Por Oscar
Bastidas-Delgado
Cansado estamos de
diagnosticar el país y de ratificar que vamos a peor, también de afirmar que
con militares no se puede ir ni a la esquina y que Maduro depende de ellos.
Cansados también de negar la supuesta guerra económica, es un harakiri o autosuicidio
como diría Carlos Andrés. Concentremos esfuerzos en el qué hacer.
Una situación
preocupante es la mortalidad de las empresas. Venezuela no solo es el país con
el cementerio de cooperativas más grande del mundo (unas 420.000 enterradas),
también lo es de empresas estatizadas fracasadas y de no estatizadas a punto de
cerrar. Se ha vuelto normal recibir noticias como la de más de 400 empresas
cerradas en Sabana Grande y su entorno en los últimos cuatro meses, como normal
es transitar por las calles o visitar centros comerciales y observar las
santamarías bajadas.
Efectivamente, el
gobierno del dúo Chávez – Maduro, es el que en los primeros cinco años percibió
más ingresos que todo el recibido por Venezuela desde Guaicaipuro hasta 1999,
no ha hecho sino improvisar al estilo de Eudomar Santos y colocar en cargos
económicos claves a personas que saben más de dominó que de finanzas para
administrar el BCV y otras que de broma administraron una cantina en un cuartel;
amén de generales vigilando mercados populares y distribuyendo cajas claps
plenas de harina e invisibles perniles, en lugar de evitar el contrabando a
Colombia o vigilar nuestros límites con Guyana. Corolario: ¡Militares a sus
cuarteles!.
Venezuela es un
desierto empresarial, la amplia mayoría de las empresas públicas y todas las
estatizadas están quebradas, comenzando por Pdvsa; se suman las quebradas intencionalmente
por el desgobierno; queda menos de la cuarta parte de las empresas que existían
antes del inicio del dúo. El mamotreto denominado ANC ha formulado una
ingeniería legal interventora de
empresas para eliminar la propiedad privada mediante varias leyes como la de los
consejos productivos que convertirá a los trabajadores oficialistas en simples
espías de las empresas donde laboran; pareciera que, ¡por fin!, el desgobierno
se convenció de que no podía seguir estatizando empresas para quebrarlas y
prefiere monitorearlas mediante sapos antes de hacerlo.
Ante el harakiri gubernamental es inobjetable
que las pocas empresas privadas y las cooperativas que aún funcionan son
necesarias para mantener la dinámica económica en el país. Ellas tienen el reto
de sobrevivir no solo por razones económicas sino éticas y sociales como las
que emanan de la sinergia de los valores del empresariado y los stakeholders o interesados en ellas:
Responsabilidad Social Empresarial (RSE); esa responsabilidad es voluntaria,
nace donde termina la obligación legal, y necesita de libertad para existir
pues los valores no se imponen.
¿Qué pueden hacer los
empresarios y otros stakeholders en
el marco de la RSE?: declararse en emergencia y establecer como objetivos estratégicos
la sobrevivencia de sus empresas y salvar en lo posible todo puesto de trabajo
y el capital invertido. Para ello deben cerrar filas con empleados y otros
interesados; tomar previsiones precisas ante cada función administrativa: producto
y mercado, tecnología y producción, personal, finanzas, lo administrativo –
contable, y las no menos importantes: información y seguridad; establecer
horarios flexibles con base en el tiempo real que cada trabajador necesite para
sus labores; conservar en sus cargos a las personas claves en cuanto a
relaciones con proveedores y clientes.
Una acción clave
contra la hiperinflación sería establecer tiempo libre y equipos para compras
conjuntas que permitan economías de escalas para todos pues los empresarios también
tienen familias. Los grupos de compra son efectivos cuando se realizan para grupos
que integren varias familias, incluyendo trabajadores de empresas cercanas o
relacionadas: ahorros en precios al mayor, en autos y tiempo, tres o cuatro
personas “hacen el mandado colectivo”, realizan las compras en puntos de venta
al mayor y las distribuyen oportunamente. De reducirse
la plantilla, en caso de igualdad de condiciones entre el personal ante
determinado cargo, dar prioridad a las mujeres con mayor carga familiar y luego
a los hombres con la misma condición, para mayores impactos sociales. Las
mujeres aplican mejor sus salarios al hogar y a sus hijos.
Ante
este panorama desolador se debe prestar suma atención a los productores
primarios, a los de las pocas haciendas o granjas que aún quedan, a pesar de
las cuotas de ganado y de vegetales exigidas por ciertos gobernadores para sus
propios intereses, a pesar de las vacunas pagadas en dinero y especies a guardias
nacionales y policías que improvisan puestos de rebusque en cualquier sitio, y
a pesar de no tener los beneficios de la Agroisleña que fue estatizada y caen en
las garras de la empresa paralela montada por militares.
25-01-19
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