Por Nelson Freitez
La labor de defensa de
derechos humanos en Venezuela se ha convertido en un terreno minado en los
últimos años. Han aumentado los bloqueos, restricciones y riesgos para su
ejercicio por las personas y organizaciones que se dedican a defender derechos
en el país. La materialización de tales amenazas en el año 2020 y su
recrudecimiento a inicios del presente año, constituyen la profundización de
una política sistemática del Estado venezolano.
Un reciente informe del
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha documentado en el año 2020 la
ocurrencia de 303 violaciones al derecho a defender derechos humanos en
Venezuela, relacionadas con obstáculos e impedimentos a las labores de documentación,
denuncia y acompañamiento de víctimas en el contexto del agravamiento de la
emergencia humanitaria que afecta a la sociedad venezolana. Incluso, debe
destacarse que según datos de esta misma organización, en enero del presente
año se intensificaron tales violaciones con 99 ataques a ONG de derechos
humanos y de ayuda humanitaria.
Con respecto a años
anteriores —2018 y 2019— estas agresiones se han incrementado. Un informe de
Cofavic, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional
de Derechos Humanos (FIDH), registró 121 eventos contra la labor de defensores
de derechos, en cuya autoría participaron diversas agencias del Estado, tanto a
través de sus medios de comunicación como mediante la acción de organismos de
seguridad.
Entre las agresiones a la
labor de defensa de derechos destacaron en tales informes, la estigmatización a
través del sistema de medios masivos del Estado; la intimidación y el
hostigamiento tanto a organizaciones como a defensores; amenazas, allanamientos,
detenciones arbitrarias, hasta llegar a la judicialización, tal como ocurrió,
comenzando el año 2021, con los cinco jóvenes de la ONG de Acción Humanitaria
Azul Positivo.
Vale destacar que las
agresiones que presenciamos en la actualidad son el producto de la
implementación de una política de Estado que tiene como punto de partida la
consideración a quienes defienden derechos humanos como «enemigos internos».
Organizaciones y personas
que, dadas sus labores de sistematización de información sobre la emergencia
humanitaria y sus denuncias en el país y en ámbitos internacionales, son
calificadas desde el Estado y el partido de gobierno como «agentes de campañas
de desprestigio» y de «promoción del bloqueo y sanciones» al país.
Desde años anteriores se fue
conformando un entramado jurídico y político que estableció un conjunto de
limitaciones, riesgos y obstáculos para el pleno desarrollo de las actividades
de documentación, denuncia y difusión de situaciones violatorias de los
derechos humanos. Esta arquitectura represiva incluyó desde la posibilidad de
ser sancionados por la recepción de fondos de la cooperación internacional (tal
como estableció desde el 2012 la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la
Autodeterminación Nacional), hasta los múltiples obstáculos que se le presentan
a las organizaciones de derechos humanos para la actualización de sus registros
públicos, violando su derecho a la libertad de asociación.
Basado en la doctrina del
«enemigo interno», tal como lo señala el Centro para los Defensores y la
Justicia (CDJ), «…el Estado venezolano ha implementado una serie de leyes que
han contribuido a restringir el espacio de trabajo para las personas y
organizaciones defensoras de derechos humanos», incluyendo los vigentes
Decretos de Excepción y Emergencia Económica.
En palabras de Gerald
Staberock, secretario general de la OMCT (Organización Mundial Contra la
Tortura) «en los últimos años, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
han constituido un entorno hostil para la defensa de derechos humanos. Leyes
regresivas, impunidad absoluta y la estigmatización como política de Estado
difundidas por los medios de comunicación públicos definen una tormenta
perfecta para el derecho a defender derechos humanos en Venezuela».
En medio de esta «tormenta
perfecta» se encuentra la labor de defensa de derechos humanos hoy en
Venezuela.
La reciente detención,
sometimiento a la jurisdicción militar y excarcelación con medidas de
integrantes de la ONG Azul Positivo ha encendido las alarmas sobre hasta dónde
se está dispuesto a llegar en el bloqueo de la defensa a los derechos humanos.
Y también ha probado la capacidad de presión y defensa de sus derechos del
movimiento nacional de organizaciones de derechos humanos y de su amplio
reconocimiento internacional.
Nelson Freitez Amaro es cooperativista. Sociólogo y
Doctor en Estudios del Desarrollo (Cendes-UCV).
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