El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión
Europea sugiere 23 importantes recomendaciones que, a partir de los observado
el pasado 21 de noviembre, apuntan a mejoras del proceso electoral y al
fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela, las cuales se
deben traducir en una ruta de trabajo para el Estado venezolano y en una agenda
de exigencia de derechos por parte de la ciudadanía.
Estas son:
1. Reforzar la separación de poderes y la confianza en la
independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la aprobación de una
nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del TSJ, para
alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de
jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de
las competencias del Poder Electoral.
2. Definir claramente las responsabilidades de las juntas
electorales regionales y municipales y reforzar su autonomía.
3. Publicar toda la información electoral relevante de manera clara
y oportuna para cumplir con la disposición legal de transparencia del CNE.
4. Llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la
confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los
votantes cómo votar por diferentes opciones políticas en elecciones
simultáneas.
5. Facilitar el acceso al voto de personas detenidas con derecho a
votar.
6. Proporcionar más opciones para que los votantes, incluidos los
venezolanos que viven en el extranjero, actualicen su información fuera de los
períodos electorales, con el fin de mejorar la precisión del registro electoral
y medir mejor las tasas de participación electoral.
7. Modificar los plazos de sustitución de candidatos por parte de
los partidos políticos para que finalicen con más antelación antes del día de
las elecciones y aparezcan los candidatos definitivos en la boleta, con el fin
de garantizar el derecho de los votantes a un voto informado.
8. Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a
ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un
procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute
negativamente en el derecho a la defensa.
9. Notificar a los candidatos el resultado de sus solicitudes y
divulgar la información relativa a la inscripción, sustitución, renuncia o
rechazo de los candidatos, para aumentar la transparencia.
10. Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la
introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la
amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que
se refiere al uso de recursos del Estado en campaña.
11. Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales
durante las campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos
Electorales y las buenas prácticas internacionales.
12. Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la
Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.
13. Dar a conocer qué institución es la responsable de la gestión de
los datos de la plataforma Patria, dónde y cómo se almacenan los datos, quién
tiene acceso a ellos, con qué fines, y cómo solicitar la rectificación de los
datos personales y darse de baja de la base de datos, de acuerdo con el derecho
constitucional de acceso a la información.
14. Abandonar las políticas dirigidas a manipular la conversación
pública en las redes sociales, así como el uso de cuentas institucionales con
fines proselitistas, prácticas que no se ajustan a los estándares
internacionales de libertad de expresión ni a la Constitución y leyes
venezolanas, para que los ciudadanos tengan derecho a formar su opinión libre
de inducciones o injerencias de cualquier tipo, incluso en las redes sociales.
15. Aumentar las capacidades y los recursos humanos necesarios para
que el CNE realice un monitoreo sistemático de las redes sociales, con el fin
de sensibilizar a la población sobre las violaciones de las normas de campaña y
permitir una respuesta judicial adecuada y oportuna.
16. Garantizar la paridad horizontal de género en las candidaturas a
cargos políticos.
17. Llevar a cabo elecciones directas para representantes indígenas,
con base en un registro de votantes indígenas, con una campaña integral de educación
cívica y electoral, y realizadas el mismo día que las de la población general.
18. Llevar a cabo un programa exhaustivo para mejorar las medidas de
inclusión de personas con discapacidad, que incluya el refuerzo de la educación
e información al votante y soluciones técnicas para evitar el voto asistido.
19. Modificar el marco legal para garantizar la libertad de
movimiento y expresión de los observadores, asegurando que los observadores
electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstáculos indebidos.
20. Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su
selección como miembros de mesa con el fin de aumentar la presencia de miembros
de mesa capacitados y acreditados, considerando una combinación de medidas de
incentivos y sanciones.
21. Definir el papel de los coordinadores de los centros de votación
y asegurarse de que están formados para no exceder sus competencias.
22. Proporcionar instrucciones claras y formación a las fuerzas del
Plan República para enfatizar el carácter civil de las elecciones y asegurar
que las fuerzas militares se ciñan a sus funciones sin exceder sus
competencias.
23. Establecer procedimientos y responsabilidades claras para el
control de entrada a los centros de votación y la verificación de acreditaciones,
dirigidas tanto a los coordinadores de centro como a los miembros del Plan
República, con el fin de garantizar que testigos de partidos, observadores y
representantes de medios de comunicación acreditados tengan acceso a los
centros de votación.
Consideramos un paso muy importante la presencia de la Unión Europea
como observador internacional para hacer seguimiento y emitir un informe
independiente e interno sobre el proceso electoral, ya que permitió una
evaluación independiente e imparcial sobre las condiciones electorales que
existen en Venezuela y que no han sido suficientes para considerar que existen
elecciones libres, auténticas y democráticas.
Asimismo, este mecanismo de observación electoral internacional
permitió recibir recomendaciones que sientan un precedente y una base de
exigencia de derechos necesaria para la recuperación de la institución
electoral y los derechos políticos de la ciudadanía.
Fuente MOE UE
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