Por José Ignacio Hernández
Prodavinci
Los medios de comunicación reflejaron la decisión adoptada el 20 de diciembre de 2017 por la ilegítima y fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por la cual se acuerda la eliminación de la “Alcaldía Metropolitana y la Alcaldía del Alto Apure”.
Trataremos de explicar por qué la ANC no puede eliminar tales entidades, y destaco, además, las consecuencias que se desprenden de esa decisión para el funcionamiento institucional del país.
¿Qué son las Alcaldías Metropolitana de Caracas y del Alto Apure?
La llamada “Alcaldía Metropolitana de Caracas” es, en realidad, un órgano del “Área Metropolitana de Caracas”, unidad político-territorial reconocida en el artículo 18 de la Constitución y regulada en una ley de 2009.
Así, el artículo 18 de la Constitución ordenó la creación de un área metropolitana que integra a los municipios de la ciudad de Caracas, para la mejor coordinación de los asuntos comunes en la ciudad. Para cumplir con ese mandato fue creado en el año 2000 el “Distrito Metropolitano de Caracas”. Sin embargo, luego de la elección de Antonio Ledezma, la entonces Asamblea Nacional decidió eliminar el Distrito Capital y crear, en su lugar, dos entidades: el Distrito Capital, dependiente del Gobierno, y Área Metropolitana de Caracas, cuyas autoridades son de elección popular. El órgano de Gobierno de esa Área es la Alcaldía Metropolitana.
Por su parte, la disposición transitoria tercera de la Constitución ordenó la creación de un régimen especial para los Municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos, del estado Apure. En ejecución de esa norma fue creado mediante ley del año 2000 el Distrito del Alto Apure, cuyo órgano de gobierno es la Alcaldía.
De conformidad con las noticias comentadas, entonces, puede concluirse que la ANC ordenó la eliminación del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure.
La ANC no puede modificar la organización político-territorial de Venezuela.
La ANC no puede alterar la organización político-territorial de Venezuela, y por ello, no puede ordenar la supresión del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure. Hay, al menos, tres razones que lo impiden.
La primera, en la cual hemos venido insistiendo, es que la ANC es un órgano ilegítimo que no puede adoptar ninguna decisión con validez jurídica. Todas las decisiones que adopte la ANC, por ello, son jurídicamente inexistentes y no entrañan, por ello, deber de obediencia.
La segunda razón es que la existencia del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure está garantizada en la Constitución, que es la norma jurídica suprema. Ningún órgano puede, por ello, modificar en decisiones concretas lo dispuesto en la Constitución. Con lo cual, al decidir suprimir al Área Metropolitana de Caracas y al Distrito del Alto Apure, la ANC en realidad pretende derogar a la Constitución de 1999.
La tercera razón es que la eliminación del Área Metropolitana de Caracas y del Distrito del Alto Apure viola los derechos políticos de las autoridades electas para ejercer los cargos de representación popular en esas organizaciones, y viola también los derechos de los electores que eligieron a tales autoridades. Al ordenar suprimir esas entidades, la ANC está desconociendo el mandato popular conferido a las autoridades electas para ejercer los órganos del Poder Ejecutivo y Legislativo de esas dos entidades, lo que constituye una nueva violación a la Carta Democrática Interamericana.
La dictadura de la ANC
La decisión de suprimir el Área Metropolitana de Caracas y el Distrito del Alto Apure recuerda que, técnicamente, la ANC es un órgano dictatorial.
En efecto, al anunciar su decisión, la ANC aludió a su “poder originario”, esto es, un poder absoluto e ilimitado. Es un poder absoluto pues la ANC pretende concentrar todos los poderes del Estado, incluso, para derogar la Constitución de 1999. Es además ilimitado, pues la ANC adopta cualquier decisión en cualquier materia y sin ningún tipo de control. Basta abrir cualquier texto de Derecho Constitucional para comprender que todo poder absoluto e ilimitado es, por definición, un poder dictatorial.
Con lo cual, ningún cargo de elección popular está a salvo con la ANC. Con el mismo “poder originario” empleado para suprimir al Área Metropolitana de Caracas y al Distrito del Alto Apure, la ANC podría suprimir cualquier municipio, estado e incluso, a la propia Asamblea Nacional. Allí está el ejemplo, también, de Juan Pablo Guanipa, Gobernador electo del estado Zulia cuyo mandato fue desconocido por la ANC invocando su “poder originario”.
¿Qué hacer entonces?
La única solución frente a esta situación es abolir a la ANC, pues su sola existencia es incompatible con el Estado de Derecho y con la democracia constitucional. Ni política ni constitucionalmente es posible compatibilizar la ANC con las instituciones reconocidas en la Constitución de 1999, pues el poder absoluto e ilimitado de la ANC le permitiría, en cualquier momento, desconocer cualquier arreglo institucional llamado a lograr esa convivencia.
Mientras la ANC siga ejerciendo su “poder originario”, ninguna institución y ningún ciudadano estarán a salvo en Venezuela.
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