Por Ismael Pérez Vigil
22/06/2019
Las fallas, errores y manipulaciones
que “invalidan” el Registro Electoral (RE), es uno de los temas favoritos de
quienes rechazan la vía electoral como alternativa para salir de este régimen
de oprobio.
No cabe duda que el RE tiene fallas,
que hay errores, que ha sido manipulado arbitraria e ilegalmente y esas
irregularidades contribuyen a la trampa y el fraude que monta el régimen, a
través del CNE, para desacreditar e impedir el voto, derecho político y humano
fundamental; pero hasta el momento debo decir que ninguna de las “pruebas” que
han aportado quienes lo critican me han parecido convincentes y determinantes,
sobre todo como para afirmar que antes de acudir a cualquier proceso electoral
se debe comenzar por hacer un “nuevo” registro, empezando desde cero. Parece
que algunos no se han paseado por lo que significa, sobre todo en términos de
tiempo, construir, desde cero, un nuevo registro electoral de más de 22
millones de electores, que es lo que debería de tener hoy nuestro RE.
Como decíamos, estamos hablando de un
registro que hoy, oficialmente, sin estar debidamente actualizado, ya contiene
20 millones de electores y debería tener por lo menos millón y medio más. Por
supuesto que todos los errores e irregularidades cuentan y van sumando, pero
decir que hay 50 mil apellidos extraños, que no aparecían en registros
anteriores (el 0,25%), o 100 mil casos –y exagero– de cédulas repetidas
(0,45%), o unos miles de personas de edad centenaria, no son una proporción
significativa sobre el total; siempre habrá errores y omisiones, “deliberados”
o no, y no es algo que, aunque llame la atención, deba ser considerado de gran
preocupación como para justificar la necesidad de rehacerlo por completo.
Tampoco es razón suficiente afirmar que
hay “millones” de extranjeros: chinos, rusos, turcos, iraníes y –los
favoritos–, colombianos, con cédula venezolana inscritos y que “alteran” los
resultados, sin aportar información o datos que demuestren eso. Pero sobre todo
porque, además, hoy en día, nadie puede asegurar, que de ser cierto y de votar
esos “millones” lo vayan a hacer por los candidatos del régimen; al menos no es
eso lo que dicen las encuestas. Y así pudiéramos seguir enumerando fallas y
errores, pero, repito, ninguna tiene un peso o una proporción significativa sobre
el total.
Ni siquiera es significativo decir
–aunque preocupante y a tomar en cuenta– que hay 600 mil “movimientos
irregulares” en el registro, sobre todo considerando que lo que está en
perspectiva es una elección presidencial –sin caer en afirmaciones o
especulaciones sobre fechas– que es una elección de circunscripción nacional
única y por lo tanto no tiene ningún efecto sobre el resultado en dónde vote el
elector. Desde luego, no voy a desconocer que si un elector actualmente vota
cruzando la calle de su casa o en la cuadra siguiente y lo “mueven”
irregularmente para otro estado o ciudad, lo más probable es que no vote – y
eso es precisamente lo que busca el CNE para favorecer al régimen– pero, en mi
opinión deberíamos concentrarnos en otras críticas al hablar del tema del RE.
Una de las irregularidades importantes
que se han cometido con el RE es quitarle su carácter de “permanente”, en la
última modificación de la ley. Si bien se habla de que es de “carácter
continuo” (Artículo 28.2 de la LOPRE), era mucho más claro cuando la ley
establecía que se trataba de un “registro electoral permanente”, que implicaba
que nunca se interrumpía, que en cualquier momento se podía acudir a una
oficina del CNE o de algún centro habilitado para tal fin, para registrarse
como elector. Nunca se “cerraba” la inscripción en el RE, simplemente se hacía
un “corte”, meses antes de una elección, para establecer con ese corte los que
tendrían derecho al voto en dicha elección, organizar circunscripciones
electorales, centros de votación, mesas y cuadernos electorales, y establecer
quién, de acuerdo a ese RE, tenía derecho al voto, siempre que tuviera al menos
18 años, una cédula de identidad y figurara en el registro, antes de la fecha
del “corte” para dicha elección.
Hoy en día, al no ser un RE
“permanente”, queda a criterio del CNE establecer “campañas” o “jornadas” u
“operativos” de inscripción, que como hemos visto, especialmente desde el año
2013, son tan insuficientes, mal informadas y tan mal implementadas, que hoy
tenemos un rezago en el RE de más de un millón seiscientos mil jóvenes
electores que no están inscritos y ya tienen más de 18 años de edad.
Eso nos lleva a otra irregularidad
importante que también debemos tomar en cuenta y es la cantidad de venezolanos
que, por no estar actualizado el RE, están siendo privados de su derecho al
voto.
De acuerdo con las cifras oficiales del
Instituto Nacional de Estadística (INE) –que no sé qué tan fieles y exactas
sean, pero son las que tenemos– en 2019 para una población estimada en 32,5
millones de habitantes, debería haber 22 millones 418 mil venezolanos mayores
de 18 años, con derecho al voto, y el RE actualmente solo tiene 20 millones 700
mil inscritos, incluidos los extranjeros con derecho a sufragar solo en
elecciones locales; lo que significa que a través del CNE, organismo que debe
estimular y proteger el derecho al voto como ya he dicho, paradójicamente, se
está impidiendo, negando, ese derecho a más de un millón seiscientos mil
jóvenes, nuevos electores.
A esa cifra debemos sumar la de los
venezolanos en el exterior que no han podido actualizar su RE para hacer el
cambio de domicilio que les permita votar en el exterior. En este caso estamos
hablando, para finales de 2019, de un número aproximado de más dos millones y medio
de venezolanos, con derecho al voto, que hoy viven en otro país y se les está
exigiendo para actualizar su registro o registrarse, cuando ello es posible, no
solamente la cédula de identidad, como dice la ley, sino que además presenten
una “certificación” de un gobierno extranjero de que residen legalmente en ese
país.
En síntesis, estamos hablando de que,
por irregularidades en el RE, el CNE está privando del derecho al voto a más de
cuatro millones de venezolanos, es decir al 18% del padrón electoral. Esa sí es
una cifra que nos debe preocupar y nos los 50 mil apellidos irregulares, (que
son apenas el 0,23% de los electores), o los 100 mil posibles doble cedulados,
(que son el 0,45%), u otras irregularidades menores que puedan existir en el
RE. El RE puede ser auditado, por especialistas, con apoyo internacional y con
participación de los partidos políticos y electores y ni siquiera tiene que ser
una auditoria total, sino a una muestra estadística bien calculada y
determinada; por supuesto, no con este CNE ni en las condiciones actuales, sino
cuando se despeje algo más el camino hacia unas elecciones libres.
Nuestra principal tarea está clara,
incorporar en un RE –permanente– a los nuevos votantes y a los venezolanos en
el exterior, para fortalecer el derecho al voto, minado por el régimen, con la
ayuda del CNE.
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