Por Marino J. González, 27/01/2018
No hay ninguna duda de que en
Venezuela el respeto a la vida ha desaparecido como práctica de las responsabilidades
del gobierno. Para empezar, el hecho de
que la mayoría de los venezolanos no cuente con los recursos para comprar los
alimentos del día, lo cual trae como consecuencia los riesgos de muerte y
desnutrición, especialmente para aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad,
ya deja bastante claro que la preservación de la vida no es la guía de la acción
pública. A ello debe agregarse que también la mayoría de la población no tiene
acceso a los medicamentos para afecciones de todo tipo, y que por la falta de
ellos muchas personas están en peligro real de morir. El grado de desprotección
ante la violencia, que ha condicionado que la gran mayoría de la población se
sienta con temor incluso en su propia vivienda, ha llegado hasta el punto de
que el país es considerado en este momento el más peligroso en el mundo. Ya
todo eso bastaría para tener la máxima preocupación.
A todo lo anterior hay que agregar el
clima de zozobra que ha experimentado el país ante los sucesos ocurridos en El
Junquito la semana pasada. Especial mención deben recibir dos hechos
absolutamente sorprendentes que requieren ser aclarados en las investigaciones
por venir. En primer lugar, el
lamentable resultado en vidas humanas cuando aparentemente había disposición de
entregarse ante las autoridades. Y en segundo lugar, las acciones de los
organismos oficiales para disponer de los cuerpos de los fallecidos sin tomar
en consideración la voluntad de sus familias. Estas acciones, por parte de
los organismos responsables, indican que no existió mayor miramiento por los
sentimientos y decisiones de los familiares.
