Por Carlos Rodríguez
Sorpresivamente, si se
quiere, una de las primeras voceras del madurismo anunció la propuesta para que
los municipios Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo del estado Miranda pasaran a
ser absorbidos por el Distrito Capital. Si fue una “declaración” para
trasladar el centro del debate que se está dando en el Área Metropolitana
—sobre la grave crisis de los servicios públicos, la infame calidad de vida que
soportan sus habitantes, la poca movilidad de los costosos servicios de
transporte, la mala y casi inexistente educación pública—, creo que, en parte,
la antes llamada “princesa del Guaire” logró la tarea que se planteó.
Una sociedad –aún
democrática– en vez de estar exigiendo este tipo de declaraciones infelices,
más bien está ávida de que se supere la opacidad de lo ocurrido con la “masacre de La Vega”. Así
la llaman ya expertos criminólogos y medios internacionales. Murieron más de 30
de sus habitantes, de los cuales no todos eran maleantes o delincuentes como
los han calificado los voceros de las FAES y del Ministerio del Interior.
Deberá tomarse como
referente la valiente denuncia que hizo sobre este lamentable e impune hecho de
sangre, el conocido y respetado párroco de La Vega, Alfredo Infante, quien
afirmó –por denuncia de sus feligreses– que más de cinco de los asesinados eran
gente honesta y querida de la barriada; por lo tanto, no eran miembros de
bandas ni aguantadores sino, simplemente, habitantes de esta humilde y populosa
parroquia.
Al parecer, su “crimen”
fue vivir en este espacio geográfico, en esta supuesta “zona de paz” donde la
ley no impera, no existe.
Una consecuencia
positiva –derivada del absurdo anuncio de la impuesta jefa de gobierno del
Distrito Capital– ha sido las declaraciones de los alcaldes —electos
democráticamente— de los municipios Chacao (Gustavo Duque), Baruta (Darwin
González), El Hatillo (Elías Sayegh), así como del alcalde del Municipio Los
Salías (Josy Fernández), quienes unidos han rechazado la pretensión de
desmembrar el territorio del estado Miranda. Por el contrario, con apoyo de los
vecinos —han convocado foros y asambleas públicas— exigen se recupere el
Distrito Metropolitano de Caracas, con su alcalde y Cabildo.
Esa es la solución
constitucional y legal aprobada por la Constituyente de 1999 para la
coordinación de políticas públicas, en el espacio urbano del valle de Caracas,
con gobierno municipales a dos niveles, alternativa válida, democrática, que
fue alterada por el brutal decreto de la ilegal Constituyente, en 2018, que lo
eliminó, poniendo en la calle a más de sus 50 mil trabajadores caraqueños.
En hora buena la justa
reacción de nuestros queridos alcaldes de los municipios del Área Metropolitana
de Caracas.
Estamos de nuevo ante
una auspiciosa lid por los derechos democráticos para alcanzar alternativas de
un gobierno metropolitano en consulta con los vecinos y otros actores: iglesia,
empresarios, trabajadores, expertos urbanistas y juristas constitucionalistas,
historiadores y cronistas municipales; que abra camino al territorio del
“valle de los toromainas”, a nuestro hermoso y vital espacio territorial donde
habitamos más de seis millones de venezolanos.
Al terminar estas
reflexiones, fui informado de la destitución de Jaqueline Faría. Al parecer,
sus destempladas declaraciones no fueron consultadas con la cúpula del gobierno
madurista. Debemos seguir discutiendo sobre tan significativo tema. La
propuesta de la “zarina” fue a parar al Guaire, tradicional río caraqueño.
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