el “conjunto de gente común y humilde de un lugar, región o país”, individualmente o a través de sus organizaciones. Acá se profundizará en el término.

Varios son los conceptos de EP. Presentarlos de manera simple puede conducir a tautologías, como en esta definición del Centro para la Gestión Tecnológica Popular (Cedep) y la siguiente de Coraggio, citado por Quijano, que la entienden respectivamente como: “…. Un espacio en el cual los sectores populares producen y comercializan una diversidad de bienes y servicios, donde se practican y consolidan relaciones sociales, justas y humanas con el fin de mejorar su calidad de vida, generar procesos y experiencias que les permitan valorarse como personas y como grupo social y fomentar la participación en grupos solidarios y cooperativos”; y como: “Conjunto de recursos, prácticas y relaciones económicas propia de los agentes económicos populares de una sociedad” […] “que utiliza la categoría “popular” como: “Unidades elementales de producción, reproducción (familia, cooperativas, comunidades, etc. ) que dependen fundamentalmente del ejercicio continuado de la capacidad de trabajo de sus miembros para resolver las condiciones materiales de su reproducción”.

Bajo la acepción adoptada de “pueblo”, puede aceptarse que la EP sea la economía de los trabajadores, sus familias y comunidades primarias. Prácticamente toda organización con raíces locales pertenece a una comunidad. Diferente sería que se entendiese que la EP es desarrollada de manera comunitaria, acá se estaría ante una afirmación difícil de comprobar pues en la EP existen numerosas expresiones individualistas propias del capitalismo.

En la lógica dominante en los practicantes de la EP puede afirmarse que ella es la del trabajo sobre intereses individuales si se tienen clientes; es decir, un mercado. De no tenerlos, el fracaso y la sustitución de una actividad por otra es frecuente; esa lógica sí puede ser la de acumular sin límites. Como se afirmó en el artículo anterior, variadas fórmulas capitalistas son utilizadas particularmente en operaciones de compra-venta, el tráfico de drogas es una de ellas.

A estas afirmaciones se agrega el dilema referido a la confusión entre EP y economía informal. Si bien actividades informales pueden ser realizadas por empresas o estratos poblacionales no pertenecientes al “sector de los humildes”, lo común es que “lo informal” se refiera a estos.

En cuanto a la EP propiamente, Quijano la define como “aquella que protagonizan los que no controlan los recursos principales de producción, ni los resortes del poder estatal, o los del mercado. Que se caracteriza por la variable combinación entre los patrones del capital y los de la reciprocidad, aunque probablemente con el predominio tendencial de los primeros” […] “esa sería una especificidad, sin duda. Pero difícilmente sería suficiente para admitir que se trata ya de una ‘economía alternativa’ a la del capital”.

Es de notar que esta definición de Quijano elude utilizar los términos “popular” y “pueblo” por lo que no cae en tautologías y, además, por descarte, define “pueblo” como “los que no controlan los recursos principales de producción, ni los resortes del poder estatal, o los del mercado”.

Adicionalmente, acepta que la EP sí contiene organizaciones con patrones de capital y de reciprocidad, lo que confirma que en esa economía se realizan numerosas actividades y es de precavidos no rendirle pleitesía y menos confundirla con la economía social.

Con base en lo afirmado, una definición operativa de EP debe partir de la definición de “pueblo”; la definición de “pueblo” subyacente en la definición de Quijano es acertada, considerándola, pudiera adoptarse la siguiente definición de EP:

 “La economía popular comprende al conjunto de actividades realizadas por quienes no controlan los recursos principales de producción, ni los resortes del poder estatal, o los del mercado; ella se caracteriza por la variable combinación entre los patrones del capital y los de la reciprocidad con el predominio tendencial de los primeros”.

El debate continúa abierto. De cómo se defina economía popular dependerá: 1.- establecer el universo de los “actores populares; 2.- la población destinataria de determinadas políticas socio-económicas; 3.- las políticas y acciones que pudieran emprenderse y 4.- la efectividad de esas políticas y acciones.

Como se observa, las actividades de la EP, individuales o grupales, informales o no, son variadas e infinitas, y aunque pueden incluir bellas actividades de economía social y desarrollar el valor solidaridad, es decir merecer el calificativo de solidarias, numerosas son aberrantes.

oscarbastidasdelgado@gmail.com

Oscar Bastidas es cooperativista, consultor y facilitador en Emprendimiento Asociativo y Microempresas.

Enero 2021. Ismael Pérez Vigil. Politólogo.


 Enero 2021

  Con mayor frecuencia vemos que analistas, periodistas, “opinadores” de oficio, y toda clase de personas influyentes –esos que hoy denominamos con el anglicismo de influencers– desgranan en prensa y redes sociales su preocupación acerca del futuro político, inmediato,  de Venezuela. No es para menos, pues con la llegada de enero de 2021 se nos viene encima una muy complicada y difícil etapa.

 Quien no lo haya hecho aún, es pertinente que se pregunte: ¿Qué vamos a hacer?, es decir, más concretamente: ¿Cuál será la estrategia de la oposición para enfrentar al régimen dictatorial, autoritario, que gobierna al país? La pregunta no es retórica y como ven, la personalizo, no va dirigida solo a los políticos, a los partidos, sino a todos los venezolanos que nos oponemos a este régimen de oprobio.

 No creo descubrir la rueda ni inventar la pólvora al describir la situación con la que nos vamos a encontrar a partir de enero de 2021, pues muchos ya lo han hecho, simplemente la voy a resumir para que todos nos ubiquemos en la misma situación.

 Comencemos por el lado del régimen; éste se dispone a elegir el 6D una Asamblea Nacional (AN) a su medida. Poco le importa cuantos concurran y voten en el proceso, su CNE siempre puede poner el número que le resulte más conveniente; como hizo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que “acomodó” un número de votantes, con el único requisito de que fuera superior al de la consulta popular opositora efectuada dos semanas antes, el 16 de julio de 2017. Tampoco le importa mucho que a esa “elección” no concurra la oposición democrática; más bien todo su esfuerzo estuvo claramente dirigido a que no concurriera, para evitar riesgos innecesarios o verse en la necesidad de perpetrar un fraude mayor. Le basta y sobra con su oposición a la medida, la constituida por sus execrados aliados de la izquierda y los de la llamada “mesita”, que es improbable que puedan darle un “susto”, mucho menos sí para colmo van divididos en varios pedazos. Alguno de estos grupos, individualmente o “convenientemente”, lograrán alguna diputación, pero en un número que ni siquiera estará cerca de poner en peligro el objetivo del régimen de contar con los 2/3 de la futura AN.

 Tampoco le quita el sueño al régimen no tener la aprobación de la comunidad internacional; después de todo tampoco la elección de la ANC y las presidenciales de 2018 la tuvieron, y allí está el gobierno de facto. Al régimen le basta con que sus aliados internacionales –Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Turquía, y algunos otros– reconozcan dicha Asamblea y acepten gustosos los acuerdos internacionales que ésta les va a aprobar, para dar “seguridad jurídica” y tapar todos los negocios y trapacerías que ahora están realizando.

 El régimen, claramente, persigue tres objetivos importantes, ya ampliamente descritos, por eso apenas los menciono: uno, sacarse de encima la actual AN dominada por la oposición y que le aprobó un gobierno interino; dos, asestarle un golpe noble a la oposición democrática, que a partir de enero no contará con una representación parlamentaria ni con un gobierno interino que puedan ser reconocidos internacionalmente y tres, contar con una AN que, como ya señalé, facilite los negocios del régimen con sus socios internacionales

 Del lado de la oposición, enero de 2021 se presenta poco auspicioso. La oposición, a pesar de ser la mayoría en el país, de acuerdo con la última medición electoral en la que participó y de acuerdo con todas las encuestas, permanece inmovilizada, desanimada, lamentándose de su suerte, totalmente postrada, desmoralizada y dividida.

 Descontando la fracción que se anotó con el régimen para concurrir al proceso electoral –y que en consecuencia eligió “amoldarse” a sus exigencias, las actuales, electorales, y las futuras, que no sabemos a dónde la llevarán– la oposición se fragmenta en varios pedazos.

 Desde el punto de vista organizativo vemos un primer sector, constituido por una gran mayoría que se agrupa en el llamado Frente Amplio, pero que no tiene una clara estrategia de acción y movilización. Hasta el momento ha decidido dos cosas: una, abstenerse de participar en el proceso electoral del 6D, cuyas consecuencias prácticas vimos más arriba; y la otra es emprender, al parecer sin mucho ánimo y no unánimemente, la tarea de organizar una “consulta popular”, sobre la que hay algunas dudas importantes y no se termina de tener claro sus aspectos organizativos, lo que compromete –a gran escala– sus probabilidades de éxito.

 Hay un segundo sector, que algunos denominan o ven más “radical”, pero menos numeroso y representativo, aunque un tanto más ruidoso y activo en redes sociales, pero que parece resignado a esperar una improbable intervención internacional externa, que algunas veces han definido eufemísticamente de “fuerte”, denotando así su carácter aparentemente militar, pero que sin embargo inmediatamente niegan, preguntándose “quien ha dicho tal cosa…” Su tarea, en buena medida, se concreta en diferenciarse y criticar todas las iniciativas de la oposición mayoritaria, a la que obviamente aspira reemplazar en el tablero político.

 En lo organizativo también, hay un tercer sector, constituido por los disidentes del llamado chavismo, que no terminan de romper con el supuesto “ideario” de Hugo Chávez Frías, pero que obviamente no se identifican con el actual régimen madurista; algunos de sus factores más significativos ya tienen más de un lustro de disidencia, pero tampoco ha sido fácil su plena incorporación al conjunto de la fuerza opositora.

 Pero lo más grave es que fuera del marco organizativo de la oposición está la inmensa mayoría de ciudadanos comunes, del pueblo venezolano. Algunos, afiliados a organizaciones de la sociedad civil que, en el mejor de los casos, deambulan sin rumbo alrededor de los partidos; otros que rechazan a los partidos, con las ya clásicas consignas “antipolíticas” y “antipartidos”; otros, la gran mayoría, el peor de los casos, que permanecen inertes, desmovilizados, frustrados, apáticos, frente a la situación política del país, buscando desesperadamente una solución individual a sus penurias.

 Afortunadamente, en este sector ciudadano y de la sociedad civil, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que cada día se manifiesta y protesta por los más diversos y válidos motivos, con una motivación claramente política, pero poco precisa en su intención de orientarse y organizarse en contra del régimen y que en consecuencia es poco eficaz.

 De esta manera, ante el panorama descrito, la “oposición mayoritaria” tiene varias tareas que llevar adelante, desde ahora y sobre todo a partir de enero de 2021. Una es interna; y me refiero a lo interno de cada organización, para concluir –o iniciar– sus procesos de renovación, volverse más democráticos y participativos, tarea pendiente desde hace varios años, que al no resolverse deja puertas abiertas y facilita que se produzcan las disidencias que vimos recientemente, que dio origen a los llamados “alacranes” y “mesitas”; otra tarea, también interna, de conjunto, es dirimir rápidamente o diferir las disputas internas por el control político de la coalición opositora, para lograr orientar y canalizar políticamente todas esas protestas espontáneas, diarias, que se producen en el país.

 Sin embargo hay una importante tarea externa que llevar adelante y es la de continuar la relación con la comunidad internacional que ha venido apoyando desde hace un par de años al gobierno interino y que ahora se le hará más difícil concretar ese apoyo, al no contar con una representación parlamentaria, ni con un gobierno interino.

 Para esa tarea son importantes dos elementos; uno de ellos se volverá cada vez más peligroso a partir de enero de 2021, fecha en la cual el régimen controlará todas las instituciones del estado, sus recursos, el sistema de justicia y carcelario, todo el aparataje represivo; me refiero a mantener la denuncia de las violaciones de los DDHH y la situación crítica en la que vive el pueblo venezolano por la compleja crisis humanitaria; el segundo elemento que en este contexto de inamovilidad en el que estamos inmersos no se debe despreciar y adquiere gran importancia es participar en la “Consulta Popular”, que más allá de la especulación o argumentación de su carácter vinculante con base en el Artículo 70 de la Constitución, su significado puede ser mostrar al mundo, a la comunidad internacional, a nosotros mismos y al régimen, que la oposición venezolana sigue viva, activa y en disposición de luchar contra la dictadura que la oprime.

 En este contexto es importante que no olvidemos que 2021 es año electoral –de gobernadores, alcaldes, concejos, asambleas legislativas–- y que al llegar a la mitad del periodo del presidente usurpador, se abre la posibilidad, nuevamente, de un proceso revocatorio. Por eso es necesario abrir nuevamente la discusión: ¿Nos vamos a mantener en una posición abstencionista? ¿Vamos a luchar por unas elecciones justas, democráticas, imparciales, etc.? Son preguntas que a nadie gustan, pero es una realidad política que está allí, que se nos viene encima y a la cual habrá que dar respuesta.

 Una vez más reitero mi posición que la oposición democrática tiene que aprovechar todas las oportunidades para alcanzar mayores niveles organizativos, que permitan mantener la presión, nacional e internacional, para llegar a una negociación que acabe con este régimen de oprobio.

 https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

 

sábado, 28 de noviembre de 2020

Consulta Popular y 16J. Ismael Perez Vigil.Politólogo.


 


Consulta Popular y 16J

 

 La oposición democrática organiza un evento entre el 5 y el 12 de diciembre próximos, una “consulta popular”, en contraposición a lo poco democráticas e irritas elecciones convocadas para el 6 de diciembre (6D) por el igualmente ilegal y parcializado CNE.

 Frente a estas elecciones del 6D, la oposición democrática ha decidido abstenerse; es una estrategia que no apoyé en el momento de su discusión, pero que he aceptado acatar –como siempre dije que haría cuando se tomara una posición definitiva– porque considero que es más importante mantener la unidad opositora que mantener una posición de principios frente a algo que, en definitiva, no es más que una estrategia política.

 Con respecto a la “consulta popular” convocada, buena parte de las dudas que muchos tienen acerca de lo oportuno de realizarla provienen de que, para bien o para mal, todos tenemos en mente lo ocurrido con la exitosísima jornada de recolección de firmas o consulta igualmente popular, llevada a cabo el 16 de julio de 2017 (16J).

 Para rechazar la consulta propuesta hoy, algunos preguntan que para qué otra consulta, si la del 16J no sirvió para nada, pues no se llevaron adelante algunas acciones que ellos suponen que se debieron realizar.

 Al argumentar sus objeciones, comparando ambas situaciones, algunos aluden a que el 16J veníamos saliendo de una frustración porque nos habían eliminado el referendo revocatorio y que esa consulta fue algo así como el hijo directo de esa frustración. A lo mejor en octubre de 2016 eso de una consulta popular estaba “in pectore” o en la cabeza de algunos líderes políticos o ciudadanos, pero desde luego no era parte de la discusión política, pública, abierta, por lo que voy a disentir de esa conexión directa que se hace entre ambos eventos, la suspensión del revocatorio a finales de 2016 y la recolección de firmas del 16 de julio de 2017.

 Soy de los que cree que es necesario tener en cuenta, al evaluar la actual consulta popular,  que estamos en condiciones muy diferentes para realizar esa consulta, con relación al ambiente político que había el 16J; pero, hacer esa conexión directa, entre la suspensión del revocatorio y la recolección de firmas del 16J, me parece que es un intento de argumentar contra la consulta actual, haciendo una comparación de eventos, olvidando y soslayando algunos acontecimientos políticos importantes ocurridos entre octubre de 2016, cuando se cancela la posibilidad del revocatorio y el 16 de julio de 2017. Recordemos solo los más significativos.

  Se posponen, sin motivo justificado, las elecciones de gobernadores.

  Se detiene la recolección de firmas para el revocatorio, tras la decisión ilegal de varios jueces penales y se elimina de manera definitiva la posibilidad del referendo revocatorio.

  Fracasan los intentos de diálogo de Margarita, mediados por El Vaticano, Samper, Rodríguez Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández)

    El TSJ intenta quitarle atribuciones a la AN con dos decisiones, que después revocaron, pero que desencadenan una serie de eventos políticos.

  Como consecuencia de esas decisiones del TSJ se reinician protestas, marchas y manifestaciones que duraron varios meses y que dejaron más de 140 muertos.

  Se inhabilitó políticamente a Capriles Radonsky, en ese momento Gobernador, y se amenazaba y ponía presos a los alcaldes opositores, algunos de los cuales se vieron obligados a irse al exilio.

  El presidente Nicolas Maduro convoca inconstitucionalmente a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, a lo que el CNE responde perentoriamente fijando la fecha.

  La Fiscal General, Luisa Ortega Diaz, que había calificado de “ruptura del orden constitucional” las decisiones del TSJ para quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional, AN, intenta, infructuosamente, acciones contra la convocatoria de la ANC.

    Las acciones de la Fiscal General conducen a su destitución, su exilio y nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General.

    El 27 de abril, Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las críticas a la situación venezolana por parte de su Secretario General y del propio organismo, que realiza dos intentos –el 31 de mayo y el 20 de junio– de censurar a Venezuela, sin lograr consenso suficiente.

    El 27 de junio Oscar Perez bombardea desde un helicóptero la sede del TSJ.

    El 3 de julio, el presidente de la AN, Julio Borges, en nombre de la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anuncia la convocatoria de un plebiscito o consulta popular, de la que se venía hablando hace algunas semanas.

   El 5 de julio la AN –a pesar de estar rodeada por violentos manifestantes oficialistas y ser invadida su sede– aprueba formalmente realizar la consulta popular y el 6 de julio se dan a conocer las preguntas y comienza, públicamente, el proceso de organización de la consulta del 16 de julio.

   Todos esos acontecimientos, sin que sea fácil privilegiar la mayor importancia de alguno de ellos, fueron el caldo de cultivo, el ambiente político que había en el país y que convocó a la participación de la consulta popular del 16 de julio de 2017 a más de 7 millones y medio de venezolanos, de los cuales 724 mil participantes lo hicieron en el exterior, repartidos en 556 ciudades de 90 países.

  Hoy, que nos avocamos a una nueva consulta popular, a diferencia de esa efervescencia, vivimos un proceso político muy diferente, con una población desanimada, que ha transitado por varios procesos de abstención electoral, con la vía del voto totalmente satanizada, con una crisis económica y social que hace que la gente se concentre prioritariamente en resolver su situación para sobrevivir, con graves problemas de desplazamiento y movilidad por la pandemia y la falta de gasolina, sin conexión a internet y ni siquiera luz en buena parte del país, como para hacer la consulta de manera virtual. Incluso en el exterior habrá dificultades para recoger firmas presencialmente, por la pandemia y porque buena parte del hemisferio norte estará en pleno invierno.

  A todo eso habrá que agregar los esfuerzos que desplegará el régimen para sabotear, intimidar y desconocer esa actividad. Debemos estar preparados, por ejemplo, para que el régimen compare los resultados de esa consulta popular con sus elecciones de la AN prevista para el 6D. Sin duda exagerarán la participación del 6D, sobre la cual dirán cualquier número, como hicieron con los resultados de la ANC, cuando simplemente lanzaron una cifra superior a la de la consulta del 16J; pero, como se recordará, nunca publicaron resultados por entidad ni por mesa, como era de esperarse de todo evento oficial del CNE, y nunca supimos realmente cuántos votantes concurrieron a ese proceso ni con cuántos votos fueron electos de manera individual los integrantes de la ANC.

  Como quiera que la decisión de hacer la consulta está tomada, no tengo dudas en que se hará un gran esfuerzo para superar todas esas condiciones adversas y lograr una jornada lo más exitosa posible. De hecho, en las diferentes regiones del país y en algunas zonas de Caracas, eso está ocurriendo ya y se nota un entusiasmo muy superior al que se percibe en las discusiones de algunas redes sociales y grupos de WhatsApp.

 Lo importante es que no nos formemos expectativas sin bases reales y no hagamos comparaciones inapropiadas con eventos anteriores o similares; que nadie esté pensando tampoco, por la forma en que están redactadas las preguntas, en que esa será la actividad que ponga al régimen contra la pared y lo obligará a renunciar e irse. Por muchas interpretaciones jurídicas en cuanto a lo vinculante o no de esa consulta, lo cierto es que el poder fáctico, el régimen, no está dispuesto a reconocer ninguno de sus resultados y, como siempre, sí está dispuesto a utilizar la fuerza para demostrarlo. A pesar de eso, la jornada, por sus características, ofrece una oportunidad para alcanzar mayores niveles ciudadanos de organización, que no debemos desaprovechar; es también una oportunidad para seguir demostrando a la comunidad internacional y a los países que han apoyado al gobierno interino, que la oposición venezolana sigue viva, aun cuando no participe en jornadas electorales organizadas por el régimen, porque éstas no reúnen condiciones mínimas de equidad, libertad y democracia.

  En resumen, con relación a la consulta popular, creo que hay que deponer algunas actitudes de rechazo y desmoralización hacia los que han decidido asumir las dificultades, ya de por si importantes, de esta tarea y aprovechar la circunstancia de la posición unitaria asumida por la oposición democrática para convertir esta jornada de consulta popular en, al menos, un reinicio de la actividad política de calle por parte de los ciudadanos, muy adormecidos desde hace casi un año. Que la jornada se sume, sin otras pretensiones, a las diarias protestas del pueblo venezolano en contra del régimen, por los más variados y válidos motivos, ya es un logro importante.

 Como dice Daniel Asuaje: “Hoy luce casi imposible salir de este laberinto y si solo un milagro puede sacarnos de él, entonces es tiempo de estar determinados a coproducirlo, no a obstaculizar a quienes buscan realizarlo.” (Los Milagros (a veces) existen. El Universal, 18 de noviembre de 2020)

 https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

 


viernes, 27 de noviembre de 2020

Foro Arco Minero del Orinoco, destrucción ambiental a Gran Escala, con el Dip @AmericoDeGrazia, #27Nov

https://youtu.be/1BGu41M2PyI




El Derecho de existir y de accionar de las Organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela



Por Hernan Papaterra, Ambientalista

Las Organizaciones no gubernamentales son instituciones creadas por la sociedad civil para velar y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos al interior de un país. Particularmente cuando desde los Estados y Gobiernos existe la tendencia a ignorarlos, violarlos y anularlos casi siempre en perjuicio de las personas y comunidades social y económicamente más vulnerables al hambre y la pobreza.

Existen para la justa defensa del ciudadano cumpliendo para ello con llamar y encauzar la atención de la comunidad internacional sobre temas de derechos humanos, sean estos ambientales, educativos, culturales, laborales, sanitarios, incluso políticos.

Por supuesto que se constituyen para –entre otras razones- monitorear las acciones de los gobiernos y los presionan para actuar de acuerdo a los principios de los derechos humanos, y conminarlos ética y moralmente al cumplimiento de sus deberes suscritos en tratados, convenios, convenciones internacionales y mundiales, la constitución y las leyes de la república.

Organizaciones No Gubernamentales como Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive, iniciativas sociales de participación comunitaria en Venezuela, lideradas entre otros por Roberto Patiño, tienen el afecto, reconocimiento y la solidaridad de los venezolanos sensibles a las penurias en las que sobreviven millones de venezolanos vulnerables. Son esfuerzos de participación ciudadana responsable dignos de apoyo. Perseguirlos desde el Estado y el Gobierno es –cuando menos- una arbitrariedad de especial crueldad.

Alimenta La Solidaridad y Caracas Mi Convive son dos organizaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas y registradas en el país, que son parte del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas. Con 4 años de experiencia la primera y 7 años la segunda, que en el devenir han beneficiado a más de 25 mil niños y familias en riesgo de inseguridad alimentaria en Venezuela, además de un sin número de madres lactantes, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

Es perfectamente lícito y legítimo que recurran a los mecanismos y procedimientos jurídicos y de solidaridad internacionales establecidos para proteger los derechos humanos tanto a nivel de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Como se afirma expresamente en el portal: GuiaONGs …. https://www.guiaongs.org/directorio/defensa-derechos-humanos/: 

“La defensa de los derechos humanos constituye un conjunto de acciones solidarias realizadas por organizaciones no gubernamentales para favorecer el desarrollo, la protección de los intereses y de aquellos sectores sociales que sufren exclusión social y política. Es la actividad más presente en la acción humanitaria, la cual desarrolla planes de emergencias para abordar crisis humanitarias consecuencia de le violación de los derechos humanos”.

“Por lo tanto, no se trata solo de suministrar ayudas de bienes básicos de subsistencia, sino también la idealización de planes que defiendan los derechos de aquellos que no tienen voz”.

“Las acciones de estas organizaciones son la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos, defensa de los derechos de los pueblos indígenas, investigación y recopilación de datos sobre atentados contra los derechos humanos, denuncia de la pasividad de muchos gobiernos ante la falta de derechos humanos, propuesta de nuevas leyes y Convenios internacionales, presión política, educación en derechos humanos…”

Particular atención y por consiguiente apoyo irrestricto merecen las ONGs abocadas al tema de la alimentación adecuada y la nutrición segura. Se debe poner fin al hambre y la malnutrición.

Venezuela es claramente un caso atípico de los Estados y Gobiernos que no cumplen sus obligaciones de respetar, proteger o dar efectividad al derecho a la alimentación, y ese incumplimiento por parte del Estado es una de las causas principales de la persistencia del hambre y la malnutrición en el país.

Nunca olvidar que la Declaración Universal de Derechos Humanos sienta las bases clave para reforzar y visibilizar la indivisibilidad, la interdependencia y universalidad de todos los derechos humanos. La Declaración determinó que la realización de todos los derechos humanos –civiles, culturales, económicos, políticos y sociales– es necesaria para garantizar una vida digna a todos los seres humanos. Como se dice en su artículo 25, «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...».

Estos tres elementos son imprescindibles para garantizar los derechos de nutrición y de alimentación: acceso a la alimentación, la salud y la atención necesarias. Son condiciones necesarias para asegurar una nutrición adecuada a los niños, a las madres gestantes y embarazadas, a las personas adultos mayores. Están estrechamente ligados al acceso garantizado al agua y la preservación de la diversidad biológica.

La motivación de la actuación de las ONG y el movimiento social pueden resumirse en estos dos párrafos:

 Aunque el derecho a la alimentación está plenamente reconocido desde el punto de vista jurídico, su realización sigue siendo muy deficiente. Es preciso que los Estados adopten medidas más concretas para intensificar los esfuerzos orientados a dar una mayor efectividad al derecho a la alimentación, y para ello es indispensable una sociedad civil activa.

 El hambre y la malnutrición son fundamentalmente cuestiones de justicia. El derecho de todo ser humano a la alimentación y el mantenimiento de la vida es parte esencial de los derechos humanos, y ha llegado el momento de comprender la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, del derecho fundamental a la alimentación.

Las ONG deben ser independientes y autónomas. Su valor principal es que tienen la capacidad para fiscalizar objetiva e independientemente los actos gubernamentales que puedan tener consecuencias negativas para la plena vigencia de los derechos humanos. De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también los derechos civiles y políticos.

Bajo ninguna razón deben ni pueden ser interferidas ni anulada su actuación por agentes del Estado y/o del Gobierno.

Rechazamos las restricciones que rodean la expresión y la participación de la sociedad civil en Venezuela. Exigimos que cesen las Violaciones del derecho de las ONG a la financiación nacional e internacional: nos preocupa y alarma que se siga un ciclo que va del hostigamiento a la criminalización de las legítimas, éticas y morales actuaciones solidarias de las ONG.

Para nada se justifica la puesta en práctica de una tendencia progresiva de estigmatización y restricciones injustificadas en materia de acceso a la financiación y a los recursos destinados a las organizaciones de la sociedad civil.

“… la posibilidad de que las asociaciones accedan a financiación y recursos es parte integrante y vital del derecho a la libertad de asociación [...] Todas las asociaciones, estén o no registradas, deben disfrutar del derecho a recabar y obtener financiación de entidades nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales”. El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos.

Noviembre 26 de 2020