Luchadores por los Derechos Humanos (DDHH), vecinos de Caracas, Alianza Ciudadana para la Transformación y Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia se apostaron ante la Defensoría del Pueblo para exigirle a esta institución un pronunciamiento e investigación independiente sobre la denominada masacre de El Junquito donde presuntamente fueron ajusticiados el ex CICPC Óscar Pérez y otras seis personas. Asimismo criticaron que el defensor Alfredo Ruiz tampoco ha emitido opinión acerca de las siete personas que han sido asesinadas en protesta por hambre.
Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó de inaudito que hasta el momento Alfredo Ruiz no haya emitido ningún pronunciamiento ante el ajusticiamiento de siete personas en El Junquito por parte de cuerpos de Seguridad del Estado y colectivos, destacando que los asesinados ya habían expresado su rendición publica y comunicacionalmente. “En este operativo no hubo presencia ni de la Defensoría del Pueblo o del Ministerio Publico, asimismo pueden revisar las redes sociales del organismo donde para ellos esté hecho criminal nunca sucedió”, afirmó.
Rojas comparó este hecho donde fue asesinado Óscar Pérez y sus compañeros con crimines de lesa humanidad de la talla de las masacres de Cantaura, Amparo o el mismo asesinato de Jorge Rodríguez padre. “Estoy seguro que el fallecido presidente Hugo Chávez, quien se rebeló contra un Gobierno democrático y se le respeto la vida, vería con indignación esta masacre. Destacando que hay civiles entre los ajusticiados como es el caso del periodista Daniel Enrique Soto y la enfermera Lisbeth Ramírez, esto es una violación dantesca a los DDHH”.
El luchador por los DDHH recordó también que durante las protestas por hambre iniciadas desde finales del año pasado han sido asesinadas siete personas, entre las cuales destaca la niña embarazada de Antímano, la cual contaba con apenas 18 años y quien recibió un impacto de bala en la cabeza de manos de un Guardia Nacional un 31 de diciembre. “Alfredo Ruiz ha hecho un silencio cómplice ante el homicidio de Alexandra Conopio y muchas otras personas que perdieron la vida solo por salir a la calle a exigir comida, ante esta actuación inmoral lo menos que podría hacer el defensor es poner su cargo a la orden”.
Concluyo exigiendo que a la Defensoría del Pueblo que abra una investigación independiente sobre estos crimines de lesa humanidad, responsabilizando al ministro de Interior Néstor Reverol y al propio Presidente Nicolás Maduro como actores intelectuales al ordenar a los cuerpos de seguridad del Estado comerte delitos de este calibre. “El derecho a la vida no es respetado en Venezuela y este Gobierno está actuando al muy estilo de una dictadura fascista con ejecuciones extrajudiciales”, acotó.
Llevaran todas estas denuncias a instancias internacionales
Por su parte Roland García, coordinador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia región Venezuela, informó que todos estos casos de violación de derechos humanos serán llevados a instancias internacionales, haciendo hincapié que tanto los asesinados en protestas por hambre como los ajusticiados en la masacre de El Junquito son personas menores de 35 años. “Vamos a ir a la OEA, ONU e incluso a la Corte Penal Internacional para hacer justicia, ya que las principales víctimas de este Gobierno dictatorial de Maduros es la juventud Venezolana que terminan asesinada o escapando por el aeropuerto de Maiquetía”.
Mencionó también la grave situación que están viviendo lo más de 200 presos políticos, que ven su vida en peligro tal cual fue el caso de violencia vivido hace 15 días en la Cárcel 26 de Julio donde el hampa común tomó como rehenes a varios detenidos de conciencia amenazando con matarlos. “Llegaremos hasta el final en la lucha por conseguir la libertad de nuestros compañeros como Tonny Real, Rolman Rojas o el diputado Wilmer Azuaje quienes se encuentra en condiciones inhumanas solo por el hecho de disentir del Gobierno de Maduro”, sentenció.
La actividad contó con una fuerte presencia de un equipo antimotines Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que de forma agresiva amenazaron a los voceros de DDHH impidiéndoles acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo.
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