Por Eduardo Matute
El régimen que dirige
Nicolás Maduro se enfoca en desarticular a las organizaciones que, desde el
seno de la sociedad venezolana, intentan disminuir las consecuencias de la
crisis humanitaria compleja que vive el país, azotado además por la pandemia
del covid-19. Inició esta tarea mediante la persecución judicial y policial de
organizaciones que trabajan en atender las múltiples emergencias en áreas de la
salud, alimentación y atención a personas de la tercera edad.
Ahora, pretende someter a la
totalidad de las organizaciones civiles existentes en el país mediante la
Providencia Administrativa No. 001-2021, para el Registro Unificado de Sujetos
Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y
Paz.
Este registro exige
información para la vigilancia y supervisión de los fines de las ONG en actas
constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes,
movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras
organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en
delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no
estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por
una ley especial, estableciendo establecer la posibilidad de ilegalización de
la organización e inclusive cárcel, por incumplimiento, para sus directivos.
Las razones para esta
persecución son etéreas, imprecisas. Entre las que señalan está que no saben de
dónde provienen sus ingresos. La realidad es que afectan al régimen su
estrategia de dominación con la cual han provocado esta crisis humanitaria.
Desde el año 2015, el
periodista Luis Carlos Díaz (@luiscarlos) viene documentando la tesis que esta crisis es
instrumentada y aupada desde el poder. Es la manera que entiende el régimen su
forma de gobernar: subyugando y cooptando el ánimo y la gestión popular. De ahí
que el esfuerzo de las organizaciones por construir solidaridad atenta contra
esta intención.
Algo que tienen en común
estas organizaciones es el empoderamiento de sus beneficiarios. No es una
propuesta de atención caritativa, es una construcción de la solidaridad entre
iguales, con la participación de todos, es parte de la manera cómo se enfrentan
los problemas.
El asedio desde el Estado a
estas organizaciones intenta lograr la disminución drástica y bloqueo de sus
fondos e ingresos, la paralización de las actividades, no importándole el costo
humano que acarrea y, por último, la detención e imputación penal de sus
dirigentes.
Mediante una declaración pública, 663 organizaciones han expresado
su inconformidad y rechazo a esta nueva imposición y se declaran en
rebelión civil, expresando alguna de ellas su desacato a esta decisión
gubernamental.
«Esta providencia se
inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las
organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año y sin
duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora, con
el claro propósito de cerrar el espacio cívico, mediante un cerco de severas
restricciones a la sociedad civil para continuar defendiendo los derechos y
prestando la debida asistencia y la protección a la población venezolana», dice
el comunicado.
Formando parte de este
conglomerado de organizaciones, distintas entidades cooperativas han acompañado
esta iniciativa de desacato a una medida inaceptable y que «traería mayores
consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana,
severamente afectada por graves violaciones de derechos humanos, la pandemia
por covid-19 y la emergencia multidimensional que atraviesa el país desde hace
varios años», por lo que se unen en la exigencia de su derogatoria y el fin de
la persecución contra estas organizaciones ciudadana.
Eduardo Matute es cooperativista.
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