Manifestante detenida por las fuerzas de seguridad durante enfrentamientos en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 10 de julio de 2017.
Reuters/Carlos Garcia Rawlins
Human Rights Watch aplaudió el jueves la resistencia en todo el mundo a los populismos al estilo Donald Trump, e instó a no bajar la guardia ante la amenaza que suponen para las instituciones democráticas, desde Venezuela a Hungría pasando por Filipinas.
En su informe anual, la organización internacional repasó la situación de derechos humanos en Venezuela y destacó en particular que el presidente venezolano Nicolás Maduro haya sido confrontado por protestas callejeras por seguir “destruyendo la democracia”.
Actualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.
A continuación el reporte completo sobre Venezuela:
Actualmente no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo. A través de una serie de medidas, el gobierno venezolano —con Maduro en la presidencia y, anteriormente, con Chávez— ha copado los tribunales de jueces que ni siquiera pretenden actuar de manera independiente. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de represión en las calles, habitualmente violenta, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica. En respuesta a la crisis de derechos humanos y humanitaria, cientos de miles venezolanos están huyendo del país.
Otras preocupaciones que persisten son las condiciones deficitarias en los centros de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes por parte de las autoridades.
El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos.
Persecución de opositores políticos
El gobierno venezolano ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Al momento de elaboración de este documento, había más de 340 presos políticos en cárceles o sedes del servicio de inteligencia venezolano, según datos del Foro Penal, una red venezolana de abogados defensores penalistas que trabajan ad honórem.
A mediados de 2017, luego de procedimientos sumarios que no respetaron las normas internacionales sobre debido proceso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó arbitrariamente a cinco alcaldes opositores a 15 meses de prisión y los inhabilitó para postularse a cargos públicos. Cuando se redactó este documento, uno de ellos estaba detenido en la sede del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN) en Caracas y los demás habían huido del país. Al menos otros nueve alcaldes estaban sujetos a un mandamiento de amparo cautelar del Tribunal Supremo, que podría llevar a la imposición de similares penas de prisión si se determinara que los alcaldes violaron las disposiciones de esas medidas cautelares.
El dirigente opositor Leopoldo López cumple una condena de más de 13 años de prisión por haber presuntamente incitado a la violencia durante una manifestación en Caracas en febrero de 2014, a pesar de la falta de pruebas creíbles en su contra.
Luego de tres años y medio en prisión, se le concedió a López arresto domiciliario en julio de 2017, pero fue detenido nuevamente en medio de la noche algunas semanas después, tras haber criticado públicamente al gobierno. Esa misma noche, agentes de inteligencia detuvieron al exalcalde opositor Antonio Ledezma, que estaba en prisión domiciliaria desde 2015 y había publicado un video crítico del gobierno poco tiempo antes.
El Tribunal Supremo más tarde emitió una declaración indicando que López no tenía permitido realizar ningún tipo de “proselitismo político” y que Ledezma debía abstenerse “de emitir declaraciones ante cualquier medio”, y añadió además que “fuentes de inteligencia” informaron que tenían un plan de fuga. Ambos hombres obtuvieron nuevamente el arresto domiciliario algunos días después. En noviembre, Ledezma huyó de Venezuela.
Varias otras personas arrestadas en relación con las protestas contra el gobierno de 2014 o acciones posteriores de activismo político permanecen en arresto domiciliario o están detenidas a la espera de un juicio.
Represión de protestas
Entre abril y julio de 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, junto con grupos armados partidarios del gobierno llamados “colectivos”, han atacado con violencia manifestaciones contra el gobierno, en algunas de las cuales participaron decenas de miles de venezolanos. Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos.
Según el Ministerio Público, al 31 de julio al menos 124 personas habían muerto durante incidentes relacionados con las protestas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó en agosto que más de la mitad de las muertes habían sido provocadas por agentes de seguridad o colectivos. El gobierno venezolano afirma que 10 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de manifestaciones, e informó sobre varias instancias de violencia contra simpatizantes del gobierno.
A fines de julio, antes de que la Asamblea Nacional Constituyente destituyera a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, su institución estaba investigando casi 2.000 casos de personas heridas en el marco de las protestas. Si bien este número parece haber incluido casos en los cuales los presuntos autores fueron manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad, en más de la mitad de los casos, el Ministerio Público estaba investigando presuntas violaciones de derechos fundamentales.
Entre abril y noviembre, se detuvo a cerca de 5.400 personas en relación con protestas, incluidos manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la orden judicial correspondiente, indicó el Foro Penal. Cuando se redactó este documento, cerca de 3.900 habían recibido la libertad condicional pero todavía enfrentaban causas penales.
Integrantes de las fuerzas de seguridad también han cometido graves abusos contra detenidos que, en algunos casos, constituyen torturas, como violentas golpizas, descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. La justicia militar ha procesado a más de 750 civiles, en contravención a lo dispuesto por el derecho internacional.
A comienzos de 2014, las autoridades respondieron a manifestaciones masivas contra el gobierno con un uso excesivo de la fuerza. En muchos casos, los miembros de las fuerzas de seguridad mantuvieron a los manifestantes incomunicados en bases militares por 48 horas o períodos mayores, y algunos cometieron violaciones de derechos humanos aberrantes, como violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras, y obligar a los detenidos a mantenerse en cuclillas o arrodillados, sin moverse, por varias horas.
Ninguna alta autoridad ha sido juzgada por estos abusos.
Asamblea Nacional Constituyente
En mayo, Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente por decreto presidencial, pese al requisito constitucional que exige, para reformar la constitución, celebrar antes una consulta popular. La asamblea está integrada exclusivamente por partidarios del gobierno, designados mediante una elección que tuvo lugar en julio y que Smartmatic, la empresa contratada por el gobierno para verificar los resultados, determinó posteriormente que había sido fraudulenta.
La Asamblea Nacional Constituyente tiene amplios poderes que van mucho más allá de redactar la constitución. En agosto, apenas empezó a funcionar, los miembros de la asamblea asumieron todas las facultades legislativas y destituyeron a la Fiscal General Ortega Díaz —que anteriormente había sido leal al gobierno y, a fines de marzo, empezó a criticarlo— y nombraron a un partidario del gobierno en el cargo. En noviembre, junto con el Tribunal Supremo, quitó la inmunidad parlamentaria al vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara.
Operación Liberación del Pueblo
A partir de julio de 2015, el Presidente Maduro movilizó a más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país, en el marco de una iniciativa denominada la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP), para hacer frente al agravamiento de la situación de inseguridad. Las redadas policiales y militares llevadas a cabo en comunidades populares y de inmigrantes dieron origen a señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.
En noviembre de 2017, la fiscal general indicó que más de 500 personas habían muerto durante redadas de la OLP entre 2015 y 2017. En reiteradas declaraciones, funcionarios del gobierno afirmaron que las muertes se produjeron durante “enfrentamientos” con delincuentes armados, algo que en muchos casos niegan los familiares de las víctimas o los testigos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez cuando estaban bajo custodia policial.
Crisis humanitaria
Los venezolanos enfrentan una severa escasez de medicamentos, insumos médicos y alimentos que cercena gravemente su derecho a la salud y la alimentación. En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Independencia judicial
Desde que el expresidente Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo en 2004 un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado de manera pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno actual.
Desde que la oposición asumió la mayoría en la Asamblea Nacional en enero de 2016, el Tribunal Supremo ha invalidado casi todas las leyes que se aprobaron. En marzo de 2017, el Tribunal Supremo se arrogó todas las facultades legislativas y dio marcha atrás parcialmente recién cuando se expresaron fuertes críticas en Venezuela y el exterior.
Libertad de expresión
Durante más de una década, el gobierno ha ampliado y ejercido en forma abusiva su facultad de regular los medios de comunicación, y ha reducido la cantidad de medios críticos. La legislación vigente concede al gobierno la potestad de suspender o revocar licencias a medios privados cuando “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, permitir la suspensión arbitraria de sitios web en el supuesto de “incitación” —una infracción definida de manera muy vaga— y penalizar las expresiones “ofensivas” sobre funcionarios gubernamentales. Si bien algunos periódicos, páginas web y estaciones de radio critican al gobierno, la autocensura por temor a represalias gubernamentales es muy habitual.
Miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron, interrogaron y confiscaron equipos a varios periodistas durante 2017. Se impidió que algunos periodistas internacionales ingresaran al país, o fueron detenidos por informar sobre las protestas contra el gobierno o la crisis de salud. Se quitó del aire a varios canales de noticias de cable y estaciones de radio.
En noviembre, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó una “Ley contra el odio” que contiene expresiones imprecisas que socavan la libertad de expresión. Prohíbe a los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio” y prevé penas de prisión de hasta 20 años contra quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio” en medios de comunicación tradicionales y medios sociales.
Defensores de derechos humanos
Las medidas gubernamentales para restringir el financiamiento internacional de organizaciones no gubernamentales, sumadas a las reiteradas acusaciones infundadas —realizadas por funcionarios y partidarios del gobierno— de que los defensores de derechos humanos pretenden desestabilizar la democracia venezolana, generan un clima hostil que afecta la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos.
En 2010, el Tribunal Supremo determinó que las personas u organizaciones que reciban financiamiento del exterior podrían ser juzgadas por traición a la Patria. Ese año, la Asamblea Nacional promulgó una ley que impide a organizaciones dedicadas a la “defensa de los derechos políticos” o el “control sobre los poderes públicos” recibir financiamiento internacional.
Discriminación política
Según se indicó en medios de comunicación venezolanos, cientos de empleados públicos fueron despedidos en 2016 por haber apoyado el referéndum revocatorio del Presidente Maduro, y en 2017 muchos otros fueron amenazados con ser despedidos por apoyar la consulta pública organizada por la oposición contra la propuesta del gobierno de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Otros informes indican que un programa gubernamental que distribuye alimentos y artículos básicos a precios controlados por el gobierno discrimina contra los críticos del gobierno.
Condiciones en centros de detención
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la falta de personal suficiente y la capacitación inadecuada de guardias han permitido que pandillas armadas ejerzan el control efectivo de las cárceles. En agosto, murieron 37 internos —casi la mitad de los detenidos— en el Centro de Detención Judicial de Amazonas en Puerto Ayacucho, y 14 guardias de seguridad resultaron heridos cuando las fuerzas de seguridad habrían intentado tomar el control de la cárcel.
Actores internacionales clave
En marzo y julio, el Secretario General de la OEA Luis Almagro presentó dos informes integrales sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela, en el marco de una discusión sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana, un acuerdo que tutela las garantías democráticas y de derechos humanos en los Estados Miembros de la OEA. Entre septiembre y noviembre, la OEA celebró una serie de audiencias públicas en las cuales víctimas brindaron su testimonio a tres expertos que evaluaron si los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas podrían constituir delitos de lesa humanidad.
En agosto, el bloque de comercio regional Mercosur suspendió por tiempo indefinido a Venezuela, aplicando el Protocolo de Ushuaia, un acuerdo que permite al bloque suspender a un miembro cuando haya una “ruptura del […] orden constitucional”.
También en agosto, 17 ministros de Relaciones Exteriores de América se reunieron en Perú para analizar la crisis venezolana. Doce de ellos —11 gobiernos latinoamericanos y Canadá— firmaron la Declaración de Lima, un documento integral que condena la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Los 12 manifestaron que no reconocerían a la Asamblea Nacional Constituyente ni a sus resoluciones, se comprometieron a que cesara la transferencia de armas a Venezuela y expresaron preocupación por la crisis humanitaria y la negativa del gobierno a aceptar asistencia humanitaria internacional. También expresaron su voluntad de apoyar esfuerzos que faciliten negociaciones creíbles y de buena fe, orientadas a restablecer pacíficamente la democracia en el país.
El gobierno denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH), y privó así a ciudadanos y residentes de la posibilidad de solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando no estén disponibles recursos locales o estos no sean efectivos para la reparación de abusos cometidos después de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue dando seguimiento a la situación en Venezuela, aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que no es un instrumento que esté sujeto a la ratificación por los Estados.
En agosto de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos difundió un informe que concluyó que las autoridades venezolanas habían cometido violaciones de derechos humanos y abusos extendidos en la respuesta a las manifestaciones contra el gobierno. El “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, indicó el informe.
En septiembre, el alto comisionado presentó sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indicó que “es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad” en Venezuela, e instó a que se lleve a cabo una investigación internacional. Numerosos Estados manifestaron preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país.
En 2015, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama aplicó por decreto sanciones específicas a siete funcionarios del gobierno venezolano. En julio de 2016, el Congreso estadounidense prorrogó hasta 2019 su facultad de inmovilizar activos y denegar visas a funcionarios acusados de abusos a participantes en las protestas contra el gobierno de 2014.
En 2017, el gobierno estadounidense emitió otras sanciones internacionales contra funcionarios venezolanos clave, incluido el Presidente Maduro, así como sanciones financieras que incluyen la prohibición de acuerdos sobre nuevas acciones y bonos emitidos por el gobierno venezolano y compañías petroleras estatales. La amenaza expresada por el Presidente Trump en agosto de usar la fuerza militar contra Venezuela recibió fuertes críticas en la región.
La Unión Europea ha manifestado reiteradamente consternación por el deterioro de la situación en Venezuela, y repudió la represión violenta de protestas pacíficas y la persecución de opositores políticos. En noviembre, aplicó un embargo de armas sobre Venezuela y anunció sanciones específicas a funcionarios venezolanos.
Los esfuerzos internacionales para mediar entre el gobierno y la oposición con el fin de restablecer el orden democrático en Venezuela no han derivado en resultados sustanciales.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela ha votado reiteradamente contra la evaluación de violaciones de derechos humanos en otros países, y se opuso a resoluciones que alertaban sobre abusos en países como Siria, Bielorrusia, Burundi e Irán.
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