Por Eduardo Matute A.
@edmatute
Frente
a la propuesta presentada por el Plan País, se ha generado una continua
información sobre las consecuencias favorables de una medida destinada a paliar
las circunstancias por las que atraviesa el sector mas débil de la sociedad
venezolana.
Tres
circunstancias obligan a una política de este tipo: 1. El saneamiento de la
economía con medidas de ajuste, no pueden perjudicar a los grupos sociales “que
han sufrido con mayor crudeza, la actual crisis”. 2. “La demanda de cambio
político por parte de la población venezolana están fuertemente vinculadas con
la expectativa de mejorías rápidas y sostenidas en las condiciones de vida”, en
otras palabras, la viabilidad de un nuevo gobierno está directamente vinculada
a un cambio en las condiciones de vida, de manera casi inmediata. Y 3. La
presión que ejercerá el regreso de migrantes, en un eventual cambio de
gobierno, debe ser afrontada con urgencia. (el entrecomillado pertenece al
informe presentado por la investigadora de la UCAB, Lissette González) (1) .
En
el año 1989, el recién constituido gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo que
asumir, sobre la marcha, una política social, destinada a paliar los efectos
del ajuste impulsado en la primera semana de gobierno y como respuesta a los
sucesos de finales de febrero, conocidos como “el caracazo”. En el diseño de
esa política se establecieron medidas de transferencia directa a segmentos
focalizados de la población, que tendían a ser de carácter transitorio, en
aquellos casos que no estimularan organización y condiciones de ingresos
autónomos y otras de carácter permanente que estimulen los esfuerzos positivos
de ingresos y articulación de la población. En los primeros estuvo el subsidio
al transporte colectivo, y en los segundos la institucionalización de los multihogares
de cuidado diario y el financiamiento de las empresas asociativas, ambas
medidas coordinadas bajo el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por la
Socióloga Marisela Padrón Quero. Al ser diseñados con posterioridad a las
medidas de ajuste, su ejecución tardó 10 meses en implementarse, cuestión que
no puede suceder en el momento de una transición.
El
economista Gerver Torres, ha señalado que el gobierno de EEUU, “mantiene 6 programas de transferencias
directas a los más pobres, incluyendo subsidios para alimentos y salud. Estos
son focalizados, condicionados y temporales”. No sólo en Estados Unidos, hay por
lo menos, 3 casos estudiados en América Latina, considerados como exitosos:
Bolivia, República Dominicana y Costa Rica. Bolivia, a partir del 2006, “implementó
un programa de transferencia monetaria condicionada no focalizado en todo el
país que entrega transferencias a los hogares de niños en edad escolar,
condicionadas a la asistencia escolar. El programa aumentó la probabilidad de
trabajar y el número de horas de trabajo semanales de las madres de los niños
elegibles, fundamentalmente en zonas con acceso limitado a los servicios
financieros formales. El programa permitió a las madres de los niños elegibles
trabajar más dado que utilizaban las transferencias para comenzar o ampliar
pequeños negocios” (2). “Un programa de transferencia monetaria
condicionada en la República Dominicana ofrecía una oportunidad para
aleatorizar la entrada de 61 empresas en 72 mercados y estudiar los efectos del
aumento de la competencia en los precios y en la calidad del servicio para los
beneficiarios del programa. Seis meses después de la intervención, la entrada
en el mercado produjo una disminución de los precios y una mejora de la calidad
del servicio referida por los propios consumidores”. (3). En Costa Rica, el
IMAS, con contribuciones directas de la Seguridad Social, mantiene programas de
apoyo temporal a las madres de familia, que envíen a sus hijos a las escuelas
públicas, con estímulo a la creación de autoempleos en cooperativas de
producción.
En el
escenario de una transición, siguiendo a la investigadora L. González, es
elemental considerar que la política social “tendrá que formar parte de la estrategia central de
consolidación del nuevo gobierno”, y en principio deberá considerar 1)
subsidios directos que garanticen el consumo básico de la población empobrecida
por el contexto hiperinflacionario 2) programas de recuperación nutricional
para la población más vulnerable y en riesgo nutricional.
En el primer programa, “dado el empobrecimiento
generalizado de la población venezolana de los últimos años, establecer
mecanismos sofisticados de focalización no sería tan importante como la rapidez
en la entrega del subsidio”, en tanto que en el segundo “Los programas de
recuperación nutricional de la población más afectada por la crisis son
indispensables para garantizar que puedan superar el daño que han sufrido y,
sobre todo en la población infantil, dar alguna posibilidad de desarrollo
futuro”.
Existen experiencias locales y en otras
latitudes que den soporte a esta política social, de inmediata aplicación en un
gobierno de transición.
(1) “El Desafío venezolano III: la
consolidación de una transición democrática” (UCAB 2018)
(2) ¿Pueden los programas de transferencia
monetaria aumentar el empleo? Vera-Cossio, Diego A. (BID 2019)
(3) ¿Cómo afecta el aumento de la competencia a
los precios y la calidad en el sector minorista? Busso Matías, Galiani
Sebastián (BID 2019)
(4) El agradecimiento al esfuerzo de síntesis
de Douglas Barrios (@dougbarrios) y Enderson Sequera (@endsequera), sobre los
cuales basé este artículo
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